Eligio Hernández
{mosimage}En la dura réplica que hice a las manifestaciones de Carmen Delia sobre mi conducta personal y profesional mencioné a “Justicia y Sociedad” , pero no la asimilé a los “abogados justicieros”, expresión que utilicé en referencia a otros abogados que no quise identificar.
Me limité a recordar que dicha Asociación ejerció la acusación pública en la causa seguida durante doce años contra el histórico militante de izquierda socialista Carmelo Padrón, en la que fue absuelto, de la misma forma que también ha ejercido la acusación pública en la causa del ICFEM seguida durante 17 años, a la espera de sentencia, contra los militantes comunistas Diego León y Aurelio Ayala, y contra los históricos militantes sindicalistas del cristianismo progresista Paco Zumaquero y Victor Díaz. Dichas causas han eliminado políticamente a estos militantes de izquierda y, por decirlo con palabras de Alonso Martínez, ellos y sus familias “han quedado marcados por el “estigma del deshonor”, y no podrán ser resarcidosde las vejaciones producidas en tan dilatado período, que le han dejado por todo el resto de su vida en situación incómoda y deshonrosa(Exp.M.LECRIM)”. No he criticado nunca a “Justicia y Sociedad”, por la exclusiva razón del respeto que me merece J.Manuel Rivero, de cuya honestidad personal e intelectual no tengo la menor duda.He valorado positivamente la gran aportación que hizo en el juicio del ICFEM, destacando,nada más empezar, las dilaciones indebidas en la instrucción, que el día que los tribunales, en lugar de apreciarla como atenuante en las instrucciones que duren más de diez años, estimen la nulidad del procedimiento por vulneración del derecho fundamental a un proceso por dilaciones indebidas contemplado en el art.24.2 de la Constitución, se habrá dado un paso de gigante en la eficacia de la Justicia.
Ninguna de las acusaciones y críticas que se me han hecho en mi ya dilatada vida profesional y política, me ha dolido tan profundamente como esta de Carmen Delia: “Las personas que hemos tenido tanta estima por esos esfuerzos, no en vano es uno de los principales valedores de la Fundación Juan Negrín, a veces pensamos si puede que se esté dando el caso de que trate de asociar su nombre junto a personajes históricos del Socialismo, para que ese brillo impida que veamos ese lado extraño que lo empuja a ayudar a personajes como Zerolo”.
Me he dedicado, desde que a mis doce años mi maestro José Padrón Machín me habló, a escondidas, del Dr.Negrin, a reivindicar y a hacer justicia histórica, en la clandestinidad y desde la transición, al ilustre estadista y científico, maestros de grandes maestros, frente al abandono y la hostilidad, en su heroica lucha contra el fascismo nacional e internacional,de las democracias occidentales, de los vencedores y vencidos de la contienda fratricida, y se su propio partido el PSOE, excepto de los comunistas, que le acompañaron hasta el final en su política de resistencia, excepción que siempre he destacado a pesar de las duras críticas que por ello he recibido en el seno del PSOE. Atribuirme gratuitamente, como ha hecho Carmen Delia, motivos espúreos en la gallarda defensa, durante más de 50 años, del presidente del Gobierno de la II República, es más de lo que puedo soportar sin airada protesta, aunque la disculpo por ello, porque no sabe el daño moral que me ha hecho, que, sin duda alguna, no ha tenido la voluntad de causármelo.
Ante una noticia errónea del Día, periódico que carece para RSB y SBD de credibilidad, de que yo era el abogado de Zerolo, en lugar de tratar de confirmarla conmigo, que desde hace años he atendido siempre, lealmente y con respeto, las colaboraciones que me ha pedido Carmen Delia, como era su obligación, me sorprende por la espalda con unas descalificaciones personales y profesionales, plagada de falsedades e inexactitudes. Eso, gústenos o no, se llama deshonestidad profesional. Comprendo que J.Manuel esté dolido por mi réplica a Carmen Delia. También yo lo estoy, porqueconsidero buena personas a Carmen Delia, como también a Anabel. Precisamente por eso las puñaladas traperas que más me duelen son las de las personas, en las que siempre he confiado y apreciado, y, por ello, disculpo a Carmen Delia, y doy por cerrado definitivamente este asunto sin rencor ni resentimiento alguno.
