Por: Pedro Hernández Camacho y Julio Cuenca Sanabria
Para Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo, el viento, el sol, el territorio y el agua de Gran Canaria para las multinacionales y la «defensa del Puerto» para el discurso y que le sirva para tratar de ocultar su gravísima responsabilidad en el desastre energético de su modelo de «transición» al servicio del oligopolio eléctrico.
La posición pública de Morales en contra del desarrollo del Puerto de Dajla, en el ocupado Sáhara Occidental, por considerarlo un competidor del Puerto de Las Palmas, así como su petición al Gobierno de España para impedir la entrada de capital marroquí en la operadora Boluda del puerto, merece una reflexión.
No tanto por el debate portuario en sí —legítimo y necesario en un contexto de competencia internacional—, sino por quién lo plantea y desde qué trayectoria política.
Morales carece de legitimidad política y ética para erigirse ahora en defensor del interés estratégico de Canarias cuando, durante años, ha sido un actor clave en la consolidación de un modelo que entrega recursos públicos y bienes comunes a grandes corporaciones, especialmente al oligopolio energético.
Bajo el envoltorio discursivo de la “ecoisla”, su gestión ha favorecido la cesión de territorio y recursos naturales a multinacionales eléctricas, regalando el viento y el sol —patrimonio colectivo— sin un control público real ni un retorno social acorde a la magnitud de esos proyectos. La electricidad seguirá costando lo mismo o más, la factura no baja ni bajará. A ello se suma la cesión del agua de la cuenca de Arguineguín a Red Eléctrica de España en los próximos 75 años , prorrogables y la previsión de reproducir este mismo esquema en las cuencas de Tejeda y Agaete.
Quien roba soberanía pública para regalarla a grandes corporaciones eléctricas no puede presentarse como defensor del interés general frente a la competencia internacional. Quien actúa como agente político del oligopolio energético no está en condiciones de dar lecciones sobre protección estratégica, ni portuaria ni económica.
Resulta evidente que este repentino fervor por el Puerto de Las Palmas funciona como cortina de humo para ocultar una responsabilidad política grave: haber impulsado un modelo, centralizado, profundamente dependiente, extractivo y contrario a cualquier noción de soberanía energética y territorial.
No se puede tolerar esta forma de proceder: un lenguaje ambientalista para justificar la privatización de bienes comunes, y ahora un discurso proteccionista para esconder una trayectoria marcada por la sumisión a intereses multinacionales.
Canarias necesita debates como el que se le planteó públicamente en marzo de 2019, más de 70 personas con argumentos honestos, coherentes, valientes y participativos sobre su modelo económico, energético. Lo que no necesita Canarias, lo que no necesita Gran Canaria es más retórica oportunista, ni defensores de conveniencia que cambian de discurso según el escenario, mientras el fondo de sus políticas sigue siendo lo mismo, al servicio del gran oligopolio energético. Entrega a las multinacionales eléctricas, de nuestros valiosos recursos de viento, sol y agua.