laopinion.es/viernes 8 de mayo de 2009.-Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. El Juzgado número 1 de Primera Instancia ha emitido una sentencia a través de la cual rechaza la pretensión de la empresa Desarrollos Urbanos CIC (Desurcic), filial de Mapfre, para desahuciar al matrimonio formado por Antonio Martín y Ana María Mallén de Las Huertas, propietarios del conocido como chalet del francés.
La importancia de esta sentencia es que es la primera que se produce después de que la empresa adquiriera en 2006, por 96 millones de euros, estos terrenos a Inversiones Las Teresitas (ILT), lo que hace prever que las demás que se puedan presentar por idénticos motivos correrán la misma suerte.
La empresa había solicitado al Juzgado que desalojara una finca y un chalet situado en el mismo con más de treinta años de antigüedad. Lo curioso es que en el contrato de venta se había recogido que todo este enclave estaba libre de arrendatarios, aparceros y ocupantes así como de todo aprovechamiento, explotación agrícola o construcción alguna.
Ante ello, Mapfre argumentó que esta finca y la construcción habían sido aportadas en el año 1989 ala Junta de Compensación que luego la vendió a ILT sin conocimiento de sus propietarios, como ha ocurrido con más de una veintena de casos más en este mismo entorno.
Informe. La jueza apela en este punto al informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo y aprobado por unanimidad en pleno en el que se reconocen los derechos de gran parte de las fincas en litigio. Incluso, la magistrada manifiesta no comprender cómo es posible que la empresa no comprobase antes de la compra que había una construcción en este entorno.
"Es evidente que cuando la adquirieron debieron apreciar la existencia de casas y ocupantes en la misma. Al menos indiciariamente hay una apariencia legítima de que lo adquirido no se corresponde con la realidad. Algo no funcionó bien a la hora de inscribir la finca resultante de la reparcelación" -se indica en el fallo. Por ello aunque en apariencia Mapfre es el titular de estos terrenos, la jueza no deja de darle un tirón de orejas al indicar que la empresa "no se preocupó de que dicha inscripción se adecuase a la realidad de lo que adquiriría, es decir libre de ocupantes y de construcciones". La magistrada apela a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificadas luego por el Tribunal Supremo (TS) que obligan en un caso a devolver cuatro fincas a sus propietarios y en otra a retrotraer la reparcelación al año 1989. Tampoco se entra a valorar que Mapfre sea un tercero de buena fe, como alegaba, al considerar que se trata de "una cuestión demasiada compleja y ramificada como consta en la prensa a diario".
Exigían 200.000 euros de fianza
El vecino de Las Huertas Antonio Martín se encontró un día, mientras estaba plácidamente en su casa, conocida como el chalet del francés, con que unos señores le comunicaba el inicio del proceso del desahucio. Asimismo le exigía el pago de 171.533,18 euros en concepto de daños y perjuicios ocasionados sobre la finca. Igualmente se solicitaba una caución de 12.000 euros. Con el susto aún en el cuerpo este vecino fue a ver al abogado, José de La Rosa que es el que se ha especializado en resolver el entramado sin fin de Las Huertas. El juicio oral tuvo lugar el día 25 de marzo coincidiendo con el apagón que afectó a toda la isla. En aquel entonces la jueza no dudó en calificar de "usurpador" a Mapfre por querer ocupar estos terrenos, augurando por dónde iría la sentencia que ahora se ha emitido. El fallo no es firme y puede ser recurrido hasta el próximo lunes. Si Mapfre no lo hace sería un indicio bastante claro de que efectivamente está barajando la rescisión de la venta a ILT.