Ya aclaré que no fui el abogado Manuel Fernández en el caso Salmón, amigo mío de la infancia, perteneciente a una familia de grandes luchadores de lucha canaria y de históricos militantes de izquierda. Nos unen lazos familiares y lo considero una persona trabajadora y honesta. Tiene perfecto derecho a tener un pensamiento y una militancia política conservadora. Es cierto que dije públicamente que no había cometido delito en el caso Salmón, y no me equivoqué, ya que la causa fue sobreseída libremente. No sólo merecen respeto las resoluciones judiciales condenatorias cuando les conviene a unos, sino también las absolutorias cuando les conviene a otros. En este caso, como en tantos otros de repercusión mediática, se olvida de que el Derecho Penal debe responder al principio de intervención mínima, de tal manera que un hecho puede ser política y socialmente reprochable, o moramente reprobable, incluso antijurídico, pero no delito, ya que , como sabe mejor que yo J.Manuel, que se dedica profesionalmente al Derecho Penal, para que un hecho sea delito, tiene que estar rigurosamente tipificado en el C.Penal, como sentencióel más grande penalista de la España contemporánea, ministro de la República y ponente de la Constitución de la II República de 1931, muerto en el exilio, Luis Jiménez de Azúa (La Ley y el Delito pag.260-264) : “la función del Juez de Instrucción es probar la existencia de la tipicidad, haciendo una subsunción rigurosa de los hechos en el tipo penal, y establecer los indicios racionales de la participación en los mismos de una persona determinada. La ausencia del tipo presupone la absoluta imposibilidad de dirigir la instrucción contra el autor de una conducta no descrita en la ley, aunque sea antijurídica. La tipicidad, como secuela del principio legalista es garantía de la libertad”.La ausencia o incorrecta tipificación delictiva está acarreando la criminalización de la actividad política, en detrimento el prestigio de la política(la mayoría de políticos no son corruptos), y, por consiguiente, de la democracia, como consecuencia de lo que se viene denominando “invasión del Derecho Administrativo” por el C.Penal de 1995, y sus reformas posteriores ,“que han criminalizado erróneamente capítulos enteros del Derecho Administrativo”(G.de Enterría).
Dice bien J.M.Rivero que “como es lógico, los abogados pueden defender los casos que estimen oportuno, porque para eso hay libertad de decisión como profesionales libres, así como el hecho de que ninguno tiene por qué dar explicaciones de las defensas que se hagan”, pero en los caso con trascendencia pública y mediática, el abogado defensor “tiene que someterse a la crítica pública y aceptar…….que le critiquen por esas actitudes”.No puedo estar más de acuerdo con estas afirmaciones que espero se tengan en cuenta por RSB y SBD para el futuro. Naturalmente que mis defensas en ese tipo de causas penales pueden y deben ser objeto de crítica, como no puede ser de otra manera. Lo que ocurre es que he sido objeto, no de críticas, sino de un linchamiento moral, de descalificaciones personales, y de reproches morales y políticos, por los que han utilizado SBD como plataforma para convertirse en jueces morales de mi conducta profesional, mancillando mi honor y honestidad, que tengo la obligación y el perfecto derecho a defender. Nunca he hecho lo mismo contra Felipe, y menos contra J.M.Rivero. Si todos los abogados merecen respeto cuando actúan en causas penales como defensores, en aras de los “sagrados fueros de la defensa”( Exp. de M. de la LECRIM), también lo merezco yo, cuando defiendo gratuitamente, en los casos referidos, a amigos personales, como Guillermo Núñez y Victor Díaz, a los que creo inocentes.
Acepto las disculpas y rectificaciones de Felipe Campos sobre las declaraciones de Jiménez Villarejo en referencia a que “Los fiscales generales del Estado que nombró el PSOE me prohibieron investigar a Pujol”, y doy por cerrada esta polémica, aunque es evidente que el caso de Banca Catalana, al que se refiere Villarejo, sucedió en 1984, siendo yo el primer Delegado del Gobierno en Canarias. Aclaro que nunca he compartido esta acusación a los Fiscales Generales que nombró el PSOE, ya que el Fiscal General que intervino en esa causa, Buron Barba, sin duda el F.G de más altura intelectual y profesional que he tratado y conocido, de los que nombraron los gobiernos socialistas, dimitió, precisamente, por el caso de Banca Catalana, al haber autorizado a los Fiscales Mena y Villarejo a interponer la querella contra Pujol. Fue uno de los históricos fundadores de “Justicia Democrática” en la clandestinidad. Magistrado del T.S., de vasta cultura, políglota consumado, y un demócrata medular, como se infiere del Obituario del Pais, que adjunto para su publicación por SBD si es posible, que refleja con exactitud su personalidad, y deja en evidencia las declaraciones de Jiménez Villarejo.
