El nuevo Estado celebraría sus primeras elecciones en mayo de ese año y se dotaría de una Constitución escrita
{mosimage}La victoria del 'sí' en el referéndum del 18 de septiembre no significará automáticamente la independencia de Escocia, sino que los escoceses deberán esperar hasta el 24 de marzo de 2016 para ver hecho realidad su sueño de acabar con la unión forjada con Inglaterra en 1707.
En la mañana del 19 de septiembre, una vez que se conozcan los resultados oficiales de la consulta, arrancará el complicado proceso de negociar con Londres la devolución de las competencias que aún no han sido transferidas al Parlamento escocés, como la recaudación de impuestos, la gestión de los ingresos por petróleo o la presencia de bases militares, entre otros.
Salmond tiene particular interés en negociar la retirada del 'Trident', el sistema de disuasión nuclear británico compuesto por cuatro submarinos y que tiene su base en Escocia, un asunto que se antoja peliagudo, ya que habría que buscar otro emplazamiento, además de los elevados costes que supondría, por lo que Londres se ha mostrado reticente hasta ahora.
Precisamente esta complejidad convierte a la salida del 'Trident' de Escocia en una de las mejores monedas de cambio de que gozaría Salmond para negociar la independencia. En todo caso, desde su Gobierno han dejado claro que no hace falta que todos los asuntos hayan quedado resueltos antes de la independencia propiamente dicha, sino que podrían terminar de cerrarse una vez que ésta se haya producido.
En todo caso, desde la campaña por el 'sí', afirman que el plazo de 18 meses que se ha dado Salmond entre la celebración del referéndum y la independencia propiamente dicha es suficiente, ya que los 30 países que desde 1945 que se han independizado a través de consultas populares han tardado unos quince meses en concretarlo.
La negociación con Londres estará encabezada por el Gobierno escocés, si bien ya ha manifestado su deseo de que haya participación de la sociedad civil.
Por otra parte, conocedores de que Escocia deberá solicitar su entrada en la UE si abandona Reino Unido, Salmond prevé iniciar las negociaciones ya antes de que se produzca la independencia, con el objetivo de poder acelerar los plazos.
Dado que Escocia actualmente es miembro de la UE, el Gobierno de Salmond considera que las negociaciones de adhesión deberían ser rápidas, entre otras cosas también porque cree que dados los "inmensos recursos" de que dispone el territorio supone un beneficio para ambas partes.
Además, "la velocidad a la que Europa respondió a la Reunificación Alemana demuestra que puede evolucionar rápidamente ante nuevas situaciones", defiende el Gobierno escocés, a sabiendas de que la entrada en la UE depende del visto bueno de los 28 estados miembro y algunos, como España, podrían oponerse.
La elección de la fecha del 24 de marzo de 2016 garantiza que el 5 de mayo de 2016 se celebren las primeras elecciones del Parlamento independiente. Entre la fecha del referéndum y el día de la independencia se constituirá una "plataforma constitucional" encargada de establecer las bases de los poderes que tendrán el Gobierno y el Parlamento escocés a partir de la independencia.
Esta plataforma se encargará de hacer todos los preparativos financieros y legales para que el nuevo Estado pueda funcionar a partir del 24 de marzo de 2016, entre otros, conferirá los poderes al Parlamento escocés para declarar la independencia en nombre del pueblo de Escocia.
A partir del día de la independencia, estará en vigor una Constitución interina, que ofrecerá la base legal para que el Gobierno pueda funcionar hasta la elaboración de la Constitución escrita de la que Escocia quiere dotarse.
Dicha Constitución supondrá una clara diferenciación con Reino Unido, el único país de la UE que no cuenta con una Carta Magna escrita, y, según argumenta el Gobierno escocés, permitirá mejorar la transparencia y salvaguardar la democracia y el Estado de Derecho.
La Constitución no se redactará hasta que Escocia sea independiente porque se quiere que en su elaboración participe la sociedad civil, haciendo sus aportaciones, si bien será una Convención Constitucional, designada por el nuevo Parlamento independiente, la encargada de redactarla.