Francí Xavier Muñoz
{mosimage}Hace unos años, el exlehendakari Ibarretxe, a cuenta de su plan soberanista, decía que España contaba con una democracia de baja calidad. A muchos, entonces, les pareció exagerada esa afirmación pero, andando el tiempo, con las vergüenzas que ha destapado la crisis y con la regresión en derechos y prestaciones que ha impuesto el Gobierno de Rajoy, dicha afirmación a muchos nos parece incluso diplomática.
Y dicha Constitución social se ha visto especialmente dañada por la salida a la crisis económica que el Gobierno de Rajoy ha ideado, en consonancia con la misma salida diseñada por los gobiernos neoliberales comunitarios, mayoritarios en el Consejo Europeo que implementa las políticas a seguir por los gobiernos necesitados de ayuda en su política fiscal. Estos gobiernos (la mayoría en el sur de Europa), con fuertes desajustes entre ingresos y gastos del Estado, son los que más tienen que recurrir a la financiación exterior de sus déficits y, por tanto, los que más condicionados están para cumplir con las exigencias marcadas por los inversores internacionales en deuda pública, bien representados y defendidos por ciertos gobiernos comunitarios (la mayoría del centro y norte de Europa).
En definitiva, para que los gobiernos del norte de Europa prestaran las ayudas e implementaran las políticas necesarias para que los gobiernos del sur de Europa superaran sus disfunciones económicas, se diseñaron unas recetas fiscales y unos rescates financieros condicionados a unas reformas estructurales que perseguían, por un lado, el aseguramiento del pago de la deuda a los acreedores soberanos y, por otro, la remodelación de la estructura socio-económica de dichos países deudores para hacerlos fiables a los ojos de los acreedores soberanos. Dichas reformas estructurales fueron la exigencia que impusieron tanto los acreedores soberanos como los gobiernos que los protegían, dada la nacionalidad de los bancos y fondos de inversión que participaban en los rescates financieros impulsados y avalados por la troika (CE, BCE, FMI). Es decir, que tanto acreedores soberanos como gobiernos del norte de Europa tenían y tienen ideología, y ésta es marcadamente neoliberal. Así que la crisis de deuda soberana europea, derivada de la Gran Recesión de 2008, puso de acuerdo a unos y otros para darle la vuelta al mercado del sur de Europa que, al parecer, disfrutaba de muchos derechos y excesos aunque, en realidad, creo que unos y otros (inversores internacionales y gobiernos amigos) vieron la ocasión de hacer leña del árbol caído para hacer grandes inversiones, aprovechándose de la minusvaloración de activos y costes de producción que las reformas estructurales impondrían en los países del sur de Europa.
Y así, llegamos a la situación actual en la que, para satisfacer las exigencias de los grandes inversores internacionales y sus gobiernos cómplices, el Gobierno de Rajoy ha implementado una serie de medidas que han supuesto el recorte de derechos y prestaciones sociales para dar fiel cumplimiento a las reformas estructurales que hagan de España una economía competitiva (es decir, una economía barata) que pueda –dicen- salir de la crisis y quedarse –esto no lo dicen- en el vagón de cola de la Eurozona, área económica que ya navega a dos velocidades, la del norte y la del sur. Y en esta salida de la crisis diseñada para España, el Gobierno de Rajoy habrá vaciado de contenido algunos de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, tanto aquellos que vinculan a todos los poderes públicos, según el art.53.1 CE, como los que informan la legislación positiva y la actuación de los poderes públicos, según el art. 53.3 CE. Pensemos en algunos de esos derechos fundamentales recortados por el Gobierno de Rajoy:
Art. 35.1 CE: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio (…) y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia (…)”. En lo que lleva de legislatura, el Gobierno de Rajoy no ha frenado la destrucción de empleo, aumentando en un millón el número de parados; ha congelado el salario mínimo interprofesional y ha puesto en marcha una reforma laboral que ha permitido la devaluación salarial requerida por las grandes empresas. ¿Cuántos españoles no tienen hoy, por su trabajo, esa remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades que dice la Constitución?
Art. 39.1 CE: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. ¿Se protege a las familias con un salario mínimo de 600 €, una prestación por desempleo recortada a partir del sexto mes, una ayuda posterior de 400 € también recortada y limitada para su percepción, y una reducción en las indemnizaciones por despido? Unos 700.000 hogares no reciben ningún tipo de ingreso, prestación o ayuda por parte del Estado. ¿Así es como aseguran los poderes públicos de Rajoy la protección social y económica de las familias españolas?
Art. 40.1 CE: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta (…) más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. ¿Progreso social y económico significa para este Gobierno emigración juvenil o, como ellos lo llaman, “movilidad exterior”? ¿Distribución equitativa de la renta significa para este Gobierno mantener la fiscalidad especial e irrisoria de la que gozan las SICAV, no incrementar la fiscalidad a las grandes fortunas o patrimonios, ejercer mayor presión fiscal a los asalariados que a las empresas, o no actuar contundentemente contra la evasión y el fraude fiscal? ¿Realizar una política orientada al pleno empleo significa para este Gobierno no invertir en políticas públicas de crecimiento económico ni en nuevos yacimientos de empleo?
Art. 47 CE: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Hay más de 400.000 familias desahuciadas en España que no pueden ejercer este derecho y, lo que es peor, ven cómo su Gobierno no interviene ante los bancos para impedir la vulneración de dicho derecho.
Hay otros ejemplos pero creo que son suficientes para demostrar la falta de respeto a la Constitución española que tiene este Gobierno cuando se trata de derechos fundamentales, especialmente sociales. Eso sí, este Gobierno y el partido que lo sustenta enarbolan con fervor dicha Constitución cuando de cuestiones territoriales se trata. Ya lo dijo Zapatero… “patriotas de hojalata”.