Por: José Manuel Rivero. Abogado y analista político
La historia no es un cementerio de efemérides, sino la expresión viva de una lucha de clases donde las estructuras de dominación se perpetúan mediante la ocupación física e ideológica del territorio. Hace apenas unos días, el pueblo canario volvió a las calles para conmemorar el 40 aniversario de aquel 12 de marzo de 1986; una fecha fundacional en la que nuestra sociedad dictaminó, con una madurez política insubordinada, un rotundo «NO» a la OTAN. No fue un rechazo técnico a una alianza militar, sino una enmienda a la totalidad del modelo imperialista que nos subordina. Cuatro décadas después, la respuesta del Estado a aquella voluntad democrática ha sido la imposición colonial de una realidad material que asfixia nuestra cotidianidad: el despliegue de un estado de sitio de facto en todo el Archipiélago.
No estamos ante maniobras rutinarias, como recientemente la prensa local -Canarias Ahora del día 13 de marzo de 2026- nos ha informado de su despliegue, sino ante una militarización exhaustiva y milimétricamente planificada que abarca cada rincón de nuestras islas, asumiendo funciones de control militar-policial e ideológico sobre la población civil. El despliegue es total: el Regimiento de Infantería «Tenerife» 49 se despliega en Tenerife, Lanzarote y La Graciosa; el Regimiento «Soria» 9 ejecuta labores de presencia en Fuerteventura; el Regimiento «Canarias» 50 asegura Gran Canaria; mientras que el Regimiento de Artillería de Campaña 93 y el Batallón de Zapadores XVI se activan en La Palma, La Gomera y El Hierro. El Mando de Canarias justifica esta ocupación bajo el pretexto de «reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad», pero la materialidad de sus acciones revela su verdadera naturaleza: el control social y la anulación de la disidencia.
El ejército español no se limita a patrullar barrancos y costas; penetra directamente en los aparatos de reproducción ideológica de nuestra sociedad. Que el RI 49 acuda al CEIP Costa Teguise en Lanzarote para realizar un izado de bandera y adoctrinar a la infancia sobre las bondades castrenses, o que el RI 9 haga lo propio en centros de mayores de Puerto del Rosario y en el IES Santo Tomás de Aquino de Fuerteventura, evidencia una estrategia de guerra psicológica de manual. Se busca normalizar la bota militar y el uniforme de combate en la retina de las nuevas generaciones, integrando la coerción armada en el paisaje cotidiano hasta naturalizar lo que debería ser excepcional. Es la construcción del consentimiento a través del miedo: convencernos de que estamos bajo una amenaza existencial para que aceptemos dócilmente nuestra condición de enclave subordinado a los intereses de la OTAN en la proyección militar exterior, sobre todo hacia el continente africano.
Para que este estado de sitio funcione, necesita imperativamente la fabricación de una amenaza exterior. Es aquí donde, desde hace algún tiempo, determinada prensa oligárquica canaria entra en juego como intelectual orgánico del atlantismo, actuando como correa de transmisión de los intereses de Washington y Bruselas. A través de un periodismo de guerra, con resabios rusófobos, estos medios construyen un alarmismo en torno a la falaz «flota en la sombra» rusa, un constructo propagandístico diseñado para criminalizar el comercio legítimo de Estados soberanos y allanar el camino a la intervención militar en nuestras aguas. Desde el rigor del derecho internacional público, esta narrativa no resiste el más mínimo análisis. La Ley 14/2014 de Navegación Marítima y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar consagran la libertad de navegación y el derecho de paso inocente. Las sanciones unilaterales jaleadas por la prensa y dictadas por Washington y Bruselas carecen de toda validez ejecutiva, al no emanar del Consejo de Seguridad de la ONU bajo el Capítulo VII de su Carta. Cualquier abordaje o restricción naval ejecutada por autoridades españolas amparándose en estas «listas negras» constituiría un acto de piratería institucionalizada, pudiendo constituir un delito de prevaricación administrativa.
La pinza es evidente: la ocupación militar de nuestras calles y escuelas se complementa con la manipulación informativa para ocultar a los verdaderos responsables de la desestabilización global. Mientras se persigue a buques civiles, se silencia la implicación de la alianza atlántica y sus apéndices —como el régimen de Kiev o la inteligencia israelí— en operaciones de sabotaje en las costas africanas – ataque al petrolero Marsim frente a las costas de Dakar- y en la desestabilización del Sahel. Canarias está siendo forzada a ejercer de «gasolinera» y plataforma logística para las agresiones imperialistas contra los pueblos soberanos de África occidental. Nuestros puertos y bases se convierten en retaguardia de conflictos que nos son ajenos, lo que nos convierte automáticamente en un objetivo beligerante en el contexto de guerra actual y viola cualquier principio de neutralidad que como pueblo hemos reivindicado históricamente. Esta subordinación a la OTAN no solo vacía de contenido nuestra soberanía, sino que nos arroja a las fauces de una guerra que no es nuestra.
Frente a este asedio integral, la respuesta de nuestro pueblo, refrendada en las movilizaciones de este mes de marzo, no puede ser otra que la confrontación cívica y jurídica. La única salida política digna que garantiza nuestra supervivencia frente a la recolonización armada es la reclamación urgente e intransigente de un Estatuto de Neutralidad para Canarias, una aspiración histórica de nuestro pueblo . No se trata de una ingenuidad geopolítica, sino de una estrategia inteligente: sustraer a Canarias de las guerras de las potencias y garantizar su seguridad mediante el derecho internacional y una defensa militar estrictamente defensiva sin ejércitos ni tropas extranjeras. Un estatus, repito, internacionalmente reconocido —similar al de las Islas Åland o Malta: «Malta es un Estado neutral que procura activamente la paz, la seguridad y el progreso social entre todas las naciones adhiriéndose a una política de no alineación y negándose a participar en cualquier alianza militar”— que blinde a nuestro Archipiélago como territorio de paz, desnuclearizado y absolutamente excluido de los engranajes bélicos de la OTAN. Esto implicaría la desmilitarización efectiva de nuestro pueblo.
Hoy, 40 años después de aquel histórico 12 de marzo, el «NO» a la OTAN no es una reliquia del pasado, sino el único imperativo categórico para mantener nuestra dignidad y defender la vida. Frente a quienes pretenden convertir nuestra tierra en un campo de entrenamiento para la guerra, frente al ejército ocupando nuestras ciudades, pueblos, espacios naturales, escuelas y la prensa manipulando nuestras conciencias, solo cabe una respuesta: la movilización popular, la denuncia jurídica y la reivindicación inclaudicable de un Estatuto de Neutralidad que nos blinde como pueblo. Canarias no es base, es territorio. Canarias no es plataforma, es pueblo. Y ese pueblo, 40 años después, sigue diciendo NO a la OTAN, contra la guerra y SÍ a la paz, la soberanía y la desmilitarización de la sociedad canaria.