La propuesta regeneracionista del PP ha consistido, como era de esperar, en una obscena provocación y en un alarde de cinismo que supera -y no es fácil- sus más altas cotas de estos últimos años.
La democracia constitucional es un sistema de convivencia y de gobierno propio de una comunidad política civilizada y adulta, inviable en sociedades desgarradas internamente por graves desigualdades sociales. Sean actuales o pretéritas. Exige, por tanto, el respeto a la inteligencia de las personas y el abandono de los intentos de infantilizar a sus miembros y del recurso sistemático a la mentira como herramienta política.
El Partido Popular califica de “Plan de Calidad Institucional” para la regeneración democrática frente a una erosión institucional (al parecer sobrevenida desde que los conservadores perdieron el poder como consecuencia de una Moción de Censura, presentada frente a una situación de corrupción asfixiante), calificando de entrada al actual Gobierno no sólo de “haber abdicado” de su responsabilidad de cuidar de las instituciones, sino de ser el “principal promotor” de su deterioro. No escatima -después de proclamar el pluralismo político como valor superior del ordenamiento español- términos descalificadores contra los independentistas y populistas, es decir contra representantes de la soberanía popular que han venido respaldando la estabilidad y el programa legislativo y presupuestario con el que el Gobierno ha afrontado las consecuencias de una pandemia y las de una guerra devastadora en territorio europeo, a los que acusa de haber adquirido un inusitado protagonismo y de “condicionar sin rubor la gobernabilidad de la Nación.Y, desde luego, sin hacer la menor mención a sus socios neofranquistas en los ámbitos autonómico y local. ¡Hasta ahí podríamos llegar!.
Por cierto: en la misma lógica que un ex magistrado del Tribunal Constitucional que lamentaba cómo Bildu ha logrado por los votos más influencia política que cuando ETA empuñaba las armas, el pluralismo político del que hablan debe estar condicionado a que la ciudadanía no se equivoque cuando vota. Y a que, si se equivoca, los representantes elegidos por equivocación dispongan de un estatuto parlamentario demediado que les impida apoyar las iniciativas del Gobierno legítimo, aunque el contenido de esas iniciativas proteja el interés de la mayoría y sea plenamente respetuoso con el marco constitucional. Pero que no les impida votar con el PP cuando se trata de boicotear la acción del Gobierno. Así que la enfática afirmación del ayatola Aznar: “mejor que ocupen un escaño a que empuñen un arma” vale si, y sólo si, dialogan con un Gobierno del PP. Porque ya se sabe que mientras el Gobierno esté en manos del PP la Nación española está fuera de peligro. La falta de respeto a la inteligencia de los españoles rebasa todos los límites de lo imaginable cuando exigen el restablecimiento del delito de sedición como antídoto infalible contra toda intentona secesionista. Da lo mismo que los acontecimientos del Procés se produjeran cuando gobernaba el PP y en plena vigencia del delito de sedición; o que Puigdemont y otros “migrantes” (así los denominan) se les fugaran ante sus mismísimas narices. Lo de calificar a España como “el país de la UE con mayor riesgo de secesión” (¿ahora y no cuando gobernaba el PP?) es francamente insuperable. Como les da lo mismo que los jueces europeos se nieguen a extraditar al prófugo de Waterloo con el argumento de que no existe en la legislación penal de sus países una figura como la sedición (que data de 1822 en nuestro Código Penal) ni con penas de parecida entidad para hechos delictivos graves, como los del procés, pero diferentes de la rebelión.
Acusaciones contra el Gobierno como la de promover la “desconstitucionalización” del Estado, la de confundir poder y democracia, la de legislar “a golpe de decreto con insólita frecuencia” (sin hacer la menor referencia ni a las prácticas pasadas del propio PP ni a las extraordinarias circunstancias de esta legislatura) y la de aprobar no se sabe qué “reformas constitucionales” por la vía de urgencia, rematan un texto en el que al secuestro del Consejo General del Poder Judicial perpetrado por el propio Partido Popular se le menciona como una mera y misteriosa “falta de renovación” y tachan de castigo las medidas legislativas adoptadas para evitar que un órgano constitucional, ya desvinculado de la soberanía popular (y por tanto huérfano de la legitimidad consagrada por el artículo 1,2 de la Constitución) por haberse consumido el período para el que fueron elegidos sus miembros, siguiera ejerciendo en plenitud sus funciones constitucionales violentando los más elementales principios jurídicos comúnmente aceptados por los países civilizados. Entre otras, la de designar a más de 70 miembros de los órganos judiciales más importantes del país.
