Por: José Manuel Rivero. Abogado – Analista Político
La historia de la lucha de clases y de la resistencia antiimperialista nos enseña que el capital, en su fase de descomposición, no duda en devorar sus propios mitos fundacionales. Si la ejecución de Julius y Ethel Rosenberg en la silla eléctrica de Sing Sing, aquel fatídico 1953, marcó el punto de inflexión donde la democracia liberal estadounidense se quitó la máscara para revelar el rostro fascista del macartismo, el reciente y brutal secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, precedido por un bombardeo criminal sobre Caracas y otras ciudades de Venezuela, representa la culminación de esa deriva fascista. Existe una línea macabra de terrorismo de estado, un hilo conductor de infamia que vincula el lawfare primitivo aplicado contra el matrimonio Rosenberg —basado en la histeria anticomunista y el perjurio (falso testimonio)— con esta nueva fase de guerra híbrida judicial-militar desatada contra los líderes y pueblo bolivarianos. En ambos casos, el objetivo no es impartir justicia, sino aniquilar al enemigo político mediante la perversión del derecho; ayer utilizando falsos testigos en un estrado, hoy empleando misiles y fuerzas especiales bajo la cobertura de una orden de captura extraterritorial absolutamente espuria (saquear el petróleo de Venezuela) e ilegal.
Para comprender la magnitud de la inocencia de los Rosenberg y la ilegalidad atroz del secuestro de la pareja presidencial venezolana, debemos diseccionar la naturaleza del lawfare no como un simple exceso judicial, sino como una estrategia de terrorismo de Estado. El imperialismo, incapaz de vencer en el terreno de la política o la diplomacia, de las ideas o de la economía real, recurre a la judicialización de la política como un instrumento de guerra. Pero lo acontecido este 3 de enero rompe todos los moldes: el bombardeo a enclaves civiles y militares, con un saldo trágico de más de un cien muertos, seguido del secuestro y expulsión forzosa y violenta de un Jefe de Estado en ejercicio de su país, constituye un acto de guerra y un crimen de agresión que dinamita los cimientos del Derecho Internacional Público. Respecto a lo que, también, es “expulsión forzosa y violenta”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Art. 12.4: «Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país». El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado que esto incluye el derecho a permanecer en él. No estamos ante un proceso penal, sino ante un secuestro político y encarcelamiento ilegales agravado por crímenes de lesa humanidad.
Es en este punto donde la batalla jurídica debe ser tan implacable como la movilización política y popular, sobre todo en la comunidad internacional. Es imperativo instar una acción contundente y sumaria ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. La argumentación ante esta instancia no puede ser tímida ni meramente procesal; debe ir a la raíz sistémica del abuso. La detención ilegal del presidente Maduro y la diputada Flores encaja en todas las categorías de arbitrariedad definidas por la ONU, pero debe enfatizarse la violación flagrante de la inmunidad de jurisdicción y ejecución que ampara a los Jefes de Estado y altos dignatarios. Esta inmunidad no es un privilegio personal, es la garantía de la soberanía del Estado que representan. Al violarla, Estados Unidos no solo secuestra a dos personas, sino que secuestra la soberanía popular de Venezuela, arrogándose una jurisdicción universal que nadie le ha conferido y que ejerce con la lógica colonial de la «ley del más fuerte».
El Grupo de Trabajo debe ser confrontado con la realidad de que no puede existir un «juicio justo» ni un «debido proceso» cuando el origen de la detención es un acto de guerra ilícito. Según la doctrina de los frutos del árbol envenenado, y bajo los principios más elementales del derecho internacional, cualquier procedimiento derivado de un bombardeo y una invasión territorial es nulo de nulidad absoluta, incluso tomando en cuenta el ordenamiento jurídico interno de Estados Unidos, pues no contó con la autorización del Congreso . La privación de libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores es arbitraria porque carece de base legal (Categoría I), resulta del ejercicio de derechos fundamentales como la participación política y la libre determinación de los pueblos (Categoría II), y constituye una discriminación por razones de opinión política y origen nacional (Categoría V). El sustento fascista de esta operación radica precisamente en negar al «otro» —al comunista, al bolivariano— la condición de sujeto de derecho, reduciéndolo a un objeto de eliminación física o civil.
La tragedia de los Rosenberg, condenados por una conspiración inexistente para ocultar las grietas del imperio, no puede repetirse con un final trágico en las mazmorras del siglo XXI. La «confesión» forzada o el juicio farsa en tribunales de Florida o Nueva York son el guion preestablecido de esta obra macabra. Por ello, la exigencia de su libertad inmediata y su retorno sanos y salvos a la Patria de Bolívar no es una súplica, es una demanda de restitución de la legalidad internacional rota. La movilización popular e internacional debe actuar como el gran jurado de la historia, presionando para que los organismos multilaterales, tantas veces silentes o cómplices, asuman su responsabilidad histórica.
La libertad de los secuestrados es la condición sine qua non para detener la barbarie. Si validamos que un imperio puede bombardear una capital y llevarse encadenado a su presidente bajo acusaciones falsarias prefabricadas , habremos aceptado el fin de la civilización jurídica y el retorno a la barbarie. Comprometidos con la verdad histórica, debemos desenmascarar que bajo las togas de los fiscales y jueces imperiales no hay leyes, sino las mismas descargas eléctricas que mataron a los Rosenberg, ahora transformadas en misiles inteligentes y sentencias prefabricadas. La tarea digna es luchar hasta su liberación del Presidente Maduro y de la parlamentaria Cilia Flores, su esposa.