Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria
{mosimage}Durante muchos años nos han repetido una y otra vez que lo privado siempre funciona mejor que lo público y que lo público es ineficiente y costoso. La repetición permanente de la misma cantinela ha servido para justificar innumerables privatizaciones de servicios públicos. Sin embargo, hoy la evidencia disponible nos muestra muchos casos en los que recuperar lo público nos proporcionaría más recursos, menos despilfarro y mayor eficiencia.
Así, por ejemplo, el informe de fiscalización del sector público local que realizó el Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio de 2011, muestra que el servicio de limpieza viaria municipal es un 71% más caro si lo gestiona una empresa privada que si lo presta la administración directamente. En el caso de la recogida de residuos sólidos urbanos, el coste medio por habitante es de 42.5 euros cuando lo gestionan los ayuntamientos y de 53.9 euros cuando se encomienda a una empresa privada. Por eso, cuando la ciudad de León recuperó la titularidad municipal de los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras el ahorro fue de casi 8 millones de euros al año.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tuvo que poner fin a la gestión privada e ilegal del cobro de impuestos en período voluntario y, según el concejal de Hacienda del municipio, el retorno a la gestión pública supondrá un ahorro de 2 millones de euros anuales para la ciudad. Nadie ha exigido responsabilidades por el despilfarro que han supuesto 21 años de gestión privatizada del servicio.
Tampoco han quedado claros los motivos por los que el Gobierno de Canarias abona 15.7 millones de euros al año a la empresa concesionaria del servicio del 012, pues en Madrid ese mismo servicio se presta por 6 millones de euros, en Cataluña por 9.3 millones y, obviamente, no hace falta decir que atienden a una población mucho mayor en los dos últimos casos.
Cuando un servicio público tiene un funcionamiento deficiente siempre aparecen los voceros de la privatización como solución infalible. Sin embargo, cuando un servicio privatizado funciona deficientemente rara vez se plantea la necesidad de que vuelva a manos públicas. Y es que, por desgracia, hay políticos que usan la confianza depositada en ellos para beneficio de algunas empresas a costa del interés público. Y esto es corrupción, tanto si es legal como si no.
En Las Palmas de Gran canaria, la empresa concesionaria del mantenimiento de soportes publicitarios ha visto cómo el Ayuntamiento le ha perdonado el pago de 2.5 millones de euros, correspondientes a 2012 y 2013, y, además, le ha rebajado el canon que debe abonar al municipio. El informe de Intervención señaló que la reducción del canon “no parece responder al interés público”, sino “más bien al interés particular del concesionario”.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria multó a la empresa responsable del mantenimiento de parques y jardines por facturar horas de trabajo de más y por otros incumplimientos. Es más, la empresa que, con anterioridad, se ocupaba de las mismas funciones fue requerida en 446 ocasiones, durante el mandato de Jerónimo Saavedra, por incumplir lo acordado. Y, en 2008, el entonces edil de Desarrollo Sostenible acusó a las concesionarias de facturar 1.4 millones de euros por el supuesto cuidado de unos jardines que, al parecer, nunca fueron atendidos.
En abril de 2014, miles de vecinos del Puerto de la Cruz habían sufrido 79 días sin agua potable, a lo largo de dos años, a causa de la mala gestión de la empresa concesionaria del agua. Por su parte, el Ayuntamiento de Candelaria fue condenado a pagar 2.3 millones de euros a la empresa del agua por no haber subido los precios. En Santa Cruz de Tenerife, la privatización del agua ha ido acompañada de incumplimientos en las inversiones acordadas, subidas del precio del agua, despidos y deterioro de las condiciones salariales y judicialización de la gestión.
Por su parte, la gestión privatizada del agua en Las Palmas de Gran Canaria ha pretendido que de los bolsillos de la ciudadanía salieran 31.5 millones de euros para alquilar una sede, durante 35 años, valorada en 11 millones de euros. Se han cobrado varios millones de euros de más a los vecinos por depuraciones no efectuadas, ha habido pagos desorbitados a algunos directivos y se ha judicializado una parte de la actividad.
Los hechos muestran que los ayuntamientos deben recuperar actividades privatizadas para evitar despilfarros, corrupción e ineficiencias, para contar con más recursos económicos y para evitar la destrucción de empleo y la precarización de los puestos de trabajo privatizados. También para evitar “éxitos empresariales” que no se explicarían sin donaciones a partidos políticos, que inducen el favor del gobernante y generan una competencia desleal que excluye a la mayoría de empresarios honestos. Hoy no es creíble una verdadera regeneración democrática que no ponga fin a tantos abusos privatizadores y, a la vez, recupere el protagonismo de lo público cuando genera más bienestar y más eficiencia.