Catalunya sometida a un asedio policial, ciudadanos vigilados con registros en las calles, el Parlament rodeado policialmente, sus instituciones y competencias intervenidas por la injerencia ilégitima del Gobierno de Rajoy y unos tribunales españoles, a los que se cuestiona su independencia judicial, reprimiendo la disidencia política soberanista ordenando el encarcelamiento de lo que son presos políticos y obligando al exilio a dirigentes soberanistas catalanes.
Miembros del Gobierno de Rajoy y éste, erigiendose en «jueces», apercibiendo publicamente a los actuales miembros del Parlament de consecuencias penales a los mismos si obedecen el mandato de las elecciones del 21 D, que dieron mayoría absoluta en el Parlament a las fuerzas independentistas; incluso, el portavoz del gubernamental Partido Popular, cuyo partido es un partido lleno de casos de corrupción, recordando de los riesgos y consecuencias familiares a las que se atendría Torrent, President del Parlament, si cumpliera el mandato de las urnas en Catalunya y respetara la soberanía popular representada en el Parlament.
Ni el Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Supremo pueden adoptar decisiones políticas que interfieran o perturben el debate parlamentario. Los miembros del Parlament son inviolables por sus opinioes y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones y, además, tienen inmunidad parlamentaria de no ser detenidos, salvo en caso de flagrante delito (artículo 57 del Estatut). Todo ello aderezado con una oposición política en el Congreso de los Diputados «dejando hacer» y no atreverse a destituir a Rajoy, con una moción de censura. En sus manos está ( en las de las fuerzas parlamentarias opositoras en el Congreso), dar una solución política al conflicto catalán, pero no quieren; han optado por la implantación de una dictadura, sin independencia ni separación de poderes, con una Corona impuesta por el franquismo.
Triste destino si los pueblos y naciones del estado español, con las clases trabajadoras respectivas entrelazadas solidariamente, no se organizan ni se movilizan hacia una ruptura democrática republicana, donde se reconozca y sea efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.