CUADERNO DE BITÁCORA
“VISOCAN es una Sociedad Anónima Unipersonal constituida el 27 de diciembre de 1977, cuyo titular es la Comunidad Autónoma de Canarias cuyo objeto fundamental es la promoción de Viviendas Protegidas en todo el archipiélago canario”.
Hasta aquí todo se lee muy bien, todo bonito, todo me parece bonito, como dice la letra de la canción de Jarabe de Palo. Las intenciones, el objeto social de la S.A.U Viviendas Sociales de Canarias sobre el papel, son necesarias para una sociedad necesitada de viviendas sociales, en venta o en alquiler con opción a compra. Al principio la sociedad estaba compuesta por las Cajas de Ahorro isleñas y con participación del gobierno canario. En 1993 la Comunidad Autónoma queda como único accionista.
Observen como se desarrolla la construcción de viviendas desde el año 1994 y hasta el año 1998 se construyeron 2.902 viviendas, desde 1998 hasta el 2002 fueron 1.302 viviendas, en el 2003 y hasta el 2007 son 579, ya en el 2008 se construyen 15 viviendas. En 15 años, Visocan construye 4.798 viviendas en su teoría sociales, a un promedio de 320 viviendas por año, para una población de más de 2.200.000 habitantes
La demanda, según el informe del Diputado del Común, Rafael Yanes en un informe del año 2017 eran de mínimo de 17.000 viviendas.
La realidad es que en las islas Canarias existen miles de familias con necesidad de una vivienda digna, con un alquiler social acorde a su situación económica.
Nunca entenderé el poco interés de las administraciones públicas a la construcción de viviendas sociales. Algunas personas, de avanzada edad, recuerdan que, en la peor época de la dictadura, el régimen construía viviendas, las llamadas ciudades satélites, en las afueras de las ciudades, no eran viviendas extraordinarias, pero sin bien construidas, aunque mal dotadas de infraestructura urbanística, consiguieron el objetivo que era eliminar el chabolismo en las grandes ciudades.
En Tenerife barriadas como la de la Victoria o la de las Delicias, García Escámez, Tío Pino o la de promociones privadas como la de la cooperativa Divina Pastora, Santa Maria del Mar, etc. aun todas en perfecto estado de conservación, pagadas con un alquiler mensual con opción a compra, era la solución para lograr salir del chabolismo.
El Instituto Canario de la Vivienda (otro chiringuito para emplear amigotes y estómagos agradecidos) es inoperante, ridículo y esperpéntico. Solo sirve como excusa a una ineficaz política de viviendas de Angel Víctor Torres y su mariachi de analfabetos condecorados.
Por un lado tenemos el chiringuito de Visocan, presidido por Casimiro Curbelo, por otro el ICV presidido por Sebastián Franquis Vera, los dos enfrentados y cabreados, echándose la culpa el uno al otro del fracaso de los planes de viviendas. Por otro lado la creencia de este par de zoquetes de que el dinero público, nuestro dinero, es de ellos y en lugar de administradores de lo publico se convierten en amos y señores de nuestro erario, de manera que lo utilizan e invierten en temas que no son nada prioritarios, un ejemplo lo tenemos en el Cabildo Tinerfeño gastándose 60 millones de euros en la construcción de un “circuito del motor” en el sur de la isla tinerfeña.
La gente está cabread e indignada y no es descartable que las manifestaciones de los canarios y canarias sean cada vez más multitudinarias y violentas.
En las islas existen más de 4.500 familias amenazadas con el desahucio de sus viviendas, familias que por diversos motivos (entre ellos contratos de alquiler leoninos de viviendas adquiridas por Fondos Buitre) se ven abocadas a vivir donde sea, hacinados en casa de familiares o en una cueva en cualquier barranco de las islas.
El discurso del puedo prometer y prometo del gobierno de “las flores y colores”, se ha convertido en la gran mentira de Angel Víctor Torres y su troupe. Espero que el 28-M echemos a tanto mediocre, zoquete y algún corrupto del gobierno de Canarias.
Cerrar Visocan sería un gran acierto, toda vez que solo sirve para emplear a los amigotes de Curbelo, y que sea el Instituto Canario de la Vivienda el que gestione los presupuestos para la construcción de viviendas sociales, que sean los propios Ayuntamientos los que se encarguen de la construcción de las mismas, que se vigile con toda rigidez la gestión y el destino finalista del dinero destinado a los proyectos que presenten los propios municipios en virtud a sus necesidades de viviendas, que la entrega se realice de acuerdo a la prioridad de las familias solicitantes.
Los desahucios tienen que pararse, la vivienda social es la única solución a la situación actual.