Ramírez compareció este martes en rueda de prensa, junto a la concejal del Ayuntamiento de Telde Josefa Milán y al edil de Las Palmas de Gran Canaria José Eduardo Ramírez
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, ha denunciado este martes que el Gobierno de Marruecos ha asesinado a 13 activistas saharauis y que lo ha hecho con "total impunidad" por parte de la comunidad internacional.
Al respecto, el dirigente nacionalista ha asegurado que el no poder acceder a la zona e, incluso, el no dejarlos bajar ni siquiera del avión, "sin explicación alguna", es una muestra más de que "Marruecos no quiere testigos de lo que está ocurriendo allí".
Ramírez ha explicado que en la zona hay en estos momentos "tensión", sobre todo desde el pasado domingo, cuando ha fallecido "el preso político y activista de derechos humanos saharaui Hassana Eludi Aaleya", que estuvo tres años preso por pedir la autodeterminación para su pueblo.
"Eludi estaba enfermo de diabetes y no se le daba atención sanitaria, ni se le permitía a su familia visitarlo", ha lamentado el consejero insular, quien ha asegurado que "Marruecos ha asesinado a 13 activistas saharauis y lo ha hecho con total impunidad".
Es por ello, ha explicado, que la familia ha exigido el poder realizar una autopsia independiente, pero que el Gobierno marroquí "presiona para que entierren" al fallecido.
Según Ramírez, han surgido manifestaciones de los familiares y los vecinos que están siendo reprimidas por las autoridades marroquíes, lo que ha generado tensión en la antigua Villa Cisneros.
Es por eso, por lo que no dejan entrar a los observadores internacionales ni a los medios de comunicación en la zona, porque "no quieren testigos de lo que ocurre a solo 100 kilómetros de Canarias".
Es más, ha incidido Carmelo Ramírez, España es el "Estado responsable" de lo que ocurre en el Sahara Occidental porque "es la potencia administradora y Marruecos tan sólo una potencia ocupante, por lo que todo lo que ha hecho en el territorio lo ha realizado de forma ilegal".
En su opinión, es fundamental una solución pacífica del conflicto y, por eso, exige que "cese la represión de los derechos humanos, que se otorgue la libertad a los presos políticos, que la comunidad internacional haga un seguimiento exhaustivo en la zona, se frene el expolio de los recursos naturales y se permita realizar el referéndum de autodeterminación al pueblo saharaui".
Por último, ha explicado que durante este año 40 comitivas de observadores internacionales habían intentado entrar en los territorios saharauis ocupados, de las cuales tan sólo la mitad han conseguido el objetivo, pero eso "no quita para que sigan acudiendo más observadores" que puedan comprobar cómo está la situación.
Composición de la Delegación
Carmelo Ramírez Marrero, Presidente de FEDISSAH y Consejero del Cabildo de Gran Canaria. Josefa Milán Padrón, miembro de la directiva de FEDISSAH y concejala del Ayuntamiento de Telde, Gran Canaria. José Eduardo Ramírez Hermoso, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Objetivos de la visita
Comprobar sobre el terreno las denuncias sobre las violaciones de los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Marruecos sobre la población civil Saharaui.
Encuentros con representantes de las diversas organizaciones saharauis defensoras de los Derechos Humanos.
Visitas a las familias de los presos políticos saharauis encarcelados por el Gobierno de Marruecos y recoger sus testimonios.
Encuentros con víctimas de la represión de la policía marroquí y con sus familias.
Máxima tensión en la ciudad de Dajla por la muerte del Activista Saharaui Hassana Luali.
Dajla es una ciudad ocupada ilegalmente por el Gobierno de Marruecos, situada en el Sur del Sáhara Occidental. Cuenta con 150.000 habitantes aproximadamente, de los cuales sólo el 10 % es población saharaui. El resto son colonos marroquíes, policías y ejército, lo que produce una situación de presión permanente sobre la población saharaui.
A lo largo de los últimos días la situación se ha agravado extraordinariamente por la muerte de Hassana Luali, activista saharaui de Derechos Humanos, encarcelado injustamente por el Gobierno de Marruecos desde hace 3 años, en un juicio sin las mínimas garantías procesales.
Hassana Luali, enfermo diabético y con úlceras estomacales, fruto de las torturas, las pésimas condiciones de la prisión y el maltrato recibido, no recibe asistencia médica, hasta que sus compañeros protestan y su situación de salud se agrava de manera alarmante. Cuando es trasladado al hospital militar la situación es irreversible y fallece el domingo 28 de septiembre. A su familia se le impidió visitarlo por las autoridades marroquíes.
Esta muerte, consecuencia de la falta de atención médica y la negligencia de la administración marroquí, es un verdadero asesinato que hace el número 13 perpetrados sobre la población civil saharaui.
Es indignante las presiones de las autoridades marroquíes sobre la familia de Hassana Luali para proceder a su entierro. La familia exige la autopsia para conocer las causas de la muerte y se niega a su enterramiento.
A raíz de este asesinato se desencadena una ola de protestas pacíficas por la población saharaui de Dajla que es reprimida brutalmente por la gendarmería marroquí, con detenidos y heridos. El ejército ocupa la ciudad y se traslada a Dajla un fuerte contingente de policías y material de represión desde otras ciudades. La situación en la ciudad es de máxima tensión.
La administración ocupante marroquí impide a la delegación de observadores bajar del avión.
En realidad, el Gobierno de Marruecos no quiere testigos en el territorio que denuncien la brutal represión que sufre el pueblo saharaui: encarcelamientos ilegales, torturas, palizas, secuestros, allanamiento de las viviendas, agresiones de la policía, destrucción de sus propiedades y, lo más grave, el asesinato del activista de DD.HH. Hassana Luali.
El Gobierno de Marruecos tiene secuestrado el territorio, no permite la presencia de observadores internacionales, ni de medios de comunicación. Ni siquiera tolera la presencia de la MINURSO, a pesar de los gravísimos sucesos acaecidos en la ciudad de Dajla.
Valoración final
A pesar de que la delegación de observadores no pudo realizar la visita a Dajla, si se considera urgente trabajar en las siguientes medidas:
1. Máximo apoyo a la familia del mártir Hassana Luali en su exigencia de que se efectúe la autopsia del cadáver y se exijan responsabilidades a la administración ocupante marroquí.
2. Es urgente presionar al Gobierno de Marruecos para el cese de las violaciones de los DD.HH. en todo el Sahara Occidental ocupado, la liberación de todos los presos políticos y de conciencia saharauis y finalizar el expolio de los recursos naturales.
3. Igualmente se hace inaplazable que la ONU extienda las competencias de la MINURSO a la protección de los DD.HH. y la apertura del territorio a la presencia de observadores internacionales de DD.HH. y medios de comunicación.
4. La Comunidad Internacional no puede seguir mirando para otro lado. Es urgente presionar al Gobierno de Marruecos para que respete la legalidad internacional y acepte la celebración de un Referendum de Autodeterminación, única vía para garantizar una solución pacífica y duradera de este conflicto y evitar el retorno a la confrontación bélica.
5. El Estado Español es directamente responsable de esta situación, pues abandonó en 1975 al pueblo saharaui y entregó ilegalmente el territorio al Gobierno de Marruecos. Todavía tiene en la ONU estatus de “potencia administradora”. En base a ello, el Gobierno de España debe liderar la solución definitiva de este vergonzoso drama que afecta a miles de saharauis que en el año 1975 tenían la nacionalidad española. El mártir Hassana Luali nació en 1972, era un ciudadano español.