El pasado viernes 25 de octubre conocimos la noticia de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria había archivado la denuncia que el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria la pasada legislatura, Fernando Bañolas, había presentado contra Ángel Víctor Torres, por aquel entonces vicepresidente de la institución insular y consejero de Deportes y Obras Públicas y hoy Presidente de Canarias.
El motivo por el que lo llevó a los tribunales era un supuesto delito de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación por la gestión de los conciertos en el Gran Canaria Arena.
Ya mostré personalmente mi satisfacción a Ángel Víctor por el archivo de la causa ante una denuncia oportunista y sin fundamento que solo buscaba sembrar dudas sobre la honorabilidad de la persona en pleno periodo electoral. Y es que la denuncia se presentó el 23 de abril, justo una semana después de que el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tuviera que declarar durante más de 3 horas como imputado por el Caso Grúas. Coalición Canaria acudió al juzgado 5 días antes de las elecciones generales del 28 de abril y a apenas un mes de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, cuando ya Ángel Víctor Torres era el candidato del PSOE a la presidencia de Canarias.
Es profundamente antidemocrático que se utilice la justicia de manera partidista, para atacar a los rivales políticos en pleno proceso electoral, y pretender influir en la voluntad democrática de los electores mediante difamaciones y acusaciones sin fundamento. Además, en este caso también se pretendía sembrar la duda sobre el candidato oponente para intentar compensar la delicada situación judicial del entonces presidente del Gobierno de Canarias y candidato a la reelección de Coalición Canaria. Tras las acciones judiciales llegaron los titulares y portadas de los medios afines al Gobierno, que buscaban una “condena social” antes de que se dirimieran los hechos judicialmente. En muchas ocasiones, cuando llega el archivo, el daño político y personal ya está hecho.
El denunciante, Fernando Bañolas, formaba parte de la Junta Rectora del Instituto Insular de Deportes, por lo que conocía de primera mano la gestión que se estaba realizando. Era perfectamente consciente de que no solo no existían prácticas ilícitas en la cesión del Gran Canaria Arena para diferentes espectáculos, sino que además el gobierno del Cabildo había iniciado diferentes trámites para fijar precios públicos para estas actividades tal y como se venía demandando por parte de la Intervención, aunque ese procedimiento no se había concluido. Todos estos hechos demuestran el carácter estrictamente político de la denuncia.
Como ya dije se trata, afortunadamente, de una nueva derrota de la estrategia de Coalición Canaria y su acorazada mediática, la misma que utilizaron profusamente contra el Cabildo de Gran Canaria y contra mí como presidente. El “modus operandi” se repitió con el informe de la Audiencia de Cuentas sobre Agüimes, que llevaron hasta la Fiscalía pese a que evidentemente no existía ninguna irregularidad, con la Residencia de Mayores de este mismo municipio donde forzaron un informe de la Audiencia de Cuentas en el Parlamento, con la denuncia por las obras en los accesos a Playa del Inglés por El Veril, por supuesto con la compra de Amurga… Todo era válido, justificable, para atacar a un enemigo perverso que ponía en riesgo los negocietes pactados y a quienes lo sustentaban.
La utilización de la justicia dentro de la confrontación partidista se complementaba con el uso de dinero o medios públicos dependientes del Gobierno de Canarias (a través de la publicidad de empresas públicas como Promotur, contrataciones de la Televisión Canaria etc.) para tener un grupo de medios afines destinados a inventarse información, a manipular datos, a mentir descaradamente y forzar noticias para que parecieran corrupción. Incluso se utilizaba al propio gobierno y a los plenos y parlamentos de las diversas instituciones para dar pábulo y recorrido a este tipo de acusaciones, con lo que la “degradación institucional” afectaba a todos los estamentos.
La judicialización de la política es un problema democrático de primer orden. La separación de poderes es uno de los pilares de las democracias liberales y la utilización de los estamentos judiciales para dirimir causas de carácter político pone en manos de otro poder la legítima confrontación de ideas y propuestas. Además tiene el reverso de la politización de la justicia: si los tribunales van a dirimir cuestiones de carácter político los partidos intentarán por diversos medios colocar a jueces, lo más afines posible, como ha sucedido en España en los últimos años. Si se erosiona la confianza de la ciudadanía en la Justicia (como creo que está sucediendo) se pone en riesgo el conjunto del sistema democrático.
En ocasiones se me ha acusado –desde esos ámbitos políticos y mediáticos confabulados- de atacar a los medios de comunicación y no respetar la libertad de información por mis denuncias de la utilización del dinero público para crear una “acorazada mediática” al servicio del Gobierno. Nada más lejos de la realidad. La libertad de prensa, al igual que la separación de poderes, juega un papel fundamental como elemento de control y rendición de cuentas, pero también es un derecho de la ciudadanía. El art. 20.1.d de la Constitución Española reconoce y protege el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Es decir, la ciudadanía tiene el derecho a recibir información veraz porque es imprescindible para el correcto ejercicio de nuestros derechos. Como dice Hanna Arendt, “la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información objetiva y no se aceptan los hechos mismos”.
Por ello el desvío del presupuesto público, del dinero de todas y todos, para promocionar medios afines, como hizo el gobierno de Coalición Canaria, es una práctica antidemocrática que podría llegar a ser prevaricadora. Ataca la libertad de prensa, influye de manera directa sobre la información que se publica, pone en riesgo la pluralidad informativa al discriminar a los medios no afines, afecta al ejercicio profesional de los y las redactoras (que tienen que asumir en su trabajo diario que les impongan una determinada noticia, enfoque o titular) y atenta directamente contra el derecho de todas las personas a recibir información veraz. Cuando me opongo a estas prácticas lo hago precisamente porque creo en la libertad de prensa. Estas prácticas no las podemos olvidar, no puede haber ningún fin supremo que las justifique.
Como apunta Álex Grijelmo, “las técnicas para mentir y controlar las opiniones se han perfeccionado en la era de la posverdad: nada más eficaz que un engaño basado en verdades, o envuelto sutilmente en ellas”. En el fondo, mentir no es más que un arma para obtener –o detentar- el poder. La verdad no importa frente a la ambición del césar, sea este humano o de papel (José Carlos Llop).
La calidad de la democracia siempre ha sido una de mis principales preocupaciones, fundamentalmente en un momento en el que la desafección política en España está alcanzando máximos históricos. Es especialmente preocupante para los progresistas que pensamos que la política es el principal medio que tenemos para luchar contra la desigualdad y defender la democracia contra las oligarquías y los poderes fácticos. Por todo ello creo sinceramente que tenemos que expulsar de la política este tipo de prácticas y a los políticos que las promueven, y no darles balones de oxígeno. De ello depende en gran parte el futuro de nuestras democracias y de que la ciudadanía nos perciba como parte de la solución y no del problema. Vamos aviados si pensamos que la democracia se circunscribe únicamente a votar cada cuatro años.