Por: José Manuel Rivero. Abogado y Analista Político
Lo que a continuación se expone no es una crónica periodística, es una reflexión política sobre uno de los episodios más críticos de la historia reciente de América Latina y el Caribe. Tras recabar datos, opiniones diversas e informaciones provenientes de muchas fuentes, empleando un método dialéctico al respecto (de confrontación), declaraciones oficiales y evidencias circunstanciales corroboradas por actores internacionales clave, expongo, sin intencionalidad de ser pretencioso, mi tesis sobre las verdaderas dimensiones del reciente bombardeo estadounidense en Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional, Nicolás Maduro, junto a su esposa, la diputada de la Asamblea Nacional Cilia Flores. Además, de interpretarlo como una operación criminal de seguridad nacional de los Estados Unidos, que lo es, se propone comprenderlo como el punto de partida de una renovada estrategia de pillaje imperial de aniquilación para saquear recursos ajenos, que, por ahora, en Venezuela se quiere controlar estratégicamente a través de una decisión de Estado de carácter trágico y deliberado, adoptada por la cúpula dirigente de la Revolución Bolivariana y que está teniendo un multitudinario apoyo popular por parte del pueblo venezolano, con una presencia masiva en las calles exigiendo la libertad inmediata y regreso a la Patria de Bôlivar, sanos y salvos, de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, secuestrados, repito, actualmente en las entrañas del monstruo.
La historia suele juzgar los acontecimientos por su estruendo, pero la realidad debe desentrañarse por la frialdad de los datos que la propaganda occidental atlantista pretende asfixiar. Lo ocurrido en Venezuela este 3 de enero de 2026 no puede entenderse, repito, como un suceso aislado o una simple operación militar; es, en rigor, la aplicación de una dialéctica de agresión imperialista que, de no haber mediado una decisión de la dirigencia bolivariana, tan agónica como consciente, habría derivado en una catástrofe humana de proporciones incalculables. Los hechos, a la luz de lo que he estado recabando, revelan que la sombra que se cernía sobre Caracas no era la de una acción punitiva fraudulentamente judicial, sino la de una aniquilación sistemática. El más que probable aviso de Pekín en las horas previas al ataque del sábado de madrugada (El 2 de enero Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores a una delegación china encabezada por Qiu Xiaoqi, enviado especial del presidente Xi Jinping para Asuntos de América Latina y el Caribe) tras detectar mediante vigilancia satelital los preparativos de la operación «Lanza del Sur», puso sobre la mesa una realidad incontestable: la maquinaria bélica de Washington estaba lista para ejecutar sucesivas oleadas de bombardeos destinados a quebrar la infraestructura vital del país. El plan original contemplaba el arrasamiento de centros neurálgicos y servicios básicos, una amenaza que el propio Donald Trump validó con cinismo al declarar, el 9 de enero, que había decidido cancelar las fases posteriores de ataques por considerarlas innecesarias tras haber cumplido el objetivo del secuestro del Presidente venezolano e iniciar, bajo esta coerción, negociaciones con la Presidenta interina Delcy Rodríguez.
En ese preciso instante, la correlación de fuerzas imponía un dilema ético y político que trasciende la simple resistencia. Nicolás Maduro, ante la certeza de que la capital venezolana sería reducida a escombros si se prolongaba la confrontación asimétrica, optó por un acto de sacrificio personal y político, no resistirse al secuestro y no autoinmolarse, lo cual detuvo la escalada tras el primer impacto. El secuestro del mandatario y de su esposa, Cilia Flores, ejecutado en apenas 47 segundos en su propia residencia, constituye una decisión de preservación del bloque social bolivariano frente a la barbarie imperialista del ataque militar terrorista, utilizando sofisticada tecnología electrónica. Al no refugiarse en búnkeres de guerra —que habrían servido de pretexto para el empleo de artillería pesada y bombas de penetración sobre zonas civiles—, Maduro ejecutó una maniobra de repliegue estratégico para evitar que el país quedara reducido a cenizas, protegiendo así la vida de millones de ciudadanos que habrían engrosado las estadísticas de una guerra de exterminio.
Sin embargo, esta contención de la masacre no fue gratuita; el suelo venezolano fue testigo de la caída de héroes cuya sangre sella la gravedad de la agresión. El 5 de enero de 2026, el Gobierno de Cuba confirmó oficialmente la muerte de 32 combatientes de la isla, integrantes del primer anillo de seguridad que resistieron la incursión en Caracas; hombres cuya muerte en condiciones que apuntan a fusilamientos de facto durante el fragor del asalto representa el testimonio de que el imperialismo no buscaba orden, sino una lección de terror. Al detener la guerra en su inicio, se salvó la estructura física del Estado y se evitó un derramamiento de sangre que habría sido definitivo para la viabilidad de la nación. Hoy, con Maduro bajo el control, encerrado en las mazmorras, de la potencia agresora y con el dólar y el oro reaccionando a la inestabilidad de un mercado energético que EE. UU. pretende confiscar, la comunidad internacional debe mirar hacia lo que no sucedió: no hubo miles de muertos adicionales ni hospitales destruidos por una segunda oleada, y eso fue gracias a una lucidez trágica en el mando. La salvaguarda de la soberanía no se articuló esta vez mediante el choque frontal de masas, sino a través de una vanguardia que asumió el impacto directo para blindar al cuerpo social. Fue la interposición física de la dirigencia entre la potencia de fuego y la población civil lo que impidió que el adversario consumara su voluntad de aniquilación, transformando un acto de fuerza en la prueba definitiva de resistencia de un bloque histórico que sacrifica, a través del cautiverio de sus cuadros antes que la capitulación de su pueblo. Pueblo que está tomando las calles en apoyo a su Presidente Nicolás Maduro Moros.