laopinion.es/Noé Ramón.- Santa Cruz de Tenerife. El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a dar un varapalo a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) y a la Junta de Compensación al rechazar de forma rotunda que se cometiera algún error en el fallo que obliga a devolver el proyecto de reparcelación a su origen en el año 1989. Con todo ello, se viene a ratificar esta sentencia presentada en su momento por el grupo de ciudadanos conocidos como los extranjeros y se da vía libre a su cumplimiento por parte de la Gerencia de Urbanismo.
Estos vecinos vieron cómo sus propiedades en Montaña Morera eran vendidas a Inversiones Las Teresitas (ILT) por parte de la Junta de Compensación sin contar con su aprobación y además, comprobaron luego cómo sus viviendas desaparecían del Registro de la Propiedad. Así, tanto el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) como el TS han venido a darles la razón y consideran que la venta fue ilegal y que el plan de compensación debe volver a su origen, con el fin de que conozcan qué ocurrió en el año 1989 y puedan presentar las correspondientes alegaciones.
Su abogado, Juan José Rodríguez, considera que este fallo es muy similar a los otros tres ya emitidos hace escasas fechas por el Supremo recurriendo también la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia a error judicial. Para este abogado, se trata de "un nuevo varapalo a la estrategia de ILT pues confirma que la sentencia del TSJC del año 2007 fue correcta y no producto de un error judicial".
En caso de que este se hubiese determinado ILT tendría derecho a solicitar una compensación económica. Por el contrario el alto tribunal obliga al pago de 1.200 euros a cada uno de los personados como es la representación de los vecinos, la Fiscalía y el Abogado del Estado. Lo que se une a los 12.000 euros que ha tenido que desembolsar la empresa en los otros tres procesos judiciales ya fallados. Dos incluso el mismo día, el 25 de febrero.
Extralimitado. ILT había señalado que el Tribunal se había extralimitado por que los vecinos conocían el proyecto de compensación que fija las cargas y beneficios de cada uno de los propietarios y no lo habían impugnado. Sin embargo los tribunales indican ahora que aunque esta decena de vecinos de Montaña Morera eran miembros de la Junta de Compensación en realidad nadie los citó ni le entregó el proyecto para que los estudiara y alegara, "razón por la cual se declara nulo todo lo actuado".
El 23 de mayo de 1989, el pleno de Santa Cruz acordó aprobar de forma defnitiva el proyecto de compensación presentado el día 27 de diciembre y que recogía la sentencia del Tribunal Supremo que reconocía los derechos edificatorios en el frente de la playa aunque los reducía de 832.000 metros cuadrados a menos de la mitad, 332.500. Posteriormente, Dolores Jutta Rebrow, en representación de este grupo de vecinos, interpuso la denuncia contra el proyecto de compensación al que le TSJC le dio la razón ya en el año 2007.
Sin comunicación. En esencia, Jutta alegaba que con fecha 18 de abril de 1986 había comprado su finca pese a lo cual nunca conoció el proyecto de reparcelación, ya que ni el Ayuntamiento ni la Junta le comunicaron nunca nada al respecto. Sin embargo, con posterioridad se encontró con la sorpresa de que había perdido su propiedad, sin recibir un euro por ella. Pese a lo cual la Junta la había vendido a ILT por cantidades multimillonarias.
Sin embargo, el proyecto de reparcelación había sido aprobado inicialmente en el año 1966 fecha en la que ya existía la casa con los anteriores propietarios, sin que fueran convocados en ningún momento asamblea de la Junta ni se les notificara que su propiedad se integraba en el proyecto de reparcelación.
Urbanismo recurre el nuevo deslinde
La concejal de Urbanismo, Luz Reverón, anunció ayer que han presentado un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa contra el nuevo deslinde de Las Teresitas fijado por la Dirección General de Costas hace algunas semanas. La concejal señaló que este requerimiento es el paso previo a acudir a los tribunales. El Ayuntamiento sigue defendiendo que el deslinde de la playa debe pasar en todo su trayecto por el muro de la playa. Lo que desde ciertos ámbitos ha sido interpretado como una manera de que no se confirme que parte de los terrenos adquiridos en su momento era en aquel entonces y lo siguen siendo ahora dominio público. En algunas ocasiones, según Urbanismo, la posición de Costas ha sido la de entender que la línea debía de corresponder a la playa surgida de la concesión, lo que aparecería recogido en diversas informes como el previo a la firma del convenio para realizar las obras en la playa. En cuanto a la adquisición de suelo público, desde Urbanismo se subraya que Costas siempre estuvo al tanto de todo lo ocurrido. La concejal, sin embargo, optó por el mutismo casi absoluto sobre la decisión de recurrir el deslinde y remitió en todo caso al escrito presentado, que además es exactamente el mismo a la alegación interpuesta en su momento ante Costas y que fue desestimada, sin que se les respondiera el por qué. A partir de ahora se abrirá un mes para que el Estado responda al requerimiento previo del Ayuntamiento y a partir de aquí la Corporación local decidirá si acude o no a los tribunales, para lo cual tendrá dos meses. En cualquier caso, Urbanismo deberá recurrir ante la Audiencia Nacional. El Ayuntamiento ha remitido también la evolución histórica de la playa que va desde la original de 1973, a la regenerada de 1981 y sus cambios desde el año 2002 hasta la actualidad que sólo ha variado en la demolición del campo de fútbol y la construcción de edificio de aparcamientos y centro comercial.