Una pequeña acotación a los artículos de mi sorprendente e inesperado crítico Joaquin González, a quien intuyo buena persona. Creo que ha cogido el rábano por las hojas. No ha leído o entendido bien la última frase de mi réplica: “Afortunadamente mi honestidad profesional y personal, sólo la ha cuestionado, miserablemente, el señor Joaquin y el señor Felipe Campos, que tendrá que responder ante los Tribunales de las calumnias e injurias contra mi persona que ha vertido en SBD”. Es evidente que me refería a las calumnias e injurias vertidas por Felipe Campos de las que, sólo él, no Joaquin, tendría que responder ante los Tribunales, a los que, después de la rectificación de Felipe, desisto acudir, al quedar destipificada la presunta calumnia a la que me referí. No se me ha pasado por la cabeza, en ningún momento, querellarme contra Joaquín.
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Luis Antonio Burón Barba, primer fiscal del Estado que dimitió ante el PSOE
La muerte, ayer, del magistrado Luis Antonio Burón Barba, a sus 77 años, invita, al suscitar el recuerdo de su vida, a meditar sobre una pléyade de juristas, identificados ideológicamente con el PSOE que llegó al poder en 1982, pero que mantuvieron y mantienen divergencias con sus dirigentes por un entendimiento distinto del derecho. Casi todos pertenecieron a Justicia Democrática. Burón, uno de sus fundadores, tuvo el singular privilegio de discrepar en tiempos tempranos de aquella cúpula socialista, hasta el punto de dimitir como fiscal general del Estado en 1986, a los tres años de ser designado.Nacido en Fuenteovejuna (Córdoba) el 18 de marzo de 1918, en el seno de una familia de labradores, ingresó por oposición en la carrera judicial en 1945.
Durante su ejercicio como juez en plena etapa franquista, Burón, según su compañero José Antonio Martín Pallín, "demostró su compromiso con la democracia y su antagonismo con la dictadura formando parte de los fundadores de Justicia Democrática, en la que su pensamiento se nota decisivamente en los primeros documentos elaborados en la clandestinidad".
Las "tres cualidades difíciles de aglutinar en una sola persona: inteligencia, ponderación y humanidad", que, según Martín Pallín, reunía Burón, fueron ejercidas también por este jurista al llegar la democracia, que contribuyó a traer.
De 1977 a 1981 trabajó en la Audiencia Nacional, y de allí pasó al Tribunal Supremo, en donde le reclutó para fiscal del Estado en diciembre de 1982 su amigo el entonces ministro de Justicia Fernando Ledesma. Jamás confundió Burón la amistad con el amiguismo, y de ahí sus discrepancias, de las que nunca alardeó, con Ledesma y con el resto del Gobierno. No se dejó dirigir en materias de su competencia y, del mismo modo que en 1983 no necesitó ninguna indicación gubernamental para recurrir la primera y benigna sentencia contra los golpistas del 23-F, en 1984 tomó autónomamente la decisión de querellarse contra Jordi Pujol, y otros 24 dirigentes de Banca Catalana, iniciativa que molestó a un Gobierno más atento a la política que al derecho, mientras los voceros distraídos o interesados responsabilizaban al Ejecutivo.
La politización del caso Banca Catalana precipitó en 1986 la dimisión de Burón, anunciada veladamente ante el Rey con motivo de la solemne presentación de la Memoria de la Fiscalía. Burón explicó entonces que, en caso de divergencias con el Gobierno, el fiscal debe dimitir, y pidió: "Nadie debe escandalizarse por lo que sería una eventualidad siempre previsible".
Aunque le gustaba definir a los jueces como "profetas desarmados", a Burón, contrario a un entendimiento corporativo de la jurisdicción, no le tembló el pulso para ordenar en 1984 investigar a los magistrados Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos en relación con la irregular puesta en libertad del mafioso italiano Antonio Bardellino. Ya se encargaron otros de absolverlos. Y partidario decidido de la libertad de expresión, su respeto a los sectores conservadores, tan distantes de él, le indujo a presentar una querella, muy criticada y que terminó siendo archivada, por la emisión en RTVE de la canción de Las VulpesMe gusta ser una zorra.
Aficionado a la natación, conversador incansable y dotado de un gran sentido del humor, Burón ha sido el prototipo de jurista de ideología democrática y progresista, minoritario en la judicatura, acostumbrado a sufrir a los antidemócratas e incapaz de hacer carrera precisamente cuando los suyos están en el poder. Descanse en paz.-