Para el sindicato, acabar con los conciertos educativos, potenciar la educación pública, 5% del PIB para la educación, más plantillas y menos ratios, son líneas programáticas indispensables
El STEC-IC, como sindicato de clase, progresista y defensor de la Educación Pública, recomienda a la sociedad canaria que, a la hora de votar el próximo 26 de mayo, se decidan por aquellas opciones políticas que, tanto en sus programas electorales, como en su trayectoria, hayan demostrado estar del lado de la justicia social, priorizando los servicios públicos y los servicios sociales básicos como elemento de cohesión social y poniendo el bienestar de la sociedad por delante de los intereses económicos de las grandes empresas y de las mayores fortunas de Canarias.
En especial, el sindicato invita a la sociedad canaria a reflexionar sobre las propuestas de mejora que cada opción política plantea para la Educación Pública Canaria: «Quien aspire a gobernar con el voto de la clase trabajadora de Canarias debe acabar con el desvío de dinero público hacia el negocio de la educación privada y potenciar una educación pública de calidad, dotándola de los recursos económicos necesarios en consonancia con la Ley Canaria de Educación que establece que, desde su aprobación en el año 2014 hasta el 2022, el presupuesto educativo debía haberse ido incrementando progresivamente hasta alcanzar el 5% del PIB, condición que se ha incumplido flagrantemente a lo largo de toda la actual legislatura, ocasionando pérdidas millonarias a la educación pública. Por tanto, estamos ya en tiempo de descuento para cumplir la ley», afirman.
En esa misma línea, considera al actual Gobierno de Canarias corresponsable de todas las carencias que sufre la Educación Pública Canaria: insuficiencia de plantillas docentes y no docentes, elevadas ratios alumnado/profesorado y alumnado/aula, escasez de recursos educativos en los centros, falta de mantenimiento de las infraestructuras, insuficiencia de ayudas económicas para las familias (becas, gratuidad de material escolar, servicios complementarios…), escasez o mala planificación de las medidas de atención a las Necesidades Específicas de Atención Educativa, etc., «todo ello -exponen- como resultado de una lamentable gestión del dinero público y una política que promueve la injusticia social para favorecer a los que más tienen».