La Asociación Canaria para la Regulación de las Viviendas Vacacionales (Ascav) se ha mostrado este martes "defraudada" con el borrador del Decreto para esta actividad turística, según informó la agrupación en una nota de prensa. De esta manera, Ascav entendió que la regulación del alquiler vacacional que en breve publicará el Gobierno de Canarias "es un auténtico tijeretazo a miles de familias canarias".
"Lamentablemente –agregó– ha sido el argumento más repetido por el Ejecutivo en vez del 'vamos a ver si encontramos una solución'; es decir, una actitud poco conciliadora a las consideraciones que Ascav había planteado con criterios serios y contrastados".
Aquí, Ascav lamentó que la ilusión que levantó el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, el pasado 31 de julio cuando prometió una regulación "quedará en un 'brindis al sol'" si el viceconsejero cumple sus expectativas.
"Ya que éste pretende ahora imponer condiciones de imposible cumplimiento a miles de familias que llevaban años dedicándose al alquiler vacacional, justo en medio de una crisis terrible con el paro por las nubes y cuando representaba la única salida honrosa para muchos de ellos", continuó.
Sobre las discrepancias que tuvieron lugar durante el encuentro, Ascav apuntó que una de ellas fue la Autorización previa por parte de la Comunidad de Propietarios, puesto que, apuntó, un considerable número de viviendas dedicadas al alquiler vacacional se encuentren en una comunidad vecinal por su división horizontal.
Para la Asociación es una exigencia que no puede imponer una normativa regional cuando ya se regula de otra manera en una ley de mayor rango –refiriéndose a la Ley de Propiedad Horizontal y a la Constitución española–.
Aquí, Ascav propuso una medida alternativa; que es que aquella Comunidad que no desee alquiler vacacional puede establecerlo así mediante la oportuna inclusión en los Estatutos de la Comunidad de Propietarios.
"Además pusimos en la mesa la conocida propuesta de expulsar al turista molesto en las 24 horas siguientes y posible sanción administrativa que abarcaba incluso a aquellas viviendas no afectas a una comunidad vecinal y que ha caído en saco roto. Parece increíble que nos preocupemos más nosotros de esta cuestión que el propio Gobierno, pero así es", aseveró la Asociación.
Por otra parte, la agrupación hizo especial hincapié en que "Canarias da la espalda al alquiler de habitaciones o Bed & Breakfast", una modalidad que, dijo, es una realidad en Canarias y en muchos otros lugares.
En este sentido, en las webs P2P se anuncian casi 700 viviendas en todo el archipiélago que alquilan habitaciones que suponen unas 3.000 plazas alojativas para un perfil de turista muy determinado y creciente.
"Pues bien, el Gobierno de Canarias pretende cargarse de un plumazo a todos ellos al no permitir esta modalidad, literalmente porque no interesa, cuando sin ir más lejos y a modo de ejemplo, en la Laguna existen casonas rehabilitadas donde varios usuarios turísticos se alojan no ya en habitaciones separadas, sino en literas dentro de la misma habitación y compartiendo baño. Algo relevante si tenemos en cuenta que estos albergues o hostels no encuentran model en la actual ordenación y han sido dado de altas provisionalmente como 'Casas Emblemáticas' hasta que se adecue una normativa para estos casos", aclaró.
Respecto a la solución alternativa para la situación urbanística de inmuebles antiguos o de autoconstrucción, Ascav comentó que se prevé exigir la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación en una declaración responsable ante el Cabildo.
La Asociación propone en este punto que la documentación exigida sea: cédula de habitabilidad, licencia de primera ocupación o certificado visado emitido por técnico competente que acredite que la vivienda cumple con los requisitos de edificabilidad exigibles y las disposiciones del decreto de viviendas turísticas.
"No podemos caer en la demagogia barata y gratuita de que se pretende legalizar viviendas ilegales. Nada más lejos de la realidad. Ascav no pretende esto, pero sí dar una salida razonable y jurídicamente aceptable a las familias que se encuentran en esta situación", concluyó.