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Home»Noticias»Justicia»El juez Castro mantiene la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo

El juez Castro mantiene la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo

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By on junio 25, 2014 Justicia
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Considera que debería ser juzgada junto a Iñaki Urdangarin y otros catorce imputados por el 'caso Nóos', entre los que se encuentra el expresidente de Baleares Jaume Matas.

{mosimage}Público.- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, y ha acordado mantener la imputación de la infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez abre así la vía para que la Duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

En el auto de transformación, el juez concluye que deben continuar imputados Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina; Diego Torres y su esposa, Ana Maria Tejeiro, así como Jaume Matas, expresidente de Balears.

En cambio, acuerda el sobreseimiento provisional para Carlos Garcia Revenga, secretario personal de la infanta, Mario Sorribes, Miguel Zorio y Alfonso Grau.entre otros.

Castro ha dado traslado de este auto a las partes personadas, en donde describe los hechos y los posibles responsables, con el fin de que respondan si se abre juicio oral contra todos ellos o se archiva el caso.

Enel procedimiento abreviado no existe auto de procesamiento, por lo que la resolución judicial de hoy equivale a un auto de calificación de un procesamiento.

En total, son quince las personas que continúan imputadas, como son los hermanos de la mujer de Torres, Miguel y Marco Antonio Tejeiro; el ex director general de Deportes de Baleares, José Luis "Pepote" Ballester; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, y el ex secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón y la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen.

El auto no es firme y supone el cierre de la pieza 25 del caso Palma Arena y que es conocida como caso Nóos. Es recurrible en reforma ante el mismo juez y en apelacion ante la Audiencia de Palma. El magistrado da un plazo de veinte dias para que las acusaciones formulen sus escritos ante el juzgado solicitando la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento

Este auto supone también el primer paso para que Iñaki Urdangarin sea juzgado.

En concreto, Castro considera a la hermana del rey cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008. Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma —como rendimientos de actividades económicas— las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.

Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió el esposo de Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales. Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que Cristina, como socia al 50% de Aizoon, de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo.

El juez Castro ha manifestado que "se ha cerrado un ciclo" al ser preguntado por los periodistas a su llegada esta a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, a las 7.20 horas, para notificar el auto. Al ser inquirido sobre si se encuentra satisfecho tras cuatro años de investigaciones, el magistrado ha respondido: "Bueno, aún no se ha acabado, todavía hay recursos y queda trabajo por hacer". En cuanto a la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción recurra su resolución, el juez ha aseverado que "está en su derecho" y que "es lógico". El juez ha abandonado los Juzgados de Vía Alemania de Palma a las 8.30 horas.

 
Castro sostiene que Urdangarin cometió 25 delitos al frente de Nóos

El juez atribuye al esposo de la infanta cinco delitos de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias.

El juez José Castro sostiene que de la investigación que ha llevado a cabo en los últimos cuatro años se desprende que Iñaki Urdangarin cometió al frente del Instituto Nóos un total de 25 delitos. El instructor atribuye al esposo de la infanta Cristina cinco delitos de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias por los contratos que Nóos suscribió con administraciones públicas.

Además, le imputa falsedad de documento oficial, falsificación de documentación mercantil, estafa y dos delitos de fraude a Hacienda. Son nueve delitos diferentes, varios de ellos cometidos de manera reiterada, los que figuran en el auto de pase a procedimiento abreviado dictado hoy por el juez Castro.

En este documento, de 167 páginas, el magistrado pone fin a la instrucción del caso Nóos y dispone que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares y populares personadas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

A lo largo de la instrucción del caso Nóos, Urdangarin ha prestado declaración ante el juez en dos ocasiones, en febrero de 2012 y de 2013. Además, varias de sus propiedades, incluido el llamado palacete de Pedralbes, están embargadas desde el pasado noviembre por impago de la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones que le impuso el juez ante una eventual condena.

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