El Congreso de los Diputados aprobó a principios de mes una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que, en síntesis, elimina el voto rogado, una norma injusta y antidemocrática que ha impedido votar desde 2011 a miles de españoles y españolas residentes en el extranjero.
Ninguna democracia digna de tal nombre puede eliminar el derecho al voto de más de dos millones de compatriotas, y por ello la supresión del voto rogado lleva formando parte del programa electoral de Podemos, de forma ininterrumpida, desde que concurrió por primera vez a unas elecciones generales en el año 2015, y no hay que olvidar que la incluimos en el acuerdo de coalición con el PSOE que propició la conformación del actual Gobierno progresista del Estado español.
El voto rogado fue impuesto por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del PP, el PNV y CiU en 2011, justo en lo peor de la crisis económica de hace una década, cuando miles de canarias y canarios se vieron forzados a emigrar en busca de oportunidades, en la ya conocida ‘fuga de talentos’ de la que aún no nos hemos recuperado.
La generación más preparada de la historia, como se la llamó, se vio impelida a buscar su desarrollo profesional y vital fuera de la Islas y se la condenó con trabas burocráticas y administrativas, además de al éxodo, a no poder ejercer su derecho constitucional a elegir a sus representantes en el Congreso, en el Parlamento canario y en sus ayuntamientos.
El voto rogado provocó que la participación de los residentes en el extranjero se desplomara un 80 por ciento y que apenas el 6 por ciento consiguiera ejercer su derecho al voto con ese sistema tras haber soportado largas colas y pagar el envío de sus papeletas que, en muchas ocasiones, ni siquiera llegaban a tiempo.
Los datos son significativos: en la elecciones autonómicas de 2019 solo votaron 879 personas de las 148.000 canarias y canarios residentes en el extranjero mientras que en las del año 2007 (últimos comicios en los que se pudo votar sin rogar el voto) ejercieron ese derecho 20.000 personas.
A partir de ahora, acabamos con este sistema, y las canarias y canarios residentes en el extranjero recibirán de oficio los sobres y las papeletas y la Ley garantiza que ejercer su derecho no les costará dinero.
Esta reforma no es buena sólo para los más de dos millones de españoles que viven en el extranjero, sino que, al garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho al voto, hace mejor nuestra democracia; pues amplía la participación y garantiza una mayor pluralidad en la representación de las instituciones democráticas.
Por eso es momento de reconocer que esta reforma no habría sido posible sin la movilización y el esfuerzo continuado de colectivos como la Marea Granate, que han defendido los derechos de las personas residentes en el extranjero, y de toda la ciudadanía residente en el extranjero que durante 11 años ha hecho lo imposible por seguir ejerciendo su derecho constitucional a elegir libremente a sus representantes, pese a las trabas que su propio país les había impuesto.
Suprimida esta traba antidemocrática, Sí Podemos Canarias se volcará aún más en lograr que las canarias y canarios que tuvieron que irse, personas jóvenes en su inmensa mayoría, puedan regresar a una tierra que debe ofrecerles oportunidades.
Estamos trabajando duro para que las Islas sean referencia en empleo digno para que nuestra gente, la que se quedó y la que se vio forzada a irse, afronte con garantías el porvenir con trabajo estable y sueldos decentes, sin precariedad.
En Canarias no sobra nadie, y necesitamos muchas manos, y muchos corazones, para la necesaria recuperación de las Islas.
Manuel Marrero Morales
Portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias