Santiago Pérez: “La aplicación de la Ley antitransfuguismo a los concejales socialistas de Tacoronte es contraria a la Constitución, como reconoce el TSJC”

“No se puede expulsar a políticos para convertirlos artificialmente en tránsfugas, para luego aplicarles la normativa, cuya constitucionalidad cuestiona, con mucho criterio, el TSJC”, dijo

{mosimage}{mosimage}Audio de la entrevista

SB-Noticias.- El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y concejal de XTF en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, valoró en La Trapera de Radio San Borondón la sentencia del TSJC sobre la expulsión de los concejales socialistas de Tacoronte y dijo que el alto tribunal canario cuestiona con mucho criterio la constitucionalidad de los concejales, ya que el transfuguismo siempre es una actitud voluntaria.

Pérez explicó que el TSJC ha puesto en marcha una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que las normas de la Ley del régimen electoral general, más conocidas como Ley antitransfuguismo, son contrarias al derecho fundamental de participación política, que no corresponde a los partidos, que no debemos que tienen una función constitucional muy importante, como son los grandes actores de la democracia contemporánea, pero no por ello les corresponde a ellos el derecho fundamental de participación política, que le corresponde a los ciudadanos y en representación de ellos, a los cargos que han sido elegidos democráticamente.

Han sido varios los artículos que ha escrito en relación con estos asuntos, como cuando el “extraordinario” José Blanco vino a Canarias a amenazar a los concejales del cabildo de El Hierro porque presentaron una moción para destituir a Belén Allende (CC) como presidenta del Cabildo, un artículo que tituló “No me transfugues Pepe”, ya que entendía que el transfuguismo siempre es una actitud voluntaria: “No se puede expulsar a políticos para convertirlos artificialmente en tránsfugas, para luego aplicarles la normativa, cuya constitucionalidad cuestiona, con mucho criterio, el TSJC”.

De esta forma, Pérez entiende que de esa forma se ve obligado a actuar el TSJC para resolver el recurso presentado por los concejales socialistas expulsados del partido en Tacoronte, sencillamente como medida de la dirigencia del PSOE para echar abajo la moción de censura presentada junto a los concejales del PP y que fue debatida y aprobada democráticamente, implicando la destitución de Dávila (CC) como alcalde, que luego fue restablecido en la Alcaldía por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Según el profesor universitario, ahora el TSJC tiene que resolver el recurso de apelación formulado por los concejales que pertenecieron al PSOE, teniendo en cuenta que el alto tribunal reconoce que la aplicación de la Ley antitransfuguismo para este caso es contraria a la Constitución, porque supone una agresión al derecho fundamental de participación política, que como ya dijo antes no le corresponde a los partidos políticos, sino a los ciudadanos y, por ello, a los cargos públicos elegidos en elecciones en representación de ellos.

Santiago Pérez sostiene que los artículos que ha escrito en relación a este tema, así como a la expulsión de los consejeros socialistas de La Palma, mantienen la misma tesis que ahora argumenta el TSJC para dejar claro que la aplicación de la Ley antitransfuga a los concejales de Tacoronte es inconstitucional.