Francí Xavier Muñoz
{mosimage}Las elecciones autonómicas y/o plebiscitarias en Cataluña han arrojado un resultado ambivalente. Por un lado, las candidaturas independentistas han obtenido mayoría absoluta de escaños en el nuevo Parlament, pero no la mayoría de los votos a favor de su propuesta de secesión. Por otro lado, las candidaturas federalistas o unionistas han obtenido la mayoría de los votos pero no la mayoría absoluta de los escaños.
En cualquier caso, hay un aspecto para mí crucial que los partidos federalistas o unionistas no han tenido en cuenta o no han querido explicitar convenientemente y que creo tenían que haber situado en el centro de la campaña electoral para no estar ahora con interpretaciones sui generis de los resultados de estos comicios tan especiales. En el Derecho parlamentario existen varios tipos de mayorías para aprobar determinadas cuestiones. Así, las leyes ordinarias se aprueban por mayoría simple, las leyes orgánicas por mayoría absoluta, pero ciertos nombramientos y reformas constitucionales requieren de la llamada mayoría cualificada, que puede ser de 3/5 (entre un 66 y 67 % de los votos) o de 2/3 (un 60% de los votos). En los Consejos europeos determinadas cuestiones requieren de mayorías cualificadas incluso superiores. Creo que un referéndum sobre la independencia de cualquier territorio no se puede validar con mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos) y, mucho menos, con mayoría simple (más votos a favor que en contra). La secesión es una cuestión demasiado sensible y conflictiva como para llevarla a cabo con una sociedad partida en dos por la mitad. Pienso, por tanto, que esta cuestión sólo se puede validar con una mayoría cualificada, y habría que ponerse de acuerdo con cuál de las dos, si la de 3/5 o la de 2/3. Ahora, sin embargo, nos encontramos con una interpretación partidista y sesgada de los resultados por parte de las candidaturas separatistas que sólo pueden abocar a un escenario de conflicto institucional y social. ¿De verdad creen estas opciones políticas que sólo con un 48 % de los votos están legitimadas para abocar a Cataluña a un escenario que no quieren el 52 % de los catalanes? ¿No se dan cuenta que con ese resultado electoral no sólo el Estado español está legitimado para detener un hipotético proceso separatista sino que, también, la sociedad catalana está legitimada para frenarlo en la calle? ¿De verdad quieren conducir a los catalanes a un enfrentamiento civil entre ellos y a un enfrentamiento institucional con el resto de España?
Cierto es que, sobre todo, se ha llegado a esta situación por culpa de un Gobierno central obcecado con el mantra de la unidad y del Estado autonómico, sin iniciativa política para sentarse a negociar una salida pactada, honrosa y decente para ambas partes. Sufrimos esta incertidumbre por culpa de un Gobierno que ha negado un sentimiento independentista –que no se puede negar- en un territorio muy importante para el Estado español. Ningún dirigente occidental medianamente democrático habría mirado para otra parte ante un reto de semejantes dimensiones. Pero aquí, lamentablemente, nos preside un indolente que deja pudrir los asuntos complicados hasta que la otra parte se cansa o da un puñetazo en la mesa. Pues bien, la mitad de los catalanes han dado ese golpe con rotundidad. Sea cual sea la solución ésta no pasa porque siga presidiendo el Gobierno de España el actual inquilino de la Moncloa, don Mariano Rajoy Brey. Tampoco que siga Artur Mas en el Palau de la Generalitat, pues los resultados cosechados no le habilitan para continuar al frente de un Gobierno que no tiene la legitimidad de los votos para iniciar un proceso de independencia, objetivo único de su candidatura, y que tampoco cuenta con el apoyo de la CUP para ser investido, algo que reiteró en la noche electoral el candidato a la Generalitat de dicha formación, Antonio Baños. En este callejón sin salida, que definía el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lo mejor es que Artur Mas dimita y se convoquen nuevas elecciones autonómicas, como defendía acertadamente Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
Y quizás esta conclusión lleve a muchos españoles a meditar muy bien el voto en las próximas elecciones generales, pensando no sólo en el interés general sino también en cómo se solventa el conflicto catalán para no perjudicar dicho interés. Yo tengo claro que sólo un Gobierno progresista podría desatascar este asunto, iniciando con decisión una reforma de la Constitución para avanzar hacia la construcción de un Estado federal que integre satisfactoriamente a todos los territorios que en tiempos de los Austrias convivieron en una monarquía cuasi-federal que, aun sin conceder la soberanía a dichos territorios, permitió un cierto autogobierno de los mismos, precedente histórico del actual Estado autonómico español. Sólo un Gobierno progresista podría desbrozar el camino enredado que el 27-S han trazado los electores catalanes.