La inmensa mayoría de las renovadas continúan pendientes de cobrar
{mosimage}SB-Noticias.– Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, criticó hoy duramente la lentitud de la Dirección General de Bienestar del Gobierno de Canarias en el pago de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), de la que dependen cientos de familias sin recursos en la capital tinerfeña, pese a que el Ejecutivo dispone de una nueva partida de tres millones de euros para tal fin.
La concejala de Atención Social y presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Alicia Álvarez, dijo hoy, cuestionada por Frías en el turno de ruegos y preguntas del Consejo Rector de este organismo, que el Gobierno canario dispone de ese dinero y que el Ejecutivo le confirmó que la inmensa mayoría de las personas que han renovado su derecho a percibir la PCI en los últimos meses no cobrarían en julio, sino en agosto. “La única realidad –dijo Frías al respecto– es que a día de hoy siguen esperando por esta ayuda, fundamental para su subsistencia”.
En el transcurso del Consejo Rector y tras las quejas recibidas en estas últimas semanas por parte de varias usuarias, Frías volvió a constatar el estado caótico en el que se encuentra la gestión de la PCI, debido sobre todo a que este no es un asunto prioritario para las administraciones y, en particular, para el Gobierno de Canarias. “No se entiende –dijo la concejala– que el Ejecutivo se amparase hace unos meses en que se les había terminado el presupuesto para todo el ejercicio, y ahora que anuncia que dispone de otros tres millones nos encontremos con que hay familias que renovaron la PCI hace meses y siguen sin cobrar”.
Además, sigue habiendo alrededor de 500 familias en lista de espera para poder pedir la PCI en el municipio y, de las solicitudes que sí se han podido tramitar por parte del Ayuntamiento, hay cientos de expedientes sin resolver en la Dirección General de Bienestar Social. Por si esto fuera poco, la mayoría de las Unidades de Trabajo Social (UTS) del municipio no tienen tiempo para poder realizar el apoyo a la integración social vinculada a la ayuda, por lo que no se está favoreciendo la integración laboral, que es el objetivo último de la ley que regula la PCI.
Renta básica
“Una vez más –denunció Frías– se demuestra que la lucha contra la pobreza no es un asunto importante para nuestros gobernantes; por ello seguimos exigiendo al Estado y al Gobierno de Canarias un sistema de garantía de rentas que asegure a las personas la satisfacción de sus necesidades desde la autonomía y la dignidad”.
Ante los elevados niveles de pobreza y desempleo, en lugar de adelgazar el Estado Social se debe reafirmar que la razón de ser de los gobiernos es garantizar el bienestar de la ciudadanía y no de los mercados, indicó la concejala. Para ello, Sí se puede ha venido proponiendo en los últimos años una batería de medidas, como la promoción de procesos de autogestión ciudadana y la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, por lo que la organización está apoyando actualmente a los colectivos que tramitan una Iniciativa Legislativa Popular al respecto.
En el transcurso del Consejo Rector y tras las quejas recibidas en estas últimas semanas por parte de varias usuarias, Frías volvió a constatar el estado caótico en el que se encuentra la gestión de la PCI, debido sobre todo a que este no es un asunto prioritario para las administraciones y, en particular, para el Gobierno de Canarias. “No se entiende –dijo la concejala– que el Ejecutivo se amparase hace unos meses en que se les había terminado el presupuesto para todo el ejercicio, y ahora que anuncia que dispone de otros tres millones nos encontremos con que hay familias que renovaron la PCI hace meses y siguen sin cobrar”.
Además, sigue habiendo alrededor de 500 familias en lista de espera para poder pedir la PCI en el municipio y, de las solicitudes que sí se han podido tramitar por parte del Ayuntamiento, hay cientos de expedientes sin resolver en la Dirección General de Bienestar Social. Por si esto fuera poco, la mayoría de las Unidades de Trabajo Social (UTS) del municipio no tienen tiempo para poder realizar el apoyo a la integración social vinculada a la ayuda, por lo que no se está favoreciendo la integración laboral, que es el objetivo último de la ley que regula la PCI.
Renta básica
“Una vez más –denunció Frías– se demuestra que la lucha contra la pobreza no es un asunto importante para nuestros gobernantes; por ello seguimos exigiendo al Estado y al Gobierno de Canarias un sistema de garantía de rentas que asegure a las personas la satisfacción de sus necesidades desde la autonomía y la dignidad”.
Ante los elevados niveles de pobreza y desempleo, en lugar de adelgazar el Estado Social se debe reafirmar que la razón de ser de los gobiernos es garantizar el bienestar de la ciudadanía y no de los mercados, indicó la concejala. Para ello, Sí se puede ha venido proponiendo en los últimos años una batería de medidas, como la promoción de procesos de autogestión ciudadana y la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, por lo que la organización está apoyando actualmente a los colectivos que tramitan una Iniciativa Legislativa Popular al respecto.