Además, el estudio critica que estas Comunidades se mantengan invariables en el "empecinamiento" de no aplicar las prestaciones y servicios que esta ley contempla.
El estudio señala que al finalizar 2011, el número de personas dependientes que figuraban como atendidas con alguna prestación o servicio ascendía a 738.587 personas, una cifra que se reduce a 736.777 atendidos a 31 de mayo de 2014, es decir, 1.810 menos.
"La conclusión es obvia y dolorosa, solo se accede a recibir atenciones (prestaciones o servicios) en la medida en que se producen bajas en el sistema", alertan los autores.
Asimismo, indican que mientras en 2010, el saldo neto promedio de incorporación al sistema recibiendo atenciones arrojó una cifra de 16.217 personas al mes, dicho saldo ya se redujo a 6.724 personas/mes en 2011. Los años 2012 y 2013 presentaron incrementos netos medios de 1.080 y de 191 personas/mes respectivamente y, finalmente, en lo que llevamos de año 2014 (5 meses) el saldo neto es negativo, perdiéndose cada mes un promedio de 3.413 usuarios atendidos.
Para los autores del dictamen, la afirmación "sistemática y triunfalista" del Gobierno de que se ha reducido la lista de espera contiene una parte de verdad y otra buena parte de "ocultación de la evidencia".
En concreto, indican que la reducción de la lista de espera –que en diciembre de 2011 ascendía a 305.941 personas– no es fruto del incremento de atendidos, sino el resultado combinado de retirar el derecho a atención a las personas con grado I (nivel 2) que no estuvieran recibiendo atenciones a 31 de diciembre de 2011 y de las bajas (por fallecimientos) que se producen en personas pendientes de atención.
El dictamen revela que la financiación "ha tocado techo" y es "absolutamente insuficiente y altamente ineficiente" en el tipo de gasto que se realiza. El tipo de servicios entregados y su calidad, "no solo no han mejorado para las personas dependientes, sino que ofrecen menor intensidad de atenciones", advierte.
REDUCCIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA
En términos de esfuerzo público, la Asociación de Directores y Gerentes indica que se ha producido una "reducción paulatina", que es lo que, a su juicio, repercute en la "imposibilidad de atención" a las personas en lista de espera e incluso en la disminución de personas atendidas. "Se trata, en suma, de la demostración palmaria de la situación de colapso que sufre el sistema", añade.
Según las estimaciones del Observatorio de la Dependencia, sobre el gasto global en atenciones 2013, la AGE aportó el 19% de la financiación y en términos de gasto público (respecto a las comunidades autónomas su aportación habría sido del 23,4%, muy por debajo del 50% previsto.
"Resulta evidente que la aportación estatal ha ido menguando proporcionalmente al incremento del copago, recayendo la mayor parte del esfuerzo en las comunidades autónomas", añaden los autores.
Sólo Castilla y León, y País Vasco destacan en la aplicación de la Ley de la Dependencia, mientras que once comunidades suspenden –C. Valenciana, Canarias, Ceuta y Melilla, Baleares, Aragón, Asturias, Galicia, Madrid, Navarra y Cataluña– "con una tendencia generalizada negativa en los últimos meses".
La aplicación de la escala de valoración territorial del informe evidencia que las comunidades que llevaban un recorrido aceptable, se mantienen; y las que tenían "muchas deficiencias" de gestión, ahora no pueden acelerar para que el principio de igualdad de acceso al derecho sea efectivo.