En la mañana de este viernes 19 de febrero, en la sede del Diputado del Común de la santacrucera calle Robayna, tuvo lugar la presentación de una denuncia a cargo de varios colectivos sociales (Plataforma 29E y El Pueblo Tiene Hambre) por el aluvión de desahucios a familias precarias que se vienen preparando en Tenerife a manos de fondos buitre.
Junto al propio Rafael Llanes y un asesor jurídico de la Diputación, representantes de ambas plataformas en compañía de Antonella Aliotti (concejala de la oposición en el Ayuntamiento de Arona) y afectados por desahucios inminentes en Santa Cruz y Arona. Fue una larga hora de reunión dónde afectados y plataformas plantearon la gravedad del problema, y es que en apenas unas semanas de trabajo han aflorado 130 familias afectadas en Arona, Adeje, Granadilla y Santa Cruz, y se prevé muchísimas más en toda Canarias en los próximos meses, y especialmente a partir del 9 de mayo, fecha en la que finaliza la suspensión que establece el Real Decreto promulgado por el Gobierno el pasado diciembre.
Los actores implicados son de un lado familias con bajos recursos económicos sin solución habitacional alternativa, y de otro lado fondos buitre y entidades financieras similares planteando desahucios en los juzgados sin atender en muchos casos al Real Decreto vigente, reclamando unas viviendas que compraron a precio de ganga por las que quieren cobrarse su beneficio, ante la inacción y el mirar para otro lado de la empresa pública Visocan y el Gobierno de Canarias, implicados también directamente en numerosos de los casos afectados en la denuncia.
Con el compromiso de actuar de oficio dentro del margen de sus posibilidades zanjó el señor Diputado del Común la reunión. En lo que es únicamente la primera parada de un largo periplo, que ha de llevar a los colectivos firmantes por otras tantas instituciones y autoridades municipales, insulares, autonómicas, estatales y si no hay más remedio también internacionales, en pos de un derecho a la vivienda claramente vulnerado en Canarias.
A continuación los puntos y peticiones elevadas al Diputado del Común.
1.- Qué dada la gravedad de los casos que traemos, una vez reunido con los abajo firmantes y tres representantes de las familias implicadas, afectando a más de 130 familias en Tenerife y desconociendo a cuánto ascenderá el número total de familias afectadas en toda Canarias, haga el Diputado del Común uso de su facultad de actuar de oficio y abra diligencias para investigar y denunciar donde proceda los hechos expuestos en este escrito, en aras de proteger el derecho básico a la vivienda que tienen todos los canarios. Con vista a ello, desde los colectivos que firmamos este escrito estamos abiertos a facilitar al Alto Comisionado cuanta información particular relativa a los afectados sea necesaria.
2.- Y una vez hechas las averiguaciones pertinentes desde la Diputación del Común:
2.1.- Inste a las Administraciones Públicas canarias a tomar partido explícito por la regularización de la situación habitacional de todas las familias afectadas por procesos de desahucio o desalojo en precario, en la vivienda en la que residen o en su defecto en otra con las mismas garantías que no implique alejar a la familia de su entorno (tal como establece el Real Decreto-Ley 37/2020 de 22 de diciembre).
2.-2.- Inste a quien proceda a esclarecer y depurar la responsabilidad sobre la mala praxis y las presuntas irregularidades que se observan en las actuaciones de fondos buitre, entidades financieras y empresas y administraciones públicas como Visocan o el Instituto Canario de la Vivienda.
2.3.- Promueva las condiciones necesarias para que nuestras Administraciones Públicas firmen acuerdos de alquiler social con entidades bancarias y similares.
2.4.- Inste a las Administraciones Públicas de Canarias a que retiren sus depósitos y operaciones económicas de las entidades financieras que mantengan fondos buitre o lleven a cabo prácticas especulativas tan contrarias a la ética y al bien común como las que estamos viendo en Tenerife.
2.5.- Inste a las Administraciones Públicas a una subida del IBI a fondos buitre y otros grandes tenedores de vivienda con fines puramente lucrativos, para ponerlos en situación de liberar casas para alquiler social y evitar al tiempo una especulación desmedida.