Ley de Transparencia, Ley de Participación Ciudadana, Ley de Protección del Patrimonio Histórico, Ley de Dependencia, Ley de Memoria Histórica, Ley Orgánica de Protección de Datos… Papeles escaldados en agua de borrajas. Una ley, por definición, es un precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.
Todos los artículos contenidos en dichas leyes están redactados, en teoría, a favor de los intereses ciudadanos, para dotar al pueblo soberano con un complemento a las Leyes Fundamentales contenidas en la Constitución.
Pero la evidencia es muy otra, porque el obligado cumplimiento de leyes, decretos, edictos u ordenanzas, tiene un doble sentido; no solo el dirigido a la ciudadanía sino, sobre todo, hacia las autoridades, por el incuestionable deber moral de cumplir los preceptos para ejemplo del pueblo llano.
Obsérvese cómo todos los títulos de las leyes arriba reseñadas definen prioritariamente obligaciones de la Administración para con los ciudadanos. Pero la realidad demuestra que para cualquier asociación sin ánimo de lucro, plataformas reivindicativas o personas jurídicas a nivel individual, que se acercan a lo legislado porque necesitan la aplicación de tal artículo en nombre de sus derechos, suelen encontrar la frustración de la impotencia por indefensión ante la indolencia oficial.
Veamos cómo una sola secuencia administrativa conculca varias de las leyes aludidas.
La participación ciudadana consiste en la aportación gratuita y desinteresada de datos, informaciones y, en su caso, denuncias, con voluntad de colaboración en apoyo de la gestión política para, desde la perspectiva a pie de calle, complementar la óptica burocrática propia de los despachos. Es decir, detectado un problema, se plantea a las autoridades y se proponen soluciones. Este espíritu de la ley no encuentra aceptación oficial sino rechazo más o menos sistemático, quizá porque la buena fe cooperante se considere una incómoda injerencia.
Un hecho real: A la presidenta de una asociación vecinal se la multa por instalar una mesita reivindicativa en la vía pública sin haber solicitado permiso al Ayuntamiento, aunque tenía autorización de la Subdelegación del Gobierno. Resultó emocionante el discurso de la Primera Teniente de Alcalde (Ayto. de S/C de Tenerife, Pleno del 29 de junio), en su loa a la excelencia del obligado cumplimiento, sin paliativos, de todas las Ordenanzas Municipales. Claro, que su triunfalismo se vino abajo cuando se le interpeló sobre un problema endémico, por los varios años de infracción institucional cometida impunemente por el propio Ayuntamiento; no solo contraviniendo una Ordenanza suya sobre Paisaje Urbano, sino conculcando la Ley Canaria de Protección del Patrimonio Histórico.
Las vallas publicitarias, anuncios pintados en los muros y los grafitis que rodean el Parque Cultural Viera y Clavijo, declarado Bien de Interés Cultural con calificación de Monumento, son prohibición expresa y taxativamente declarada tanto en la propia Ordenanza Municipal como en la citada Ley que, a mayor abundamiento, la desidia por tantos años de retraso en la rehabilitación interior del Parque, indica un flagrante e impune incumplimiento de todo lo legislado al respecto.
Si para colmo y sobre el mismo tema, para eludir responsabilidades, desde la Concejalía de Patrimonio se alega que las vallas publicitarias son responsabilidad del Gº de Canarias en virtud del lamentable Convenio de Cesión (2004 y adenda de 2007), solo aclarar que dicho acuerdo afecta en exclusiva a los inmuebles interiores, capilla, antiguo colegio y teatro Pérez Minik. El resto, jardines, esculturas, parque infantil y, por supuesto, el vallado son responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento.
Parece que aquí también se vulnere otra ley; la de Transparencia por exceso de opacidad. Y si alguien osa buscar claridad o un punto de luz en un ente abstracto denominado CESR, (Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones), puede sumergirse en una entelequia surrealista de comicidad extrema.
Fuera de carta: La Dependencia, la LOPD y la Memoria Histórica merecen capítulo aparte en los mismos términos y con parecidos ingredientes.
Carlos Castañosa. Secretario de la Asociación “Viera y Clavijo”
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