El preso político saharaui y miembro del histórico grupo de Gdeim Izik, Mohamed Bourial, iniciará mañana una huelga de hambre de advertencia de 24 horas en la prisión marroquí de Aït Melloul, según ha denunciado la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes. La medida responde a la negativa de las autoridades penitenciarias a facilitarle asistencia médica urgente tras sufrir una grave intoxicación el pasado 17 de octubre.
La organización de derechos humanos ha hecho pública la denuncia tras recibir una comunicación directa de la familia del recluso. De acuerdo con el testimonio de Bourial transmitido a sus familiares, la intoxicación alimentaria le provocó severos dolores estomacales que se extendieron hasta la medianoche del sábado. A pesar de los avisos recurrentes realizados a los guardias nocturnos de servicio, sus peticiones de auxilio fueron ignoradas. Según el propio recluso, el personal de la cárcel justificó la inacción alegando la existencia de «órdenes superiores» directas del jefe de pabellón para no atender sus demandas.
Ante esta situación, el activista saharaui ha decidido recurrir a la huelga de hambre para protestar contra el bloqueo de la administración de la prisión a sus reiteradas solicitudes de traslado a un centro médico.
Preocupación internacional por posibles represalias
La familia de Mohamed Bourial ha manifestado públicamente su profunda preocupación ante el riesgo de que la dirección del centro penitenciario aplique medidas disciplinarias o de represalia contra el recluso como respuesta a esta acción de protesta.
En su declaración, los familiares han apelado directamente a los organismos internacionales de derechos humanos, así como a las instituciones globales, exigiendo una intervención urgente que ponga fin a las condiciones de desatención médica y sufrimiento que afronta Bourial, extendiendo el llamamiento para proteger al resto de los presos políticos saharauis confinados en centros de detención marroquíes.
La Liga para la Protección de los Presos Saharauis condena el trato infligido al recluso durante su huelga de hambre y acusa a las autoridades de incumplir los acuerdos que motivaron la suspensión de su protesta.
RABAT.- La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes ha emitido una enérgica condena pública ante lo que califica como «flagrantes violaciones de los derechos fundamentales» y un «delito de tortura en toda regla» contra el preso civil saharaui Abdellahi Abahah. Según denunció la organización a través de un comunicado oficial basado en los testimonios de la familia del afectado, el recluso sufrió agresiones físicas y psicológicas en el marco de una huelga de hambre que mantenía como medida de protesta.
Los hechos se desencadenaron el pasado martes 13 de octubre, cuando Abahah fue trasladado desde la prisión local Tiflet 2 al hospital de Tiflet para someterse a análisis médicos. Tras manifestar su negativa legítima a recibir suero intravenoso debido a su ayuno voluntario, el recluso fue conducido contra su voluntad al hospital de Khemisset. En dicho centro, el administrador general del hospital intervino de manera violenta para obligarle a recibir el tratamiento, causándole heridas en la mano y vulnerando la inviolabilidad de su cuerpo, según detalla el informe de la organización saharaui.
De acuerdo con la denuncia, las irregularidades continuaron con la retención del recluso en un pasillo de Khemisset durante ocho horas, para luego ser trasladado bajo condiciones violentas al hospital Moulay Youssef de Rabat. La Liga señala que Abahah, quien cumplía en ese momento su vigésimo segundo día en huelga de hambre, permaneció abandonado en un pasillo hasta la madrugada, rodeado de presos comunes en estado anormal por consumo de estupefacientes y privado de acceso a agua durante todo el miércoles 14 de octubre.
Mediación institucional e incumplimiento de promesas
La gravedad de la situación motivó la intervención, el jueves 15 de octubre, del fiscal del rey, acompañado por un representante de la Delegación General de la Administración Penitenciaria de Marruecos y un miembro del Consejo Marroquí de Derechos Humanos. Durante este encuentro se alcanzó un acuerdo formal para suspender temporalmente la huelga de hambre, bajo la promesa institucional de atender las demandas del recluso, las cuales incluían su traslado a una prisión de su elección y el seguimiento médico continuo de su estado de salud.
Sin embargo, la organización de derechos humanos constató que la administración penitenciaria incumplió de manera efectiva los compromisos adquiridos. En la tarde del lunes 19 de octubre, Abdellahi Abahah fue devuelto a la prisión de Tiflet 2 sin que se materializara ninguna de las mejoras pactadas, una acción que, según el comunicado, «socava profundamente la credibilidad de las instituciones y confirma la continua política de impunidad».
Exigencias internacionales y rendición de cuentas
Ante este escenario, la Liga para la Protección de los Presos Saharauis ha articulado una serie de demandas dirigidas tanto a las autoridades locales como a la comunidad internacional:
• Apertura de una investigación: Se reclama una indagación judicial de carácter urgente, independiente e imparcial que determine las responsabilidades individuales y colectivas de los funcionarios y el personal médico implicados en los presuntos abusos en el hospital de Khemisset.
• Responsabilidad sobre la vida del recluso: La organización responsabiliza directamente a la dirección de la prisión Tiflet 2 por la integridad física y psicológica de Abahah, exigiendo atención médica inmediata y el cese de las represalias contra las protestas pacíficas.
• Fiscalización de los derechos humanos: Se solicita formalmente al Consejo Marroquí de Derechos Humanos que publique los resultados de su inspección y garantice la no repetición de estas prácticas dentro del sistema penitenciario del país.
Finalmente, la plataforma hizo un llamamiento urgente a los organismos internacionales y regionales de derechos humanos para activar mecanismos de solidaridad y presión internacional sobre el Gobierno de Marruecos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normativas internacionales de tratamiento a reclusos y de la Convención contra la Tortura.