Tras recibir la respuesta de la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas, rechazando asistir a Margarita -la mujer de 71 años desahuciada por la Autoridad Portuaria de su barco en el muelle deportivo de Las Palmas, donde residía sin alternativa habitacional-, a pesar de que en los principios de la Fundación figuran las líneas de actuación orientadas a la ayuda humanitaria y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad; el colectivo Derecho al Techo, a través de un comunicado muestra su rechazo ante este posicionamiento:
«Desde Derecho al Techo queremos manifestar públicamente nuestra valoración ante la respuesta emitida por la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas en relación con la situación de Margarita, mujer de 71 años en situación de vulnerabilidad que ha sido desahuciada sin alternativa habitacional.
En primer lugar, es necesario subrayar un hecho de extrema gravedad que la propia Fundación reconoce implícitamente en su comunicación que la Autoridad Portuaria ha ejecutado un desahucio contra una persona vulnerable, dejándola en una situación de desamparo.
Este reconocimiento resulta especialmente relevante porque no fue asumido en ningún momento por la propia Autoridad Portuaria, que llegó a negar el carácter habitacional de la vivienda de Margarita y a justificar su expulsión alegando supuestos problemas estructurales del barco, sin reconocerla como vivienda ni como desahucio.
Este reconocimiento posterior no es menor y debería interpelar de manera inmediata a todas las instituciones implicadas, tanto por su dimensión social como por su responsabilidad pública.
La Fundación afirma compartir la preocupación por las situaciones de vulnerabilidad social, pero acto seguido se desentiende de las consecuencias del desahucio, derivando la responsabilidad exclusivamente a otras administraciones. Esta postura resulta inaceptable. El desahucio no es un fenómeno abstracto ni inevitable, sino una acción concreta ejecutada por un organismo público, la Autoridad Portuaria, con efectos directos y devastadores sobre la vida de una persona mayor.
Desde Derecho al Techo queremos señalar varias cuestiones clave:
El “ámbito de actuación” no puede servir como excusa, cuando una institución pública ejecuta un desahucio contra una persona vulnerable, su responsabilidad no termina con el lanzamiento. Resulta imprescindible aclarar cuál es exactamente ese “ámbito de actuación” al que alude la Fundación y por qué no incluye, al menos, la revisión del procedimiento, la condonación de la deuda generada o la adopción de medidas reparadoras ante un daño social evidente.
En este sentido, exigimos la condonación de la deuda generada por el traslado forzoso del barco a dique seco, una deuda que asciende a casi 5.000 euros y que ha sido impuesta a Margarita tras el desahucio. Mantener esta carga económica supone prolongar el castigo institucional y condenarla a una situación de vulnerabilidad permanente.
La atención a la emergencia la está asumiendo la sociedad civil.
Queremos dejar claro que la atención inmediata a Margarita no ha sido garantizada ni por la Autoridad Portuaria ni por la Fundación, sino que está siendo asumida por Derecho al Techo, por otras asociaciones solidarias y por los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que han intervenido en la primera acogida de emergencia.
Esto demuestra, una vez más, cómo las consecuencias de decisiones institucionales recaen sobre redes comunitarias ya sobrecargadas.
No pedimos caridad, exigimos justicia.
Nuestra reivindicación no se limita a la asistencia social, que ya estamos garantizando colectivamente, sino que apunta al origen del problema, el desahucio, la deuda injustamente impuesta y la negativa inicial a reconocer siquiera la vivienda de Margarita. Exigimos su condonación, el reconocimiento del carácter injusto de este desahucio y la adopción de medidas que garanticen que ninguna persona vulnerable vuelva a ser expulsada de su vivienda sin alternativa habitacional, especialmente cuando quien ejecuta el desahucio es una entidad pública.
El derecho a la vivienda no puede fragmentarse en compartimentos administrativos. Quien desahucia es corresponsable del daño que provoca. Derivar la situación a otras administraciones no exime de responsabilidad política, social ni ética.
Desde Derecho al Techo seguiremos denunciando públicamente este caso y acompañando a Margarita, porque defender el derecho a la vivienda es defender la dignidad humana».