El Fiscal Superior de La Comunidad Autónoma De Canarias Luis Del Rio Montesdeoca acuerda la incoación de Expediente Gubernativo, el que ha sido registrado con el número 76/2021 tras la denuncia de La Plataforma por un posible delito de prevaricación y cohecho en el Cabildo de Gran Canaria por su campaña mediática contra los ciudadanos que se oponen al Proyecto Chira-Soria.
En la denuncia presentada al Fiscal superior Luís del Río Montesdeoca se explica que la empresa de publicidad 22 Grado ha estado haciendo de manera gratuita las campañas electorales al Cabildo de Gran Canaria a Antonio Morales Méndez (Nueva Canarias) a cambio de la posterior concesión de numerosos contratos menores de publicidad constitucional.
Esta empresa resultó adjudicataria del contrato de campaña publicitaria otorgado por licitación de emergencia y mediante procedimiento negociado sin publicidad a favor de la empresa 22 Grados (expediente XP0938/2020), por un importe superior a 600.000 mil euros.
El motivo de la denuncia a la Fiscalía fue que la Plataforma se siente directamente afectada es la apertura del Expediente XP1241/2020, informado por Marino Alduan y que básicamente consiste en destinar 2,5 millones de euros a promover la obra Proyecto Chira-Soria y a destinar estos recursos a “combatir” a los ciudadanos que se oponen al Proyecto y que ha sido otorgado de nuevo a la empresa de publicidad de 22 Grados.
En Salvar Chira-Soria la preocupación es máxima pues considera la propuesta presentada por 22 grados que la empresa propone que uno de los objetivos sea reducir la contestación de grupos contrarios al proyecto, o sea, la Plataforma, según se expone en su propuesta y combatir de este modo la movilización ciudadana prevista para el próximo 22 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema “Somos el Barranco de Arguineguín”.
Por todo ello Salvar Chira-Soria agradece a la Fiscalía que se inicie una investigación sobre una posible delito de Prevaricación Administrativa y Cohecho de Antonio Morales y se pare un atropello a los derechos constitucionales de los ciudadanos realizado con dinero público sin precedentes en las democracias europeas.