El presidente del Cabildo grancanario rechaza la actitud de las autoridades europeas, españolas e incluso canarias de potenciar la inversión en el puerto marroquí, que, entre otras ventajas, no debe someterse a la normativa de la UE
Denuncia que el puerto de Dajla se ubica en el Sáhara Occidental, un territorio ocupado y en proceso de descolonización, lo que vulnera el derecho internacional
A la vista de la nula reacción de las autoridades en este contexto, muestra su preocupación ante el hecho de que “a algunos interlocutores políticos y empresariales les preocupe poco el puerto grancanario”
Señala que el puerto de Algeciras ha vivido la misma situación y su liderazgo se ha desplazado a Tánger Med, perdiendo centralidad, tráfico y capacidad de influencia
Gran Canaria, 12 de enero de 2026. “Ilegalidad”, “atentado contra el derecho internacional”, “inoportunidad” o “competencia desequilibrada” son solo algunos de los términos con los que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, manifestó este lunes de forma contundente su rechazo a la pretensión de las autoridades europeas, españolas e incluso canarias de potenciar y fomentar la inversión en el puerto de Dajla, ubicado en el Sáhara Occidental.
El presidente de la Isla quiso dejar muy clara su opinión en el contexto actual, en el que el Puerto de La Luz y de Las Palmas se enfrenta a grandes retos y en el que, a su juicio, algunas posturas institucionales y empresariales pondrían en serio peligro la actividad del recinto, ya que, de prosperar la iniciativa marroquí, debería enfrentarse a un competidor que, además de asentarse en un territorio ocupado y en proceso de descolonización, juega con ventaja, al no estar sometido a las exigencias normativas de la Unión Europea y afrontar menos costes operativos.
Pero esta no es la primera vez que el presidente Morales ha dado la voz de alarma sobre esta amenaza para la economía de Canarias y, más concretamente, de Gran Canaria. Ya lo advirtió hace pocas fechas, en un artículo en el que señaló los riesgos que entraña para las Islas la actividad de ese puerto marroquí y ante el que, como lamentó, no solo se ha hecho oídos sordos a sus avisos, sino que, sorprendentemente, desde el propio Gobierno de Canarias y desde la patronal portuaria de las Islas, se sigue animando a invertir en Marruecos, tanto en el puerto de Dajla como en otros sectores que compiten directamente con sectores esenciales para la economía del Archipiélago.
Y es que, según sus propias palabras, “potenciar Dajla, llamar a invertir en Dajla, supone un atentado al derecho internacional y también, y especialmente, al Puerto de la Luz y de Las Palmas”, proclamó, para preguntarse, a continuación, “si todo sería igual si el perjudicado fuera otro puerto canario”.
De acuerdo con su percepción, si el recinto de Dajla se consolida, el horizonte del Puerto de La Luz y de Las Palmas se vislumbra sombrío, porque podría enfrentarse a desvíos de tráficos de transbordo, a pérdidas de servicios marítimos, a la reducción de actividad logística y al debilitamiento de su relevante papel estratégico en África Occidental y en Canarias. “Y no sería por falta de capacidad, experiencia o posición geográfica, sino por competir desde un marco normativo más exigente frente a un puerto extracomunitario diseñado expresamente para captar esos tráficos”, vaticinó Antonio Morales, quien añadió que hay que tener muy en cuenta que, “si se pierde un puerto, no se pierde solo tráfico: se pierde empleo, capacidad industrial, autonomía logística y peso geopolítico. Imagínense lo que todo esto supondría para Gran Canaria y para Canarias”, continuó, para afirmar acto seguido que, al parecer, “a algunos interlocutores políticos y empresariales les preocupe poco el puerto grancanario”.
En este contexto, Morales hizo referencia a que estos problemas de máxima gravedad para la actividad portuaria y de gran repercusión para cualquier economía, ya los está sufriendo el puerto de Algeciras, que se ha convertido en una víctima directa del desarrollo de Tánger Med, el recinto portuario también marroquí que está catalogado como un incuestionable éxito logístico y una oportunidad de cooperación regional en el entorno del Estrecho de Gibraltar.
