El sindicato Comisiones Obreras advierte de que el próximo mes de septiembre, se llevará al Parlamento el Decreto-Ley 3/2025, de 21 de abril, del Gobierno de Canarias, ‘que agiliza la tramitación de licencias urbanísticas e impulsa la construcción de viviendas’, para tramitarlo como ley.
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Manuel Hernández, miembro del sector de la Administración Local de Comisiones Obreras Canarias, afirma en radio San Borondón que lo que se esconde tras el bonito nombre de “Impulso a la construcción de viviendas” es eliminar los controles y garantías que implican los informes de los servicios técnicos municipales, que a partir de ahora los van a poder emitir empresas privadas.
“Se excluyen expresamente los informes técnicos que tiene que velar por los intereses generales, para garantizar que la obra esté correctamente realizada, que cumpla con las normativas mínimas exigidas”, lamenta.
El sindicalista recrimina que hayan sacado de tapadillo este decreto ley, con carácter de urgencia, sin informar a los servicios técnicos municipales de su tramitación y sin publicidad.
«Este decreto-ley no puede interpretarse como una simple medida técnica de agilización, sino que responde a un enfoque político que prioriza el interés de los promotores por encima de la planificación pública», advierte Comisiones Obreras.
Manuel Hernández recuerda que este decreto contraviene la normativa estatal, el estatuto del empleado público, del régimen local e incluso la doctrina del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de que estas potestades públicas recaigan en manos privadas.
Por ello, el sindicato está estudiando el caso y convocando asambleas en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y también en el resto de las islas, con el fin de recoger aportaciones de los empleados públicos al trabajo que ya se ha venido realizando, y presentar enmiendas para que no se privatice este servicio público.
El pasado mes de abril el Consejo de Gobierno aprobaba con carácter de urgencia este decreto, que irá en septiembre al Parlamento. Desde el propio gobierno se explicaba que los objetivos son que «haya menos burocracia» para que las licencias de obras se puedan otorgar en un menor tiempo. «Hoy son muchos los ayuntamientos que tienen dificultades enormes para dar licencias de obra mayor en tiempo y forma», manifestaba el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez.