{mosimage}La abogada general del Estado, Marta Silva, ha registrado este lunes ante el Tribunal Constitucional los dos recursos del Gobierno contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 9 de noviembre.
El artículo 161.2 de la Constitución establece que la impugnación del Gobierno producirá la suspensión de la disposición o resolución autonómica recurrida y que el TC puede ratificar o levantar esa suspensión en un plazo de cinco meses. Así, una vez que el TC admita las demandas del Gobierno, dará traslado de las mismas al Congreso y al Senado y a la comunidad autónoma para que se persone y formule alegaciones en quince días.
El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional también le permite adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para preservar su jurisdicción, "incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben".
Mientras tanto, el artículo 92 establece que este órgano puede "declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó".
La Ley catalana de consultas no refrendatarias y de participación ciudadana fue aprobada en un pleno extraordinario con un único punto orden del día convocado en el Parlamento catalán y salió adelante con 106 votos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP y el diputado no adscrito Joan Ignasi Elena, mientras que PP y C's votaron en contra.
El TC no se pronunciará en un primer momento sobre el fondo de la cuestión. En otras ocasiones, ha analizado la validez de convocar una consulta por parte de una comunidad autónoma.
La última vez tuvo lugar el 25 de marzo de 2013, cuando anuló la declaración soberanista que había aprobado el Parlamento catalán y afirmó que en el marco de la Constitución una comunidad "no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España".
En septiembre de 2008, el alto tribunal rechazó también la consulta planteada por el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe y avalada por la mayoría del Parlamento vasco por vulnerar el artículo 149.1.32 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva de autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
El consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha afirmado este lunes que aunque el Tribunal Cons suspenda la convocatoria y la Ley de Consultas de forma cautelar, el Govern presentará alegaciones y seguirá trabajando en la organización del 9N.
Eso sí, ha asegurado el Govern hará "un equilibrio para no poner en riesgo a los funcionarios" y los empleados públicos que participen en las labores logísticas y de organización de la consulta del 9N.
Homs se ha expresado así en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, días después que el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) José María Mena, afirmase que, una vez se suspenda la Ley de Consultas, los cargos públicos que trabajen para el 9N podrían ser juzgados y condenados.
Al igual que hasta ahora no han tenido problemas los empleados públicos que han trabajado en la organización de la consulta –entre ellos los técnicos del área de procesos electorales de la Conselleria de Gobernación–, lo mismo va a seguir ocurriendo en los próximos meses, ha dicho.
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"Ha habido semanas de trabajo y de trabajo muy intenso y bien que se ha podido hacer", ha agregado el conseller, que ha dicho que en ningún momento el Govern pondrá a sus empleados ante la tesitura de tener que elegir entre cumplir o no la ley.
"Tenemos que procurar que los actos preparatorios –del 9N– no se utilicen por el Gobierno español para actuar en contra de nuestros funcionarios", ha agregado el conseller.
Y ha recalcado que, aunque el TC suspenda la consulta, la Generalitat no se quedará "con los brazos cruzados". Para Homs, no se trata de un debate jurídico, sino estrictamente político, y ha considerado que el Estado pone la ley como excusa.
"Hoy estamos ante uno de los errores más grandes de la democracia española por parte del Gobierno", ha dicho, que ha asegurado que el debate soberanista catalán no se terminará únicamente con suspender la consulta.
En su opinión, con esta actitud, lo único que está logrando el Gobierno de Mariano Rajoy es que crezcan los partidarios de la secesión en Cataluña, así que ha instado al Ejecutivo central a tener altura de miras y no actuar pensando en lo que maximiza las perspectivas electorales del PP.