Que a estas alturas el PP solemnice “el valor de la palabra dada” y se comprometa a dar un “impulso regenerador, liberal y reformista” sería una simple broma macabra si no estuviéramos hablando de asuntos muy serios. LAS PROPUESTAS Además de un montón de generalidades vacías, sobre la agilidad de la Administración, o su críptica reconversión en “correa de trasmisión de las iniciativas empresariales” , la no utilización partidista de viajes institucionales en tiempo electoral, el registro del uso del Airbus A310, del Falcon 900 y del helicóptero Super Puma…vuelven al raca raca de la estabilidad presupuestaria, que ya sabemos lo que significa cuando la derecha gobierna, como si la gestión económica del actual Gobierno y el escudo social construido frente a tantas turbulencias no estuviera resultando exitosa y ampliamente reconocida internacionalmente. O invocan con un descaro inimitable la necesidad de recuperar la independencia y la libertad de expresión en los medios públicos, así como la de respetar el trabajo de sus profesionales. Porque lo de terminar con las enmiendas “intrusas” en la tramitación legislativa o lo de que “cada euro de cada presupuesto público merece el máximo respeto y control de su destino” dicho así, sin pestañear, por un PP que aprobó con su mayoría absoluta durante la X Legislatura “casi una veintena” (voto particular de María Luisa Balaguer) de iniciativas legislativas en las que se incrustaron enmiendas intrusas, o cuyos ordenadores fueron destruidos a martillazos para impedir la investigación judicial sobre corrupción…es de traca. Cuando anuncian “reformas” para garantizar que gobierne la lista más votada, después de una legislatura completa del PP y los altavoces de la derecha intentando cotidianamente deslegitimar al presidente investido por el Congreso y líder del partido que ganó las elecciones….no dejo de pensar ¿de verdad que está pasando esto? Por lo demás, lo que proponen para las entidades locales es sencillamente inviable mientras su estructura institucional consista en un Pleno representativo de la ciudadanía de cuya mayoría depende la estabilidad del gobierno local y la aprobación de presupuestos, ordenanzas y normas de planeamiento.
Porque la oposición no solo controla, sino que puede exigir la responsabilidad política del alcalde y, sobre todo, interviene en plenitud en la funciones normativa y presupuestaria en que se materializa la autonomía local. En relación al Senado, el PP se retrotrae, entre un montón de vaguedades, a un tiempo anterior al de la Legislatura (1996-2000) en la que la Comisión Especial para la Reforma Constitucional del Senado, en la que fui portavoz socialista, alcanzó un alto nivel de definición que no se pudo formalizar en un acuerdo entre los dos grandes partidos precisamente por la falta de apoyo de un PP recién llegado al Gobierno, cuyo presidente necesitaba hablar catalán en la intimidad, y cuya estructura orgánica, sustentada entonces en los barones provinciales, resultó completamente refractaria a un fortalecimiento del Senado que inevitablemente gravitaría sobre las estructuras institucionales y partidistas de las Comunidades Autónomas. Y, digámoslo con claridad, porque aquel PP no podía maldisponerse con formaciones nacionalistas que tienen alergia los foros multilaterales en los que las Comunidades Autónomas tratan en pié de igualdad entre ellas y con el Estado, porque ejercen mucha más influencia -también cuando gobierna el PP- a través de su representación en el Congreso y relacionándose bilateralmente con el Gobierno de turno.
La propuesta del PP simplemente no aporta nada. Sobre el secuestrado Consejo General del Poder Judicial, Feijóo y los suyos proponen, invocando nada menos que “el espíritu” de la Constitución (del que ellos son el excluyente colegio sacerdotal), y olvidándose de la letra y de la imprescindible interpretación sistemática de todo precepto constitucional, la vuelta a la democracia corporativa. De modo que todos los poderes del Estado tengan su fundamento en la soberanía popular, menos el gobierno de los jueces. Por este camino, sin el menor recato, el PP pretende poner a buen recaudo de la mayoría sociológicamente conservadora del estamento judicial, al margen de los cambios en la orientación política del país decididos electoralmente por la ciudadanía, el gobierno del poder judicial en el que radican las principales garantías de los derechos y libertades constitucionales. No puedo dar crédito a sus invocaciones a la independencia de las personas llamadas a ocupar la Fiscalía General del Estado, las magistraturas del Tribunal Constitucional y la titularidad de otros órganos estatales cuyas funciones deben desempeñarse desde la independencia. No debe ser este país el mismo que el del motorista Enrique López, ni el del “independiente” Carlos Ollero, ni el del egregio Arnaldo, ni el de un largo etcétera… Ni por cierto, el país cuyo Consejo General del Poder Judicial y cuya presidencia del Tribunal Supremo correspondió a un magistrado “reincidente” ex Director General del Ministerio de Justicia de los Gobiernos del PP. Por eso que, tanto en la Proposición de Ley que registraron recientemente como en la flamante propuesta de “Regeneración” que hoy han publicitado, es completamente infantil que las “inelegibilidades” se detengan en haber desempeñado una Secretaría de Estado. ¿Y por qué no una Dirección General, que en muchos casos tienen una importancia política equiparable o mayor que la de algunas Secretarías de Estado? La Laguna, 24 de enero de 2023 Santiago Pérez, senador en representación de Canarias (PSOE