El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto hoy un expediente disciplinario contra el magistrado Salvador Alba por la posible comisión de dos faltas disciplinarias muy graves y otra grave en la investigación que realizó sobre la juez Victoria Rosell.
El Poder Judicial considera que Alba pudo cometer faltas muy graves de inobservancia del deber de abstención y revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función, así como una falta grave de exceso o abuso de autoridad.
Alba sustituyó a la juez Victoria Rosell en su juzgado cuando ésta lo dejó para incorporarse a las listas de Podemos y, desde esa posición, un informe suyo fue fundamental para que el Tribunal Supremo admitiera contra ella una querella del entonces ministro José Manuel Soria que la llevó a la dimisión.
Sin embargo, podría haber existido falta de imparcialidad en Alba en esa actuación. Una prueba de su parcialidad podrían constituirla tanto determinadas revelaciones de secretos relacionadas con este asunto como investigaciones desarrolladas por el juez de la Audiencia de Las Palmas que fueron más allá de sus límites.
Estas posibles irregularidades son, en síntesis, las que investigara ahora el Consejo, después de los casi seis meses transcurridos desde que abrió diligencias informativas.
En todo caso, la apertura de expediente no supone necesariamente que se vaya a sancionar a Alba y, de hecho, solo significa que el juez encargado de la acción disciplinaria en el CGPJ, Antonio Fonseca, progresará en la investigación hasta decidir si hace una propuesta de castigo disciplinario contra él al propio Consejo.
Si se llega a ese punto, la decisión del CGPJ sobre si sancionar o no a Alba deberá esperar a que se resuelva el procedimiento penal que este juez tiene abierto por estos mismos hechos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En todo caso, el expediente se abre en relación con la actuación de Alba al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria.
Salvador Alba sustituyó a Rosell en ese Juzgado tras la decisión de esta de concurrir como candidata a las elecciones generales. Rosell fue elegida como diputada al Congreso, pero dimitió después de que un informe de Alba fuera decisivo para que el Supremo admitiera a trámite una querella contra ella.
A las diligencias inicialmente abiertas se incorporaron después las grabaciones difundidas por varios medios de comunicación de una conversación entre Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en un procedimiento que se tramita en el citado Juzgado, en la que el primero presuntamente orienta al segundo sobre lo que tiene que declarar para perjudicar a Rosell.
El abuso de autoridad pudo ser cometido al desarrollar el magistrado una investigación indebida contra Rosell y su entorno, señala el expediente.
Fonseca añade que la posible comisión de una falta muy grave de revelación de secretos se deriva de la publicación en diversos medios de comunicación del citado informe redactado por Alba y remitido al Tribunal Supremo en el marco de la querella que el exministro de Industria José Manuel Soria interpuso ante el alto tribunal contra la juez Rosell.
Por último, la posible falta muy grave de incumplimiento del deber de abstención se basa en la afirmación de la existencia por parte de la magistrada Rosell de una relación de enemistad del juez Alba con ella.
Alba podría haber tenido un interés directo o indirecto en el proceso relacionado con Rosell y su pareja «revelado posteriormente con el contenido de la grabación previa a la declaración de don Miguel Ángel Ramírez en esa causa», dice el expediente abierto hoy.
Estos hechos han dado lugar a una investigación penal contra Alba en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El fiscal le imputa negociaciones prohibidas a funcionarios.