Érase una vez, allá por los años 79-80, que recibí una llamada del abogado Cova Barroso.
Era de parte de Antonio Cubillo, del que me dijo ser su amigo. Me venía a plantear si estaba dispuesto a defender a dos personas relacionadas con el MPAIAC, para los que la Fiscalía pedía 17 años de cárcel por haber distribuido un panfleto, en el que defendían la independencia de Canarias y calificaban al Ejército de “colonial”.
Por cierto, parece que por aquel entonces no había entre los juristas de mi generación que luego han descollado como próceres del nacionalismo canario, ninguno dispuesto a defender a los acusados. Y, para que no queden dudas: ni era ni he sido independentista, ni les cobré un duro por defenderles. No era una cuestión de afinidad ideológica, sino de
derecho fundamentales: a la libertad de expresión y a la defensa. Y de poner en pié un orden constitucional recién alumbrado.
Le contesté que sí, siempre y cuando el caso no tuviera nada que ver con actos violentos ni de apología o incitación a la violencia para imponer sus objetivos. Me parecía entonces, y hoy me parece todavía más, que en la democracia caben todas las ideas: por ejemplo, que los Estados son seres históricos que nacen, crecen, a veces se integran en entidades
políticas más amplias y otras veces se desintegran por el nacimiento de nuevos Estados. Y lo mismo pasa con ideas como la de Patria o Nación. ¿O es que la invocación Pro Patria Mori, no expresó en sus orígenes —antes de que los reyes y príncipes renacentistas tuvieran el acierto de asociar el concepto y los sentimientos de pertenencia patriótica a la
idea de Nación— la lealtad absoluta a la Ciudad? ¿A la Ciudad como Patria?
Así lo mantuve ante la Audiencia Provincial que —las circunstancias políticas, próximas al 23 de febrero y con el general González Del Yerro al frente de la guarnición del Archipiélago, no estaban para muchas innovaciones jurisprudenciales— les condenó a 11 meses de prisión, que no iban a cumplir. Lo que era, en términos prácticos, una sentencia
absolutoria.
Me acuerdo de todo esto cuando estos días la derecha se rasga las vestiduras porque los diputados de Bildu estén dispuestos a apoyar los Presupuestos del Estado para 2021.
El cinismo de la dirigencia y los estrategas del PP no tiene límites. Si ellos pactan o votan con los pro-etarras no hay nada que objetar. Pueden votar juntos en los ayuntamientos vascos (como el de Vitoria, presidido por Javier Maroto), en las diputaciones forales…pueden votar juntos para rechazar los Presupuestos para 2020 y forzar elecciones anticipadas , contra la Investidura o para echar abajo el estado de alarma.
Lo malo no es esa arbitrariedad caprichosa de niños chicos, que quieren cambiar las reglas del juego cada vez que les conviene. No. Lo más grave es lo que subyace a esas actitudes: que ellos, la derecha, pueden hacer siempre lo que quieran, porque ellos, y sólo ellos, representan a España. Puro franquismo sociológico. Pero sobre todo: pura violación del pluralismo político consagrado por la Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico (artículo 1). Es decir, como principio esencial de nuestra convivencia.
La derrota de ETA está certificada sobradamente por la Historia. Parte de los sectores sociales que la apoyaban se han incorporado a las Instituciones, no sin dificultades de todo tipo. Internas, porque cuando alguien se acostumbra a apretar el gatillo lo mismo lo hace contra el “Estado opresor” que contra los “traidores”. Legales, porque la Ley de Partidos Políticos de 2002 se aprobó con la finalidad primordial de impedir que ETA tuviera su brazo político en las Instituciones democráticas, para así intentar destruirlas desde dentro y desde afuera. Y así se aplicó reiteradamente contra marcas blandas del mundo etarra.
Una vez aceptada, con todas las de la ley, la participación electoral de un partido o de una coalición electoral (reivindique ésta la independencia de un territorio o añore el Régimen franquista) y lograda con el voto ciudadano su presencia institucional, nadie está en condiciones de deslegitimarla. Sólo deberá responder de sus actos, si estos son contrarios a la leyes y a las prácticas de una democracia constitucional. Y en el caso de que esas prácticas fueran reiteradas, la democracia dispone de procedimientos judiciales, muy garantistas por cierto, para su ilegalización y disolución.
En mi opinión, las proclamas del PP “BilduNO”, referidas a su posible apoyo a los Presupuestos, es la nueva modalidad de la estrategia de tumbar al Gobierno al precio que sea. Porque empiezan a caer en la cuenta de que, con los Presupuestos aprobados, la legislatura durará.
A mi, que soy de provincias y apoyo a este Gobierno, me parece bien que se negocie con Ciudadanos. Y con todos los representantes parlamentarios que estén dispuestos a dialogar sobre el contenido y la orientación de unos Presupuestos más trascendentales que nunca.
El Gobierno sólo debe tener como límite la coherencia entre los Presupuestos que presente y logre aprobar y sus compromisos con la ciudadanía. Los que se derivan de su Programa de Investidura. De forma que resulten reconocibles como Presupuestos de un Gobierno de orientación progresista. Y nada más.
Pero creo, insisto como provinciano, que es prioritario mantener la mayoría de la Investidura. Y no admitir vetos cruzados. Y, si hay vetos cruzados de parte y parte, intentar preservar la mayoría de Investidura.
Porque, si no, el Gobierno quedará al pairo. Y con él, la legislatura. Que es lo que viene intentando la derecha política, económica y sus medios de opinión afines desde el primer día. Porque ese bloque es como Trump y como los niños chicos, que solo aceptan el resultado de las elecciones cuando ganan.
La democracia, es decir la democracia, en realidad no es que les importe mucho. El poder, todo.
Santiago Pérez, La Laguna, 15 de noviembre de 2020