Cerca de cuatro meses han transcurrido desde que el denominado “Pacto de las Flores” accediera al Gobierno de Canarias.
Más de cien días de cortesía no escrita que supuestamente hay que contemplar antes de entrar a valorar la gestión de cualquier nuevo equipo de gobierno. Cortesía que ha tenido que quedar en suspenso al comprobar que entre sus iniciativas se encuentran la profundización en la privatización del sistema público educativo, el despido de cientos de docentes interinos o la imposición de un brutal recorte salarial al profesorado para 2020. Podrían parecer exageradas las afirmaciones anteriores pero a los hechos nos remitimos.
La Consejería de Educación ha anunciado como próxima “medida estrella” la tan demandada ampliación de la oferta educativa de 0 a 3 años, cuestión más que loable si no fuera porque tal anuncio va acompañado de un sesgo cuanto menos preocupante: la oferta educativa para tal etapa se pretende extender manteniendo y potenciando la doble red de centros privados concertados y centros públicos, es decir, dejando en manos de las aspiraciones de rentabilidad económica del empresariado la implantación de buena parte de esta fundamental etapa educativa cuestión que, desde todo punto de vista, no es lo esperable de un gobierno pretendidamente “progresista”.
Sumémosle a lo anterior, entrando en el terreno de la gestión de personal, el empecinado intento de la Administración educativa de imponer un modelo futuro de gestión para las listas de empleo docente que supondrá el despido de cientos de interinos con menos de 3 años de antigüedad laboral; añadamos la extremadamente chapucera ampliación de Listas de Empleo aún en curso y que está generando más polémica y recursos que soluciones, o la incumplida promesa (ciertamente realizada de forma algo “alegre” por la anterior Administración) de actualizar las listas de empleo del cuerpo de maestros tras las oposiciones 2019, cuestión que no ha ocurrido para desesperación de miles de personas que ven frustradas sus expectativas laborales. Si a esto le agregamos la existencia, en pleno mes de noviembre, de un importante e indeterminado número de vacantes docentes aún sin cubrir (léase alumnado sin su correspondiente profesorado) creo que no hacen falta calificativos para definir la actuación de la Consejería de Educación en materia de personal.
Sin embargo y obviando otras cuestiones no menos relevantes, la “traca final” o al menos la más reciente, llega con el Proyecto de Ley de Presupuestos 2020 para la Comunidad Autónoma. De justicia es reconocer el incremento en materia de inversión educativa que contempla el mismo pero, siendo ello cierto no lo es menos que tal incremento nos sigue manteniendo tremendamente lejos de las necesidades de inversión reales en Canarias para, entre otros objetivos, abandonar el furgón de cola respecto al conjunto del estado español y colocarnos en la senda del cumplimiento de la legalidad vigente que permita alcanzar en 2022 el índice de inversión del 5% del PIB contemplado en la Ley Canaria de Educación. Imposible será que Canarias deje de aparecer en los últimos lugares de cualquier estudio que consideremos mientras sigamos sufriendo un déficit de 1.500 docentes respecto a la media estatal o mientras nuestro archipiélago siga padeciendo unas ratios de alumnado por docente muy por encima también de los índices medios del Estado. Estas cuestiones, esenciales para el progreso del sistema educativo canario, solo se pueden solventar mediante una inversión educativa adecuada lo cual, previsiblemente, tampoco se producirá en 2020.
Pero el proyecto de presupuestos también esconde una desagradable sorpresa para el profesorado canario que las organizaciones sindicales han tenido que desentrañar ante la falta de transparencia e información al respecto. Nos referimos concretamente al brutal recorte salarial que se propone para los docentes al no contemplarse para el próximo año el incremento pactado con todas las organizaciones sindicales en 2017, respecto al complemento de Sexenios, incremento que sí se contempló en 2019. Ello podría suponer una importante merma salarial para alrededor de 15.000 docentes que en muchos casos alcanzaría los 130 euros mensuales cuestión que, a nadie se le puede esconder, ni las organizaciones sindicales ni el profesorado en su conjunto estarán dispuestos a aceptar sin presentar severa batalla en defensa de lo pactado y de sus condiciones laborales.
En definitiva una situación más que preocupante que no augura el futuro tranquilo que todos deseamos en el ámbito educativo. Es imperativo que el Gobierno de Canarias recapacite y encuentre urgentemente el adecuado “abono” para que sus algo alocadas iniciativas no marchiten su crédito político antes de tiempo. Y, ¡por favor! que no sigan aludiendo algunos responsables educativos cansinamente a su supuesta “independencia” frente a las decisiones de los partidos políticos que sustentan el “Pacto de las Flores”. Están donde están porque han sido nombrados legítimamente por esos mismos partidos y toca, inequívocamente, enfrentar los hechos y asumir responsabilidades.
Fernando Pellicer Melo
Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC