Esta sentencia se suma a otra anterior de la Sala de lo Social, que también rechazó un descuelgue del Convenio Estatal
{mosimage}{mosimage}Entrevista a Jacinto Ortega
SB-Noticias.- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia en la que declara la nulidad por ilegalidad del Convenio Colectivo dela empresa Seguridad integral Canaria SA para la provincia de Las Palmas. Este fallo se da a causa de la impugnación promovida por Intersindical Canaria y la misma Dirección General de Trabajo.
Esta sentencia se suma a otra anterior de la Sala de lo Social, que también rechazó un descuelgue del Convenio Estatal, por las numerosas irregularidades y vulneraciones de los derechos de los trabajadores por parte de la mencionada empresa.
Para Intersindical Canaria es un éxito que, ante una empresa que se ha caracterizado por persecución permanente contra los trabajadores y la vulneración sistemática de los derechos sindicales y laborales, la justicia haya confirmado las ilegalidades denunciadas y haya puesto remedio a tanta corrupción de las normas y derechos laborales. Impidiendo con esto que continúen los abusos por la que, ya es tristemente famosa esta empresa y su presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso, todo un monumento de la irresponsabilidad social corporativa.
En la mencionada sentencia se evidencia claramente como ha sido el comportamiento ilegal de la empresa. Debemos tener en cuenta que esta sentencia afecta a casi mil familias canarias solamente en la provincia de Las Palmas, las cuales se han visto privadas de derechos fundamentales por un empresario que ha sido indultado sin cumplir la sentencia condenatoria, y que a día de hoy está imputado por un presunto fraude a la Hacienda Pública. Paradogicamente siendo una persona con esos antecedentes judiciales sigue siendo beneficiado con millonarios contratos por las diferentes administraciones públicas. Esperamos, en todo caso, que dichas administraciones, tomen en cuenta esta ejemplarizadora sentencia a la hora de tomar decisiones sobre la adjudicación de los servicios.
En la mencionada sentencia se evidencia claramente como ha sido el comportamiento ilegal de la empresa. Debemos tener en cuenta que esta sentencia afecta a casi mil familias canarias solamente en la provincia de Las Palmas, las cuales se han visto privadas de derechos fundamentales por un empresario que ha sido indultado sin cumplir la sentencia condenatoria, y que a día de hoy está imputado por un presunto fraude a la Hacienda Pública. Paradogicamente siendo una persona con esos antecedentes judiciales sigue siendo beneficiado con millonarios contratos por las diferentes administraciones públicas. Esperamos, en todo caso, que dichas administraciones, tomen en cuenta esta ejemplarizadora sentencia a la hora de tomar decisiones sobre la adjudicación de los servicios.