El Gobierno de Canarias ha aprobado en el último Consejo de Gobierno, el proyecto de decreto del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, que sustituye el sistema de sorteo por un modelo de adjudicación basado en criterios objetivos de baremación. El nuevo marco exige acreditar al menos 10 años de residencia en Canarias, o 15 en caso de residencia discontinua, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública.
Derecho al Techo denuncia este proyecto de decreto, porque considera que endurece el acceso a la vivienda pública en función de los años de residencia en el Archipiélago, una medida que para el colectivo, lejos de resolver la emergencia habitacional introduce criterios excluyentes con claros rasgos de aporofobia y xenofobia institucional.
Consideran los miembros de Derecho al Techo que condicionar el derecho a una vivienda pública a diez años de residencia continuada o quince discontinua, no ataca el verdadero problema de la vivienda en Canarias que es la especulación, la turistificación, la acumulación de vivienda en manos de fondos y grandes propietarios y la ausencia histórica de un parque público suficiente. En cambio, señala y castiga a quienes tienen menos recursos y menos capacidad de defensa.
Sobre el contenido del Decreto propuesto por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, Derecho al Techo plantea una serie de preguntas:
- ¿Qué ocurre con las trabajadoras y trabajadores canarios que se vieron obligados a emigrar para sobrevivir y que, al regresar, se encuentran expulsados del derecho a una vivienda pública?
- ¿Qué pasa con estudiantes que han salido a formarse fuera y vuelven a su tierra sin cumplir esos años exigidos?
- ¿Se les penaliza por no haber podido quedarse cuando aquí no tenían empleo ni oportunidades?
Asegura el colectivo que esta medida rompe el principio de igualdad, fragmenta a la población y establece una peligrosa jerarquía de derechos según el tiempo de permanencia, en lugar de según la necesidad real, y que el derecho a la vivienda no puede convertirse en un privilegio condicionado al arraigo administrativo, mientras se mantiene intacto un modelo que favorece a quien puede pagar, especular o invertir.
Además, afirman que el decreto se presenta como una solución cuando Canarias carece de un parque público de vivienda digno y suficiente y que endurecer el acceso a algo que apenas existe no es una política de vivienda, es una operación cosmética que desplaza la responsabilidad del Gobierno hacia la población más vulnerable.
«Rechazamos que se utilice la emergencia habitacional para normalizar discursos excluyentes y desviar la atención de quienes realmente se benefician del actual modelo inmobiliario. La vivienda pública debe servir para garantizar derechos, no para levantar nuevas fronteras sociales», indican.
Finalmente desde Derecho al Techo exigen una ampliación real y urgente del parque público de vivienda: «Una política valiente que enfrenten la especulación, la vivienda vacía y el uso turístico descontrolado. Que los criterios de acceso se basen en la necesidad social y económica, no en filtros de residencia y el reconocimiento del derecho a volver a quienes se vieron obligados a marcharse. La vivienda es un derecho, no un premio ni una herramienta de exclusión. Derecho al Techo está por una vivienda digna, universal y sin discriminación».