La tasa de dependencia es un índice demográfico que se utiliza para mostrar la proporción de personas dependientes sobre la población activa, que es aquella que se encuentra en edad de trabajar.
Aunque es un índice un tanto rudimentario, resulta útil para hacernos una idea rápida del número de personas de entre 15 y 64 años, consideradas dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Canarias en 2020 esa tasa era del 43%. Es decir, hay 43 personas consideradas dependientes por cada 100 en edad de trabajar. En menos de 20 años el 30% de la población canaria será mayor de 65 años. Son, sin duda, unos datos que nos señalan que lo que conocemos como los “cuidados”, es decir, la atención a las personas que no pueden valerse completamente por sí mismas (menores, mayores con algún tipo de discapacidad y/o enfermedad, personas con problemas mentales, etc.) tienen que jugar un papel fundamental en el cambio de modelo productivo que queremos para Gran Canaria.
Y es que la mayoría de la carga de los cuidados recae sobre las mujeres. Según diversas encuestas sobre uso del tiempo, el 75% de estas labores lo realizan las mujeres. Se calcula que en el mundo hay unos 16 millones de personas, la mayoría mujeres, trabajando 8 horas al día gratis en los cuidados. Por lo tanto, atender esta realidad desde los poderes públicos, proporcionando una atención pública, de calidad y económicamente accesible a las personas que tienen algún tipo de dependencia es una imperiosa necesidad para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Por ese motivo, en el año 2017 pusimos en marcha el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias para la isla de Gran Canaria. Estamos hablando de una inversión de más de 100 millones de euros para crear unas 1.543 plazas sociosanitarias, tanto residenciales como de centros de día, para la atención a los distintos tipos de dependencia. El Gobierno de Canarias participa en su financiación casi en un 50%. La creación de estas nuevas plazas representa un 23% de incremento con respecto a la cantidad actual, lo que nos permitirá avanzar hacia la ratio recomendada por las organizaciones internacionales de unas 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años.
Además, la pandemia de la COVID-19 ha hecho colapsar el sistema de dependencia tanto en la Península como en Canarias y ha puesto de relevancia la imperiosa necesidad de acelerar en la dotación de este servicio público fundamental. Por ello, y pese a las dificultades, en este mandato hemos podido dar un impulso extraordinario al plan y hoy la mayoría de los centros y residencias contemplados son obras ya ejecutadas, en ejecución, en elaboración de pliegos o de proyectos.
Fruto de ello, es la presentación en el último mes de dos de los centros más relevantes del plan, ambos situados en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad donde se concentra la mayor parte de la lista de espera: el centro de San Francisco de Paula en Tafira y uno de los dos centros de Tamaraceite. Son dos proyectos innovadores, diseñados según un modelo de gestión que pone a la persona en el centro, por su atención personalizada.
Por eso, pese a tratarse de residencias de gran capacidad, están distribuidas en pequeños módulos, de entre 15 y 20 personas, que funcionarán como hogares, con espacios de convivencia propios, separados del resto de módulos y pensados para reducir la sensación de las personas residentes de estar “residencializadas”. Se trata de alejarse del modelo de “macrocentros” en favor de otro tipo de espacios en los que la cercanía y la convivencia del usuario con su propia familia sean primordiales.
En el caso de San Francisco de Paula, hemos invertido 9 millones de euros en una residencia de 50 plazas divididas en dos módulos de 15 personas y un tercero de 20, que esperamos esté concluido en 2022. En el caso de Tamaraceite, la inversión asciende a más de 17 millones de euros para crear uno de los centros más grandes de toda la isla. Sus 135 plazas se dividen en 3 módulos de 45 plazas cada uno, y estos a su vez se subdividen en 3 unidades convivenciales de 15 usuarios. Estará en funcionamiento en el primer trimestre de 2023 y atenderá a personas dependientes de grado I, II, III y con problemas de salud mental, incorporando asimismo un módulo de psicogeriatría. Los dos son edificios de eficiencia energética A, con aparcamientos, zonas ajardinadas, etc.
También en 2023 concluirán las obras que ampliarán en 120 plazas la residencia de mayores de Taliarte en Telde, para lo que se ha destinado una inversión de 16,5 millones de euros. Al igual que en los dos casos anteriores y en coherencia con el nuevo modelo, se estructurará en dos módulos de cuatro plantas, con 15 plazas por planta, con zonas comunes independientes y estará centrada fundamentalmente en la atención a personas mayores con un grado de dependencia medio o avanzado.
A principios de verano, en junio, también inauguramos la nueva residencia –financiada en gran parte por el Cabildo-, para personas dependientes por problemas de salud mental, ubicada en la urbanización Zurbarán de Las Palmas de Gran Canaria y que cuenta con 60 nuevas plazas. Se trata de plazas concertadas con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y suponen un avance para acabar con uno de los grandes déficits en materia de dependencia que tiene la isla, como es la salud mental. Además, el centro está orientado a ofrecer una atención integral, no solo a los usuarios residentes, sino al conjunto de sus familiares.
Son solo los últimos proyectos presentados de un plan que incluye residencias, viviendas tuteladas y centros de día en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa María de Guía, Teror, Arucas e Ingenio. Y esto hay que complementarlo con un aumento en la atención domiciliaria que ofrecerá a las personas dependientes diversos servicios en sus propias casas.
Como he repetido en muchas ocasiones, la pandemia ha puesto de manifiesto muchos de los problemas estructurales de nuestras sociedades, tanto medioambientales como sociales. Las situaciones vividas en las residencias de mayores en muchos sitios de España fueron realmente duras. Afortunadamente, nuestros centros en Gran Canaria dieron ejemplo y la profesionalidad del personal junto a la rápida actuación de los responsables políticos, permitieron proteger la vida de nuestros mayores alojados en residencias.
Debemos seguir avanzando y fortaleciendo el sistema de dependencia, atendiendo en las mejores condiciones posibles a nuestros mayores. No solo es una cuestión de justicia social, sino de igualdad entre hombres y mujeres. También de prosperidad económica ya que nos permitirá crear miles de puestos de trabajo estables y bien remunerados, así como el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones a muchas mujeres que ahora dedican gran parte de su tiempo a los cuidados. Dentro de poco, el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias será una realidad en Gran Canarias y más de 1.543 personas dependientes estarán atendidas.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria