Cuando el Gobierno impuso el 1 de enero de este año y por una vigencia de dos, el impuesto a los beneficios de la banca, inexplicablemente lo vendieron como una especie de panacea y que tendría efectos muy positivos.
Pero, es publico y notorio que la banca tiene suficientes e indeseables recursos, como para no disminuir sus ingresos y menos aún tener perdidas. El principal, es endosar a sus clientes el pago de esos impuestos o tasas al Estado, mediante el incremento de los tipos de intereses, comisiones, pagos por servicios realizados, etc.
Aparte, siguen con total impunidad cerrando más sucursales bancarias y reduciendo sus plantillas laborales con muchos más despidos. Durante el primer semestre de este año, pagaron al Estado una tasa de 637 millones de euros. Pero en el mismo periodo de tiempo, sus beneficios se incrementaron en 5.696 millones de euros. Significa que ganan más y se cotizan un 38% más en la Bolsa.
Yolanda Díaz ha hecho unas recientes e “impactantes” declaraciones, exponiendo que está negociando con el PSOE para que se prorrogue el referido impuesto a las entidades bancarias, pero eso, según lo demostrado y si no se ponen medidas correctoras efectivas que lo eviten, seguirá arbitrariamente afectando a sus clientes.
Para evitar las arbitrariedades y extorsiones de la banca privada, la mejor de las soluciones es crear una banca del Estado que le haga la competencia. Incomprensiblemente desde el comienzo de la legislatura se perdió esa posibilidad, por mediación de Bankia que costó su recuperación del erario público 55.600 millones (101.500 millones con el resto de las entidades bancarias incluidas las cajas de ahorros), de los que Rajoy dijo que se recuperarían en su totalidad, algo que no ha ocurrido al haberse recuperado solamente 2.610 millones.
Lo cierto es que, Bankia aunque todavía pertenece al Estado, pero fue absorbida por la Caixa, que pasó a denominarse CaixaBank y ésta administra sus depósitos con arreglo a sus exclusivos intereses.
Otro tanto se debería hacer para erradicar el oligopolio existente en las grandes empresas energéticas, que imponen libremente en un servicio tan esencial como este elevados precios a su libre albedrío. Al respecto, necesitamos contar igualmente con una empresa energética pública.
Antonio Aguado Suarez