La Provincia / 29 de enero de 2008.- JOSÉ NARANJO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y uno de los principales imputados en el caso Las Teresitas, Miguel Zerolo, lleva un año de constante forcejeo jurídico con la jueza Carla Bellini y la fiscal Anticorrupción, María Farnés, quienes le demandan insistentemente documentación variada sobre el caso, que, sin embargo, Zerolo se resiste a entregarles.
Este hecho ha sido incluso advertido por la propia Farnés, que ha llegado a informar a Bellini de que la información que le facilita el alcalde o el Ayuntamiento tinerfeño es "sesgada". Incluso hay documentos que aún no han llegado a manos del Ministerio Público, pese a haber sido pedidos con insistencia, como la tasación de las parcelas que realizó la arquitecta municipal, Pía Oramas.
Entre la documentación que la jueza y la fiscal consideran fundamental para la instrucción del caso y que el Ayuntamiento se resistió a entregar se encuentran actas de pleno, varios planos de los años 70, documentación referida a los préstamos solicitados y concedidos por CajaCanarias, billetes de avión de Zerolo a Nicaragua y, sobre todo, la citada tasación de la arquitecta Pía Oramas, que fijaba un valor a los terrenos en cuestión de unos 3.200 millones de pesetas, frente a los 8.750 por los que finalmente se compraron.
En un escrito de 17 de abril de 2007, la fiscal Farnés informa a la magistrada de que el Ayuntamiento no está procediendo al cumplimiento íntegro de lo que se le ordena y que, por tanto, facilita información de una manera "sesgada". Frente a ello, Zerolo se ha pasado todo el año pasado pidiendo el levantamiento del secreto del sumario, alegando indefensión y facilitando al TSJC documentación que ésta no le había pedido.
El caso más llamativo es la aportación por parte de la defensa de Zerolo de dos dictámenes jurídicos que intentan apuntalar las tesis municipales: uno firmado por el catedrático de Derecho Administrativo José María Baño y otro elaborado por el doctor en Derecho Martín Orozco Muñoz, ambos encargados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, la fiscal Farnés rechaza la inclusión de estos dictámenes por considerarlos pruebas sobre normas jurídicas, algo que no cabe en el ordenamiento jurídico español, pero sí advierte a Zerolo de las consecuencias que pudieran derivarse "del hecho de utilizar fondos públicos del erario municipal para la defensa privada de uno de los querellados".