El informe subraya que este aprobado alto es inferior a la valoración obtenida por la libertad de expresión en los dos primeros informes, en los que superó ligeramente el nivel del notable, 7,21 puntos en 2012 y 7,03 puntos en 2013.
Según este informe, que ha dado a conocer este miércoles la Universidad Internacional de La Rioja, una causa de la caída ha sido la incorporación de una pregunta sobre los límites deontológicos en la actividad comunicativa y que ha obtenido una calificación de 5,42 puntos.
Los consultados creen que el conocimiento de las cuestiones deontológicas “deja que desear” en comunicadores que intervienen en los medios, muchos de ellos no periodistas, y que “muchas veces” los límites deontológicos se sobrepasan en espacios dedicados a comentar la vida social, lo que se refleja en el número de demandas judiciales que se presentan en busca de protección a los derechos al honor, la intimidad y la imagen.
Los encuestados creen que los controles políticos sobre los medios audiovisuales públicos se han acentuado
Además, dos preguntas del test han obtenido un suspenso. Se trata de la percepción sobre el respeto del poder político a la actuación de periodistas y medios de comunicación, que es la que ha obtenido la peor calificación (un 4,69) al considerar que los controles políticos sobre los medios audiovisuales públicos se han acentuado. Otro de los suspensos es el que se refiere a las ayudas públicas a los medios, que los consultados consideran demasiado opacas.
“No se rechazan las ayudas a los medios, que bien administradas pueden contribuir a la pluralidad y a la fortaleza del sector, sino que se denuncia la falta de transparencia que las acompaña, lo que entraña el riesgo de un indetectable control político de la comunicación“, indica el informe.
También advierte de la carencia en la protección del trabajo de los periodistas, ya que “la crisis económica ha ejercido una sensible influencia sobre la retribución del trabajo periodístico y las condiciones del desempeño profesional”. Del mismo modo denuncia un descenso de valoración en la defensa de la propiedad intelectual en Internet.
Por otra parte, la regulación constitucional de la comunicación y la defensa y clarificación de su ejercicio que realizan tanto el Tribuna Constitucional como el Supremo son los aspectos más destacables del estado general de la libertad de expresión en España.