Desde el año 2005 la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia ha presentado siete recursos ante el Constitucional de los que hasta ahora se han inadmitido todos
laopinion.es/miércoles, 2 de septiembre de 2009.-Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. La vocación pleitista de Inversiones Las Teresitas (ILT), ya conocida en el Tribunal Supremo (TS), se ha hecho famosa también en el Tribunal Constitucional (TC), donde la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia ha presentado ya siete recursos de amparo.
Este ánimo de pelear en los juzgados sólo tendría su equivalente en el TC en las batallas judiciales que durante años han emprendido los empresarios conocidos como los Albertos, en referencia a Alberto Alcocer y Alberto Cortina.
Sin embargo, hasta ahora todas las incursiones de ILT en el Constitucional no han tenido ningún resultado favorable para sus intereses. Desde el año 2005 hasta el pasado mes de julio, todos los recursos han sido inadmitidos con la frase genérica de que el tribunal no aprecia en los mismos "la especial trascendencia constitucional que, como condición para la admisión de un recurso de amparo requiere la Ley Orgánica".
Súplica. Así se han despachado ya cuatro apelaciones, aunque en el último está pendiente de conocerse se si el Ministerio Fiscal interpondrá algún tipo de recurso de súplica en el plazo legal estipulado. Una posibilidad que hasta ahora no se ha plasmado nunca en la realidad y que se considera bastante extraordinaria. ILT ha presentado recursos de amparo en el año 2005, en 2006 y sobre todo, a lo largo del presente ejercicio, en el que ha interpuesto nada menos que cinco de forma sucesiva.
Ello es así ya que en 2009 es cuando peor suerte ha tenido la empresa en los tribunales. En este ejercicio han sido múltiples los recursos por incidente de nulidad o por error judicial que han sido rechazados de plano por el Supremo. Como único y último paso no quedaba más que recurrir ante el Constitucional lo que tampoco ha resultado ser, hasta ahora, una salida demasiado airosa, para los empresarios canarios.
En todos los casos, además, ILT ha apelado a que se han vulnerado derechos fundamentales lo que parece no haber convencido demasiado a los magistrados del Constitucional. La única alternativa que les restaría ahora es apelar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Aun más lejano y brumoso que todos los anteriores.
Lo que parece claro es que ILT ha intentado encontrar en el Constitucional un refugio a los sucesivos varapalos judiciales sufridos a lo largo de este ejercicio. Lo cierto es que desde el año 2006 hasta ahora todos los pleitos parecen haberse vuelto en su contra.
Así ocurrió ese año con la sentencia ya firme y ejecutable que obliga a devolver a la familia González Sanfiel cuatro parcelas del ámbito de Las Huertas y que deberá cumplirse a lo largo de este mes de septiembre u octubre como máximo.
A partir de aquí surgió el fallo que anuló la compraventa de la playa y que había sido interpuesto por el colectivo ecologista El Rincón. Una sentencia que había sido desestimada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Un año después, ya en 2007 el tribunal canario emitió el mismo día dos sentencias que en un caso anulaban de nuevo la compra de la playa y en otro obligaba a retrotraer al año 1989 el proyecto de reparcelación de este ámbito. Ambos fallos también deberán ser cumplidos en fechas inmediatas.
Corrales: "Intentan ganar tiempo"
El secretario del Partido Socialista Canario-PSOE en Santa Cruz, José Manuel Corrales, considera que la cadena de recursos impulsados por Inversiones Las Teresitas (ILT) en todos los ámbitos judiciales únicamente tienen por objeto ganar tiempo y retrasar al máximo el cumplimiento de los fallos. En unos casos, éstos pasan por devolver parcelas de Las Huertas; en otro, los 54,2 millones de euros pagados por el Ayuntamiento por la compra del frente de la playa o retroceder el proyecto de reparcelación a sus orígenes. O lo que es lo mismo, que las casas de Montaña Morera y los solares vuelvan a sus antiguos propietarios.
Un volumen global de negocio que se situó en alrededor de 140 millones. Cada una de estas sentencias han sido objeto de presentación de recursos de error judicial y de incidentes de nulidad, rechazados por el TS. A continuación cada apelación y los diferentes rechazos han dado lugar a la presentación de recursos de amparo ante el Constitucional sin que hasta ahora hayan obtenido ningún resultado positivo a la vista para sus intereses. En estos momentos se puede decir que las batallas judiciales de Las Teresitas han llegado a su fase final. Todas y cada una de estas sentencias son firmes, ejecutables y además han sido declaradas como "inatacables" por parte de los sucesivos juzgados. A partir de aquí los frentes se abren en dos sentidos.
Por un lado las reivindicaciones de cerca de un centenar de vecinos de Las Huertas que piden que se les devuelvan una treintena de parcelas y que tras recibir el apoyo de la Gerencia de Urbanismo y del pleno del Ayuntamiento ahora esperan recibir el espaldarazo definitivo por parte de los tribunales ante los cuales ya han presentado los correspondientes recursos. Pero además, queda aún un extremo muy claro por dilucidar. Y es saber qué ocurrirá con la parcela que desde hace algún tiempo ha solicitado el Ministerio de Defensa que se les devuelva. Se trata de la conocida como batería militar, actualmente en manos del Ayuntamiento y donde se planea construir el conocido como hotel de Perrault, en referencia al arquitecto con este apellido que es autor también del proyecto para regenerar toda la playa. En ese caso el Ministerio intentó negociar su venta por 800.000 euros lo que fue rechazado por Urbanismo. A partir de aquí Defensa interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) cuyo resultado aún se desconoce. En caso de que fuese favorable al Gobierno central el Ayuntamiento se vería de nuevo ante un varapalo judicial más o menos imprevisto.