Iván Cerdeña: «En Canarias hay mayoría absoluta de ideas desarrollistas».
El sur de Tenerife se enfrenta a su mayor ofensiva urbanística en décadas, con una veintena de macroproyectos que amenazan el territorio, la costa y los recursos naturales de la isla.
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Una transformación radical que amenaza con saturar de forma irreversible su territorio y sus recursos hídricos. Iván Cerdeña Molina, miembro de la Fundación Canarina, ha advertido en una entrevista concedida a Radio San Borondón que municipios como Adeje, Guía de Isora, Arona y Granadilla concentran actualmente una veintena de proyectos urbanísticos en marcha o a punto de arrancar. En total, esta oleada constructora sumará más de 15.000 camas turísticas, miles de viviendas y villas de lujo, dos campos de golf y la ocupación de al menos 3,8 millones de metros cuadrados de suelo, afectando directamente a zonas agrícolas, primera línea de playa y áreas colindantes a espacios protegidos.
La ofensiva urbanística municipio a municipio
El mapa de los nuevos desarrollos turísticos abarca los principales núcleos del sur de la isla con proyectos de enormes dimensiones. En Adeje destaca Cuna del Alma, que proyecta 420 viviendas de lujo y más de 3.600 camas sobre El Puertito, incluyendo piscinas y restaurantes en plena franja de protección costera. En el mismo municipio se sitúa Hoya Grande, un complejo que sumará 1.680 camas hoteleras, 140 villas de lujo y un campo de golf cuyo consumo diario estimado será de 2,1 millones de litros de agua, una cifra equivalente al gasto de toda la población del municipio de El Rosario.
La presión es igualmente alarmante en Guía de Isora, donde el macroproyecto Costa San Juan, promovido por el Grupo Los Menceyes, plantea levantar dos hoteles de gran lujo, villas y zonas comerciales. Esta edificación sumará 1.100 plazas sobre suelo agrícola y devorará un kilómetro de costa, un frente mayor que el del propio pueblo, cuyos vecinos desconocían los planes hasta el inicio de las obras. Asimismo, en este municipio ha vuelto a la agenda política el Puerto de Fonsalía, un proyecto que fue rechazado por la ciudadanía en 2021 pero que el Gobierno de Canarias ha reincorporado a través de su Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente.
Por su parte, Arona registra el mayor desbloqueo urbanístico del sur con la reactivación de El Mojón, en Los Cristianos, una urbanización de casi un millón de metros cuadrados que albergará unas 8.900 camas y residencias de lujo. Este desarrollo ejerce una fuerte presión ambiental sobre la Montaña de Guaza, un espacio natural protegido que se ve amenazado en el sector de El Palm-Mar por las urbanizaciones de lujo The Cliff y Gara. Finalmente, en Granadilla, la emblemática playa de La Tejita vuelve a estar en el punto de mira; además del polémico hotel y de cientos de viviendas de lujo, un grupo de inversores privados promueve un parque de olas artificiales justo frente a la playa.
Déficit democrático y falta de transparencia
Desde la Fundación Canarina califican la situación de «esperpento» y si bien los planes urbanísticos son graves, denuncian una alarmante falta de transparencia en la gestión de estos planes. Cerdeña critica que la calidad democrática de las instituciones es ínfima, puesto que se tramitan proyectos de cientos de páginas otorgando apenas unos pocos días para que la ciudadanía pueda presentar alegaciones. Según el portavoz, el Parlamento autonómico está dominado por una mayoría absoluta de ideas desarrollistas que legislan a favor de intereses particulares y de multinacionales con sedes en el extranjero, como Holanda, dejando el impacto ambiental y social en las islas.
Esta desconexión entre la clase política y la realidad ciudadana está provocando, según advierte la organización, un grave retroceso social. Cerdeña señala que una democracia no puede sostenerse cuando el 40% de su población se encuentra en riesgo de pobreza, y avisa de que el olvido de las instituciones hacia la opinión mayoritaria de los residentes se convierte en el caldo de cultivo idóneo para el auge de formaciones políticas extremistas contrarias a los derechos más básicos.
El colapso de la vivienda y la emergencia social
El impacto de este modelo turístico se traslada de forma directa al mercado de la vivienda, destruyendo la identidad de los pueblos y barrios residenciales mediante una gentrificación descontrolada. El portavoz de la fundación expone que la crisis habitacional no se debe a la falta de espacio construido, sino a la gestión del mismo, detallando que Canarias cuenta con unas 211.000 viviendas vacías que registran un consumo eléctrico nulo en sus contadores.
A este parque inactivo se suma el hecho de que medio millón de turistas residencializados se alojan en viviendas de su propiedad compradas en las islas, junto a las 70.000 viviendas registradas oficialmente para el alquiler vacacional. Este escenario detrae casi medio millón de inmuebles del mercado residencial, impidiendo el acceso a las familias canarias. Ante esto, la fundación cuestiona por qué los fondos públicos no se destinan a la compra de vivienda para crear un parque público permanente y protegido, en lugar de permitir que las promociones públicas terminen en manos privadas.
Exigencia de moratoria y decrecimiento
Ante lo que consideran una emergencia social y ambiental, la Fundación Canarina exige la aprobación inmediata de una moratoria turística que paralice la concesión de nuevas licencias, una medida que recuerdan que no tiene coste para las arcas públicas. La organización insta a las instituciones a abrir de forma urgente el debate sobre el decrecimiento de la actividad turística y la diversificación económica hacia sectores como la cultura y otras actividades sostenibles.
Como contrapartida, la plataforma destaca la fortaleza de la sociedad civil organizada en Canarias, que ya ha logrado frenar proyectos agresivos en el pasado, como el circuito del motor o el proyecto de los denominados Underwater Gardens. El activismo ciudadano sigue sumando hitos, como la reciente paralización cautelar de la tala de árboles en las islas. En esta línea de resistencia, los colectivos sociales han convocado una concentración en Playa San Juan para el próximo 31 de octubre en defensa de Teno Rasca, un espacio natural acosado por la presión de las embarcaciones turísticas en el mar y por proyectos destructivos en su franja costera.