El TSJC tras declarar su competencia en la demanda de los conciertos sanitarios presentada Intersindical Canaria pide a la Consejería de Sanidad el expediente administrativo
Con fecha 13 de noviembre de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha reclamado a la Consejería de Sanidad, como Administración Demandada, el expediente administrativo relativo a la demanda contra los conciertos sanitarios entre el Servicio Canario de Salud y la sanidad privada, presentada por Intersindical Canaria, lo que supone un avance en el desarrollo del trámite de la misma.
Hay que recordar que el 11 de mayo del presente, se dictó Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, donde declara su competencia para el conocimiento de la demanda presentada el día 20 de marzo de 2018 por Intersindical Canaria contra los conciertos sanitarios, los cuales se han mantenido fuera de la legalidad vigente, incumpliendo los principios comunitarios de transparencia y publicidad previstos en los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constituyendo una vulneración del plazo cierto del contrato, como ha tenido ocasión de indicar la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del propio Gobierno Canario en informes como el 2/2014. Así lo ha entendido la propia Administración que, a raíz de las sucesivas solicitudes presentadas por Intersindical Canaria, ha comenzado, tras años de irregularidades, a sacar a licitación algunos de los servicios prestados a través de estos Conciertos que a día de hoy, se mantienen con entidades privadas desde la época de la dictadura franquista (hace 59 años).
El impacto económico que tiene esta política de conciertos en el presupuesto público fue, en el año 2011 de 209.114.255 euros, en el año 2012 la cantidad ascendió a 253 millones de euros, en el año 2017, 269.242.408 euros, cifra ésta que vuelve a aumentar en el año 2018, alcanzando el 10,6% del presupuesto destinado a la Sanidad Pública, con un incremento superior al 47% en las concertaciones destinadas a la empresa San Roque, de la cual procede el actual Consejero. En paralelo, usando la justificación de la crisis económica, se han aplicado año tras año recortes al presupuesto sanitario público. 1 de cada 3 procesos agudos (intervenciones quirúrgicas) son realizados en la privada, pudiendo ser atendidos en la pública si no se infradotaran sus recursos y funcionaran en un horario amplio de mañana y tarde.
Así, el modelo sanitario que se ha seguido en Canarias en los últimos 30 años, coloca a nuestra nación a la cabeza de la actividad sanitaria concertada del estado español. De los 43 Hospitales del Archipiélago, el 51% (22) pertenecen al sector privado, y de ellos 16 están concertados. La media del estado español en cuánto a camas sanitarias privadas se sitúa en un 6,88% por cada 10.000 habitantes y en Canarias llegamos a un porcentaje de 14,30%. Además, mientras en los últimos años el número de camas en el sector sanitario privado no ha dejado de aumentar, en el ámbito público se ha mantenido igual.
El proceso jurídico previo a la demanda se inició el día 12 de junio de 2017 con la presentación de solicitudes para que se acordase declarar extinguidos los conciertos sanitarios suscritos por expiración del plazo contractual de, entre otras, las siguientes entidades: VITHAS Hospital Santa Catalina, de 14 de octubre de 1974, Clínica San Roque, de 06 de abril de 1978, Ciudad San Juan de Dios, de 31 de octubre de 1974, Hospital Quirón Tenerife – antes Clínica “La Colina”, de 01 de noviembre de 1976, Clínica “San Juan de Dios”, de 21 de junio de 1990, Hospitén Bellevue, de 09 de septiembre de 1977, y Hospitén Sur, de 01 de diciembre de 1987; removiendo de oficio cualquier obstáculo para el cese inmediato de la actividad que pudieran llevar a cabo las entidades indicadas.
Ante el silencio administrativo, se presentaron el 11 de octubre de 2017 recursos administrativos que tampoco fueron resueltos por la Consejería, llevándonos a la presentación de la demanda para la cual, el TSJC declara su competencia y ahora reclama de la Administración el correspondiente expediente administrativo.