El 48% de las fuerzas políticas del Parlamento Europeo pide al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, intervención directa en el conflicto para detener los sondeos
{mosimage}SB-Noticias.- Representantes de administraciones públicas y de organizaciones sociales, empresariales y políticas exigieron hoy frente al Congreso de los Diputados que Repsol y el Gobierno de España abandonen de inmediato sus pretensiones petroleras en las islas.
En el acto se ha recordado que, además del Parlamento y del Gobierno de Canarias, y de seis de los siete Cabildos insulares, son ya veinticuatro fuerzas políticas españolas y treinta y tres de veinte países de la Unión Europea los que se suman a día de hoy a esta reivindicación, además de operadores turísticos internacionales, pescadores artesanales, científicos de la UE y EEUU, entidades culturales canarias, y las ONG´s de defensa ambiental más relevantes del mundo.
Con la presencia del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero; del vicepresidente primero del Cabildo de Lanzarote, Joaquín, Caraballo; y de la consejera del Cabildo de Fuerteventura, Edilia Pérez, en el acto se reclamó una vez más la paralización inmediata y definitiva de las prospecciones de Repsol en Canarias, denunciando la inminencia de unas perforaciones que no solo son frontalmente rechazadas por la mayoría de la sociedad canaria y española, sino que ponen en serio riesgo los intereses más vitales de la sociedad canaria.
El pasado 13 de agosto, el Gobierno de España otorgó la autorización definitiva a Repsol para perforar tres pozos a 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura en busca de yacimientos hidrocarburos. Las catas se pretenden efectuar por la petrolera a finales del mes de octubre o principios de noviembre, en un lecho oceánico de frecuente actividad sísmica y a profundidades de 3.000, 3.170 y 6.900 metros.
Defensa del interés privado
La decisión del Gobierno español supone para las máximas instituciones públicas canarias, y para fuerzas políticas y sociales y de todo el mundo, la imposición por parte del Estado de una decisión política en la que prevalece la defensa del interés privado de una petrolera frente a los intereses generales de una población de más de dos millones de personas.
Fue el anterior ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien tramitó todo el expediente en favor de Repsol, donde los criterios técnicos fueron supeditados por los políticos, y sin ningún reparo personal en ser propietario de acciones de dos empresas petroleras que vende hace dos semanas por entender que su designación como Comisario de Energía y Acción por el Clima en la UE representa un “conflicto de intereses”.
El acto celebrado esta mañana en Madrid demuestra que la resistencia contra el proyecto de Repsol no ha dejado de incrementarse progresivamente desde 2012 en todos los ámbitos sociales y políticos, empresariales y científicos, y tanto en España como fuera de ella.
Una clara muestra de la internacionalización de este conflicto generado por Repsol y el PP, se plasma en la reciente creación de un amplio grupo de fuerzas europarlamentarias promovido el pasado mes de julio por la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote.
Nuevas adhesiones de rechazo
Hasta la fecha, el citado grupo no solo se ha consolidado sino que continúa recabando nuevas adhesiones de parlamentarios de fuerzas políticas y países diferentes. De hecho, 76 eurodiputados de 33 partidos políticos de 20 estados miembros de la Unión Europea han suscrito un manifiesto exigiendo a Repsol la retirada del proyecto y a España la denegación de las autorizaciones.
Y fruto de las dinámicas emprendidas, el 48% de las fuerzas parlamentarias representadas en la eurocámara (socialdemócratas, verdes, demócratas liberales e Izquierda Unitaria) dirigieron el pasado 30 de septiembre un escrito al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidiendo una audiencia urgente para que Europa investigue las autorizaciones y emita un dictamen antes de que la petrolera empiece a perforar frente a las principales playas y núcleos turísticos de Lanzarote y Fuerteventura.
En junio pasado, la iniciativa “savecanarias.org” (una página web constituida por organizaciones españolas e internacionales unidas contra el proyecto de Repsol) alcanzó 200.000 firmas recopiladas desde 183 países de los cinco continentes. Las firmas fueron entregadas en la sede central de la petrolera en Madrid por portavoces de WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción SEO/Birdlife, y representantes de instituciones públicas canarias.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno de España a estas reclamaciones continúa siendo la misma que la constatada desde el 16 de marzo de 2012 -cuando un Consejo de Ministros aprueba la autorización a Repsol (547/2012, de 16 de marzo)-; es decir, un apoyo férreo a Repsol desoyendo el clamor social proveniente de Canarias, del resto de España y de que otros países del mundo.
Movilización ciudadana el 18 de octubre
Por ello, y tras haberse registrado este mismo año 2014 las manifestaciones más concurridas de la historia del Archipiélago, la población prepara una nueva y masiva movilización para el próximo sábado 18 de octubre, a un mes de la consulta popular aprobada por el Gobierno de Canarias sobre este conflicto, como ya sucediera el pasado 8 de junio cuando más de 200.0000 personas se echaron a la calle en todas las islas para expresar su contundente rechazo a las prospecciones.
El Cabildo de Lanzarote desea incidir de forma especial en que, de hallarse hidrocarburos en las islas, los beneficios de su explotación irían destinados de forma exclusiva a Repsol, pero el Archipiélago asumiría los riesgos y los impactos. Se recuerda además que el ministro Soria autorizó a Repsol el inicio de las catas “exigiendo” a la petrolera un seguro de apenas 60 millones de euros para cubrir los daños en caso de accidentes.
La petrolera Bristih Petroleum fue condenada este año 2014 a pagar más de 14.000 millones de euros por la contaminación provocada en 2010 por una sola de sus plataformas en el Golfo de México, por lo que una póliza de 60 millones para unas operaciones en Canarias de muy similares características a las del Golfo de México, representa otra grave irresponsabilidad en el ámbito de la tutela social por parte del Gobierno español.
En caso de que Repsol provocara un accidente de relevancia en las islas, serían los contribuyentes españoles quienes pagarían los costes a partir de la cuantía del actual seguro, de la misma forma que será la ciudadanía española quien deberá pagar más de 7.000 millones de euros a una empresa privada por su fracaso en las operaciones gasísticas de la Plataforma Castor, frente a las costas de Castellón y Tarragona.