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Home»Noticias»Sanidad»Las unidades de gestión clínica son un sabotaje intencionado que busca la privatización de la sanidad pública

Las unidades de gestión clínica son un sabotaje intencionado que busca la privatización de la sanidad pública

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By on julio 4, 2014 Sanidad
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IC se opone totalmente a esta implantación del SCS

{mosimage}{mosimage}Audio de la charla-coloquio

SB-Noticias.- La Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria, dentro del Ciclo “Los Cimientos de un Mundo Sostenible. La Alternativa Democrática y Social”, ofreció la Charla-coloquio: “Las Unidades de Gestión Clínica, la privatización encubierta de nuestra sanidad pública”, a cargo de representantes de la Federación de Salud de Intersindical Canaria.

Datos a tener en cuenta, según IC:
 
Aproximadamente 50000 pacientes engrosan las lista de espera para intervenciones quirúrgicas y consulta especializada (cifra que según los profesionales sanitarios elevarían a 75000).

Los hospitales comarcales del Norte y el Sur de la isla de Tenerife, igualmente "en lista de espera" que ya alcanza los 25 años para el final de su ejecución. Son cerca de 15 importantes infraestructuras las que aguardan su inicio o, ya comenzada su construcción, se encuentran paralizadas. Por último, la pobreza en las islas crece 7 veces más que la media española y el número de los escolares hambrientos se eleva. Mientras los salarios bajan el paro continúa en alza, provocando, aunque no lo digan las estadísticas del gobierno que, globalmente, la población canaria se encuentre más enferma por no poder acceder económicamente a hábitos alimenticios saludables.

Intersindical Canaria ya ha equiparado estos servicios a las enfermerías de un capo de batalla.

Pues bien, en este desolador panorama y con los brutales recortes que ya sufre el conjunto de la sanidad pública que, sólo en el apartado de recursos humanos ha supuesto en los dos últimos dos años una reducción de 3800 trabajadores sanitarios, el gobierno canario CC y PSOE y su consejería de Sanidad han puesto ya en marcha temerarios proyectos y ensayos en la sanidad pública que para Intersindical Canaria suponen perversos actos de sabotaje contra el sistema sanitario público y los principios que los fundamentan.

Nuevamente, el gobierno canario, en su afán por convertirse en alumno aventajado de la PP, con el asesoramiento de una multinacional ya tiene avanzadas varias pruebas piloto en los cuatro principales hospitales de Canarias y que afectarán al servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Canarias (HUC), a los servicios de Pediatría y Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario La Candelaria. En la isla de Gran Canaria, la selección recae sobre el servicio de Nefrología de El Dtor Negrín y al servicio de Digestivo del hospital Materno Infantil.

Se trata de la creación de las denominadas Unidades de Gestión Clínica, y que se concretan en una operación segregacionista de uno o varios servicios del conjunto de la unidad hospitalaria para que sean gestionados con criterios privados de competencia y mercado y priorizar en los pacientes de bajo coste. A tal efecto, un médico se convertiría en el director de la UGC, quien establecerá las condiciones de explotación del servicio con criterios de gestión privada basado en la productividad y el ahorro del gasto, ahorros que una vez convertidos en "beneficios", parte de ellos, luego se repartiría entre el conjunto del personal.

Como punto de partida, este modelo es contrario a los principios de la Organización Mundial de la Salud, quién apuesta por promover la integración de la atención clínica e interprofesional y no como aquí se pretende la competencia y la mercantilización frente a la cooperación de los integrantes del sistema público

Evidentemente, uno de los perversos principios con los que se concibe las Unidades de Gestión Clínica es el descenso del gasto y el ahorro que, lógicamente, tendrá efecto directo sobre el paciente al que se le limitará la cantidad y calidad de los medios.

En ese mismo objetivo, de productividad y ahorro, podrá ocasionar situaciones tales como que el proceso de alta del hospitalizado se acelere para propiciar menos gastos de recursos, derivando ello en riesgos evidentes de recidiva o retroceso el proceso de curación.

Los pacientes crónicos y ancianos, por principio, serán incompatibles para recibir una correcta asistencia en las UGC, dado el alto coste de sus tratamiento. Estas unidades, de hecho, pueden promover el aceleramiento del proceso de agravamiento de sus dolencias.

La Unidades de Gestión Clínica podrán burlar el control público en cuanto a adquisición de aprovisionamiento de material sanitario y de medicación, sistema selectivo de personal y acceso a los puestos de responsabilidad en el mismo. Además, loos trabajadores que accedan a esas unidades perderá sus derechos al quedar legalmente desvinculados del Estatuto Marco o Convenio Colectivo.

Las Unidades podrán llegar a acuerdos con las entidades y multinacionales privadas para el traspaso de algunas actividades asistenciales. De hecho ya existe una línea directa de conexión privatizadora con las empresas dedicadas a la diálisis. Con el tiempo, lo que inicialmente será solo una privatización de la gestión, va a transformarse en una vía de acceso para que las entidades privadas, aseguradoras y multinacionales se apropien totalmente de los servicios inicialmente convertidos en compartimentos estancos y luego del conjunto del centro sanitario.

Tras habérsele comunicado el pasado 12 de mayo a la consejería la oposición de Intersindical Canaria, -sindicato mayoritario en la sanidad pública- al proyecto de creación de las Unidades de Gestión Clínica, ya hemos cursado una convocatoria de reunión a las diferentes direcciones de los hospitales afectados en la que se les recordará a los diferentes directivos la obligación legal y moral que tienen contraída en la defensa de la sanidad pública. Ante ello, sólo cabe dos opciones, no colaborar en la implantación de la las UGC o abandonar el servicio sanitario público, opción a las que le invitará Intersindical.

Igualmente, Intersindical Canaria promoverá que los trabajadores de los servicios afectados por el proyecto, se nieguen a colaborar en la privatización de la gestión del servicio en el que trabajan, para ello, se iniciará una campaña informativa y de concienciación entre los trabajadores con extensión a los usuarios con el objetivo de establecer una presión social suficiente que paralice el proyecto.

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