Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en Santa Cruz de Tenerife, rechaza que la concejala tránsfuga, Evelyn Alonso, pueda ser cesada de sus funciones de gobierno “a fuego lento”, tal y como ha sugerido el secretario del Pleno en su informe, no vinculante, emitido ayer.
El procedimiento señalado serviría como estratagema para incumplir la ley de forma deliberada durante meses. De ser así, advierte el portavoz municipal de Unidas Podemos, su formación evaluará llevar el caso a los tribunales para determinar eventuales responsabilidades legales.
Trujillo denuncia que la apertura de un expediente de declaración de lesividad, para que la concejala tránsfuga abandone sus responsabilidades de gobierno, sería una burda estrategia dilatoria que, por una parte, permitiría seguir incumpliendo la ley durante meses y, por otra, constituiría un fraude de ley.
Lo cierto es que el alcalde tiene la capacidad legal de nombrar y cesar libremente a los concejales y las concejalas que integran su grupo de gobierno. Y no tendría ningún sentido que, para revocar las delegaciones de competencias atribuidas a cualquier concejal, tuviera que abrir un expediente de lesividad cuando, anteriormente, se hubiera cometido alguna irregularidad. Si se actuara de esta manera, la paradoja sería que el nombramiento, contrario a derecho, de la concejala tránsfuga se estaría usando como pretexto para recurrir a un procedimiento que perpetuaría su situación de ilegalidad y desvirtuaría el sentido pretendido con la declaración de lesividad.
Es de recordar que la declaración de lesividad se aplica cuando la administración dicta un acto favorable a una persona que es anulable por infringir el ordenamiento jurídico. En estos casos el Pleno tiene que declarar la lesividad del acto para, posteriormente, impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que conlleva la tramitación de un procedimiento judicial de meses o, incluso, años.
Obviamente, este procedimiento no es aplicable y carece jurídicamente de sentido cuando no hay ningún derecho de la señora Alonso que haya sido vulnerado. Por el contrario, es la situación de la concejala tránsfuga, ocupando puestos de gobierno, la que vulnera la legalidad, elude los mecanismos de penalización de una conducta reprochable, como lo es el transfuguismo, y, asimismo, daña el derecho de la ciudadanía a contar con una administración conformada en coherencia con lo que prescriben las leyes.
Trujillo reitera su exigencia al alcalde, José Manuel Bermúdez, de cese inmediato de la concejala tránsfuga revocando las competencias que le ha delegado y desistiendo de toda estrategia dilatoria. El portavoz progresista afirma que el señor Bermúdez tiene que saber que la ley le permite usar el transfuguismo para gobernar, pero que, sin embargo, le impone un coste, por haberse servido del transfuguismo, que consiste en tener que excluir de su gobierno a la tránsfuga que lo llevó al ejecutivo municipal.