{mosimage}SB-Noticias.- El Comité de empresa del Instituto de Atención Social y SocioSanitaria del Cabildo Insular de Tenerife, ha denunciado como fraudulenta la concesión, en el Centro Sociosanitario del Norte de Tenerife, de la atención a pacientes crónicos a la empresa privada Aeromédica. Esta empresa se hace con la adjudicación, sin inversión alguna y además recibiendo el correspondiente precio por plaza ocupada y también el 80% del mismo por plaza reservada no ocupada.
Lo señalado es una evidente manifestación del principio practicado sobradamente por los gestores del tripartito partidario que gobierna las instituciones canarias en sus diversas combinaciones, CC-PSOE-PP, y que cuenta también con algunos colaboradores necesarios en diversos casos: el lucro como base de la atención sociosanitaria a pacientes crónicos, ya sea desde los Cabildos o desde el Gobierno autonómico.
Por resolución de 7 de abril de 2014, publicada en el BOC el 9 de abril, "se efectúa delegación de competencias de contratación de los conciertos sociosanitarios con entidades privadas", cediendo la Dirección General de Dependencia de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda su responsabilidad en la provisión de servicios, que establece la Ley de Dependencia, y dándole carta blanca a la Consejería de Sanidad para el establecimiento pleno en Canarias de la atención sociosanitaria lucrativa privada a pacientes crónicos del Servicio Canario de la Salud.
Esta es su alternativa tras culpabilizar Paulino Rivero a las familias de dejar a sus familiares en los hospitales de Canarias, ocupando camas públicas de agudos con los consiguientes gastos para el SCS, y, sobre todo, perjudicando el negocio de las camas en centros privados ocupadas por pacientes crónicos del SCS. El objetivo, en este caso, es la concertación con dinero público de camas privadas a las que además, conforme a la legislación impulsada por el gobierno central del PP, se les aplicará el régimen de copagos.
Ante esta medida nos tenemos que preguntar, ¿y la teórica atención domiciliaria, contemplada en la cartera de servicios del SCS? ¿y la necesaria priorización de centros sociosanitarios públicos que con ocasión del colapso de las urgencias hospitalarias se ha anunciado asegurando incluso inversiones en el centros sociosanitarios públicos del Norte de Tenerife?. Simplemente declaraciones para salir del paso, la privatización de la atención sociosanitaria es la única respuesta de la que son capaces los gestores neoliberales de CC y PSOE, continuación del mismo modelo de privatización que llevan años desarrollando para la sanidad pública y que ya ha convertido al SCS en el segundo sistema de sanidad autonómico, detrás del catalán, con más desviación de fondos públicos a la sanidad lucrativa privada.
Por otro lado es escandaloso que, por el contrario, los únicos hospitales de crónicos existentes que además reciben el nombre de hospitales de apoyo al área de salud, en manos de los Cabildos y no del SCS como debería ser, tengan unas tremendas y sangrantes deficiencias médicas y de cuidados a las personas que residen en ellos y que han denunciado reiteradamente familiares y trabajadores de los mismos.
Estos hospitales públicos deben ser integrados en el Servicio Canario de la Salud y convenientemente dotados de medios materiales y humanos. La atención sociosanitaria es fundamental para poder garantizar una atención integral de las personas dependientes, y para ello se precisa la continuidad entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, tanto para la gran dependencia como para menores grados de esta en los que el problema de la cronicidad sólo se puede resolver en un marco de construcción de redes de cuidados en la comunidad que centren su atención en la persona sin alejarla de su medio habitual. Pero es de sobra conocida la muy deficiente aplicación por parte del Gobierno de Canarias de la citada Ley de Dependencia, con la consiguiente situación de máxima precariedad para las posibilidades que dicha Ley establece para las personas dependientes.
Por todo ello, exigimos que el gobierno de Canarias y los Cabildos ofrezcan recursos públicos y no las concertaciones con entidades privadas para las que, ante el hecho consumado de su actual existencia, reclamamos controles e inspecciones rigurosas tanto en la adjudicación como en el seguimiento de su actividad.