“Hoy, el liderazgo que tenía Algeciras ha sido desplazado por Tánger Med”, aseveró. “Para el puerto de Algeciras, el impulso sostenido de Tánger Med ha supuesto una pérdida progresiva de centralidad, tráfico y capacidad de influencia, con efectos económicos y laborales que no pueden seguir considerándose daños colaterales inevitables”, detalló el presidente grancanario, que, ante esta realidad, no dudó en mostrar su preocupación y su perplejidad por el hecho de que este proceso se haya producido “con la aquiescencia, cuando no con la colaboración indirecta, de España y de la Unión Europea, sentando un precedente que amenaza con repetirse en otros enclaves estratégicos como el puerto grancanario”, denunció.
El temor que transmitió Antonio Morales es que, con el panorama actual, el Puerto de La Luz y de Las Palmas siga el mismo camino que el de Algeciras. “En estas condiciones, Dajla debería ser la línea roja”, subrayó. Del mismo modo, consideró que esta situación se ha generado, principalmente, porque la aplicación del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea al transporte marítimo ha hecho que los puertos comunitarios tengan que asumir nuevos costes ambientales, “que son legítimos desde el punto de vista climático, pero mal calibrados desde el estratégico”, sostuvo, mientras los no comunitarios, como Tánger Med, compiten sin esa carga adicional, además de que presentan costes salariales más bajos, una normativa de seguridad más laxa y tarifas más reducidas, entre otras ventajas.
Con estas evidencias, la conclusión a la que llegó el líder del Gobierno de Gran Canaria es que los puertos que pertenecen al espacio europeo están siendo sacrificados impunemente frente a los extracomunitarios, sin que ni a escala estatal ni comunitaria se haga algo para impedirlo. “No puede haber una política portuaria europea que fortalezca ‘hubs’ extracomunitarios a costa de debilitar sus propios puertos estratégicos”, declaró. “La transición ecológica, la cooperación regional y la apertura comercial son objetivos legítimos, pero deben ir acompañados de mecanismos que eviten la deslocalización de actividad portuaria y logística fuera de la UE”.
Y, por si esto fuera poco, recalcó que a todo ello se une el hecho de que el desarrollo del puerto de Dajla hasta convertirse en un gran nodo logístico y energético entre Europa, África y América se enmarca en una estrategia geoeconómica y geopolítica más amplia de Marruecos. Por eso, “que España y la UE miren hacia otro lado, o incluso faciliten indirectamente esta dinámica, mediante acuerdos comerciales, inversiones o regulaciones asimétricas, supondría repetir el error cometido con Algeciras, esta vez con consecuencias potencialmente graves para Canarias”, auguró.
Contra el Derecho internacional y las declaraciones de Naciones Unidas
El presidente del Cabildo de Gran Canaria incidió, además, en que el hecho de que el puerto de Dajla esté proyectado en el Sáhara Occidental, un territorio ocupado por Marruecos y pendiente de descolonización, según el derecho internacional, agrava más esta situación, si cabe, y afirmó que el Estado español, “reconocido por la ONU como la potencia administradora de ese territorio, no puede alegar ignorancia», mantuvo. “Impulsar, respaldar o tolerar el desarrollo de un gran puerto estratégico en ese enclave supone normalizar una ocupación ilegal y convertir la logística, el comercio y la inversión europea en instrumentos de consolidación de un hecho consumado contrario a resoluciones internacionales”.
Antonio Morales, por último, fue más allá y puso de relieve que, según su criterio, facilitar que ese puerto marroquí compita con el de Las Palmas desde una zona ocupada por Marruecos no solo significa poner en riesgo uno de los pilares económicos de Canarias, “sino también legitimar un modelo de desarrollo asentado sobre la negación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Porque, cuando un estado renuncia a defender el derecho internacional, renuncia también a su credibilidad y pone en peligro su soberanía. Y eso, a largo plazo, no se compensa con ningún contenedor más movido al sur del Atlántico”, concluyó.