Con tantas instituciones y cargos públicos tanto de elección como de designación, pareceríamos que somos un país mucho más rico y de mayor población, como por ejemplo Alemania.
Sin embargo, nuestras necesidades y carencias están a la orden del día. Entre otros muchos casos contar con uno de los índices de mayor paro, pobreza y exclusión social de la Unión Europea.
Poniendo el ejemplo de Alemania que tiene una población de 83,2 millones de habitantes, su gobierno lo compone 17 personas y el de España su composición es de 23 miembros, con un número de habitantes significativamente menor de 47,4 millones de personas. Que se sepa no existe un estudio o estadística sobre el número total de cargos políticos de elección y de libre designación: asesores, gabinetes de las presidencias o alcaldías y de prensa, secretarías particulares, servicio de protocolo, etc. Pero según cifras estimativas en nuestro país contamos con cerca de 300.000, mientras en Alemania, la cifra es bastante menor de tan sólo 100.000. y el número de funcionarios alemanes es de 2,3 millones y en lo que respecta a los españoles es de 3,2 millones, que no evitan la lentitud de los servicios que facilita la Administración con la absurda e inexplicable burocracia que padecemos.
Sin embargo, funcionarios inspectores de trabajo tan necesitados, sólo contamos con 1.852 lo que significa uno por cada 23.300 trabajadores (la media de la Unión Europea es de 7.300 trabajadores) para hacerle frente y corregir los abusos de tantos empresarios desalmados, que el año pasado produjeron (las que se pudieron detectar) 78.686 infracciones y fueron sancionados con 286.439.767 euros. Siendo un servicio tan esencial y económicamente rentable, no se explica la gran escasez de estos profesionales.
El Senado es una cámara inútil, nido de enchufados que nos cuesta mucho mantener y habría que disolver. Pero igualmente ocurre con las diputaciones y en nuestros casos los cabildos, que de siempre han sido el refugio de las oligarquías isleñas que, utilizan el pleito insular para dividirnos y enfrentarnos y así lograr sus intereses espurios. Les avala una Ley electoral que sigue manteniendo las circunscripciones insulares y no una sola de ámbito regional, que, complementada con circunscripciones por distritos unipersonales (lo obtiene y por toda la legislatura el candidato que obtenga más votos), acerque a los electores con el electorado obligando a los partidos políticos, a presentar a sus mejores candidatos, personas respetadas y apreciadas por sus vecinos y no como se viene haciendo hasta la actualidad, que las candidaturas en listas cerradas las suelen imponer los jerarcas en sus diferentes ámbitos.
En la época de la clandestinidad y comienzo de la Transición teníamos muy claro la necesidad de disolver los cabildos, pero ahora con tantos intereses que han creado, cada vez cuesta mucho más que esa razonable y justa aspiración se haga realidad. ¿Como es posible que servicios muy directos como los sociales entre otros los de la dependencia y culturales, sigan prestándolos los cabildos y no la administración más cercana a los ciudadanos como son los ayuntamientos?. A estos los referidos servicios les deberían ser transferidos, pero claro está con todos los recursos. Otros tipos de servicios para su efectividad y economía se deberían mancomunar entre municipios e incluso se tendría que procurar reducir el número de estos (nuestro país cuenta con 8.131), respetando las costumbres y tradiciones de cada uno.
Igualmente habría que disolverse el Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y todos sus homólogos territoriales. Pero ya inexplicablemente los asesores en todas las administraciones son incontables y lo malo, es que llegan a los cargos de elección o de designación sin ningún mérito que les avale, como por ejemplo lucha y reivindicaciones sindicales, ecologistas, feministas, pacifistas, vecinales, sociales, culturales, etc. . Pero encima, el sistema está hecho de tal forma que, les permite perpetuarse en los cargos como profesionales de la política. ¡La política debe ser vocacional y para desempeñarla por un tiempo limitado!. ¡La peor lacra de las que estamos padeciendo es el político profesional!. La mayoría tampoco llegan con sensibilidad social o si la tenían, con el transcurso del tiempo la pierden y se dedican sobre todo a defender sus intereses personales.
Es evidente que nos hace falta una profunda regeneración democrática y luchar por una sociedad con más libertad y justicia social. Esa es la única forma de cerrarle el paso al reaccionario Partido Popular y fascista Vox, de lo contrario, sufriremos las consecuencias.
Antonio Aguado Suárez.