Políticas Sociales promete un protocolo para los familiares de las víctimas Las asociaciones reclaman un censo de niños y exenciones económicas
{mosimage}Eldia.- La violencia de género ha dejado a 122 menores huérfanos en España en los últimos tres años, 8 de ellos en Canarias. Pero, ¿a dónde van esos niños? ¿Siempre hay un tío o un abuelo capaz de hacer frente a su educación? Las asociaciones de familiares de víctimas se reunieron ayer con la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, para trasladar al Ejecutivo la dura realidad que viven hermanos, hijos y padres.
La también consejera de Políticas Sociales escuchó a los portavoces de las asociaciones "Beatriz" y "Todos somos Guaci". Cada una de ellas lleva el nombre de una mujer que perdió la vida tras una brutal paliza. El objetivo de estas entidades es luchar para que estos asesinatos dejen de cometerse, pero, también, prestar ayuda a las familias que sufren esta realidad. Por ello, en el encuentro -en el que también estuvieron presentes el consejero de Presidencia y Justicia, Aarón Afonso, y la directora del Instituto Canario de Igualdad, Marián Franquet- sus miembros plantearon la necesidad de articular un régimen jurídico que dé protección a todos estos niños, que no solo pierden a sus madres, sino que se quedan sin recursos.
Ana María Fumero, portavoz de "Todos somos Guaci", explicó a la salida de la reunión que ambas entidades han instado al Ejecutivo regional a llevar a Madrid su demanda, porque consideran que en esa protección han de trabajar las autonomías, pero tiene que ser liderada por el Estado, que debe considerar la lucha contra la violencia de género como una cuestión de estado. La portavoz especificó que estos niños deben quedar exentos del pago de plusvalías de viviendas, matrículas universitarias o el impuesto de sucesión. "Muchas veces, cuando la mujer muere, la familia queda en el olvido. En muchos casos los niños son acogidos por familiares que no tienen recursos". El drama es mayor cuando las madres mueren sin haber cotizado lo suficiente, porque los hijos "no tienen derecho a una pensión de orfandad". La vicepresidenta anunció que el Gobierno trabaja en un protocolo para familiares de víctimas que proteja especialmente los menores.