Urge debatir colectivamente y buscar alternativas en todos los ámbitos para evitar, como históricamente ha ocurrido, que sean casi exclusivamente los sectores sociales más desfavorecidos los que paguen la factura de la inevitable crisis que se avecina.
La actual situación de suspensión de la actividad educativa presencial ha traído a la palestra el término “brecha digital” para señalar la desigualdad existente entre la ciudadanía respecto a su acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Según cálculos de Oxfam Intermon, 4.000 millones de personas en el mundo viven sin acceso a la red lo cual, en la era de la conectividad, condiciona notablemente sus posibilidades de progreso socioeconómico y cultural.
Además del acceso a la red propiamente, la brecha tecnológica también se manifiesta en la falta de “habilidades digitales” en gran parte de la población, casi imprescindibles en la actualidad para relacionarse con las administraciones, para el acceso a servicios y recursos culturales y educativos de todo tipo y, por extensión, para lograr una mejora de la cualificación laboral o, sin ir tan lejos, para algo tan doméstico como consultar la factura de la electricidad.
Sin menoscabo de los problemas de “conectividad”, se destaca la falta de “habilidades digitales”, según informes del Instituto Canario de Estadística (Istac), como el principal déficit que encontramos en nuestro archipiélago en este ámbito y que, de forma palpable, se está poniendo de manifiesto en el terreno educativo una vez ha entrado en juego la obligada y urgente necesidad de desarrollar alternativas formativas online. Actividad online, dicho sea de paso, que se está desarrollando gracias fundamentalmente a que el profesorado ha puesto desinteresadamente sus recursos personales de acceso a la red y dispositivos al servicio de su actividad laboral y, por tanto, del bien común, como no cabría esperar otra cosa en la actual situación.
Podríamos reforzar el análisis matizando, y esto lo afirmo yo, que una cosa es que una buena parte de los hogares canarios dispongan de acceso a la red y diversos equipamientos tecnológicos como televisiones, videoconsolas o móviles, más o menos de última generación, y otra muy diferente es que, además, se disponga de un ordenador o tableta en condiciones y, lo que es aún más complejo, de las habilidades necesarias para utilizar los mismos para actividades que vayan más allá del mero ocio. En este contexto, no podemos menos que considerar que la brecha tecnológica no es más que una expresión de la desigualdad y la pobreza en la sociedad de la era digital.
Nada de esto nos debe sorprender a poco que hagamos un mínimo ejercicio de contextualización. Así por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos, según el IX Informe “El Estado de la Pobreza” elaborado y presentado en octubre de 2019 por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias), el 36% de la población del archipiélago está en riesgo de pobreza y exclusión social mientras que la Tasa de Pobreza Severa en Canarias se sitúa en el 9,2% señalando, además, un incremento de 40.000 personas en riesgo de exclusión social respecto a informes anteriores. En palabras de la propia Viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y pese a la mejoría en algunos parámetros, “los datos de este informe ponen de manifiesto la cronificación de la pobreza en nuestra región (…) por lo que requiere de políticas concretas y realistas». Si a lo anterior le sumamos, por solo aportar un dato más, una tasa cercana al 19 % de desempleados declarados, de las más elevadas del Estado, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último trimestre de 2019, creo resulta sencillo hacerse una idea del actual estado de la cuestión en nuestro archipiélago.
Los datos apuntados se refieren al periodo previo a la alerta sanitaria originada por el COVID-19 por lo que no contemplan, obviamente, las gravísimas consecuencias que sobre la actividad productiva está ya teniendo la actual situación, en un territorio como el nuestro, supeditado al binomio económico del turismo y los servicios. Aunque tiempo habrá, desgraciadamente, para comprobarlo, algunas proyecciones indican que el desempleo en Canarias podría alcanzar cotas inéditas, superiores al 40%, como consecuencia del desastre económico que se avecina.
Ante este amargo panorama, la anunciada distribución de 10.000 tabletas con conectividad a Internet, sufragadas por la Consejería de Educación y, en menor proporción, por el Ministerio de Educación y por muy loable y necesaria que sea la iniciativa, solo viene a suponer un parche ante la profunda hemorragia de desigualdad social que sufrimos en el archipiélago. Aún estando más que justificada la iniciativa, es evidente que no solucionará el problema de fondo, además de porque solo alcanzará una porción relativamente pequeña de los hogares canarios con necesidades al respecto porque, a la luz de lo expuesto, no afronta el problema esencial desde su raíz. Solo será posible, como decíamos apuntaba la propia Viceconsejera de Derechos Sociales, avanzar en la lucha contra la desigualdad social con “políticas concretas y realistas” que, añado, aborden el problema globalmente y desde su origen. En todo caso “andando se hace camino”.
Sería demagógico afirmar que los gobiernos actuales, centrales o autonómicos, tengan la exclusiva responsabilidad de esta situación pero no resultaría tan desacertado sostener que la gestión de los progresivos gobiernos en materia social y económica durante las últimas décadas no ha estado orientada a compensar las desigualdades sociales como objetivo prioritario. Por solo dar una muestra, las más de 20.000 solicitudes de ayuda a la dependencia paralizadas en algún despacho del Gobierno de Canarias -según datos del Imserso y la propia Administración-, la casi inexistente política de ayudas a la vivienda, los recortes y privatizaciones en materia sanitaria y la escasa inversión en el ámbito educativo, incumpliéndose sistemáticamente la Ley Canaria de Educación, por no hablar de la nula visión respecto a la urgente necesidad de diversificación de la economía canaria, dan buena cuenta de ello.
En definitiva, es necesario que los gobiernos hagan suyo, realmente y no solo como mantra publicitario, el lema tan en auge “De esta salimos juntos” y se apliquen denodadamente para afrontar la crisis socioeconómica que se avecina y cuyos efectos ya estamos comenzando a notar, desde una perspectiva eminentemente social para no repetir experiencias de anteriores crisis donde los recortes se cebaron, dramáticamente y casi de forma exclusiva, en la población más vulnerable socialmente.